Los consumidores llevan años pidiendo a las empresas que les permitan reparar sus productos. Y, aunque el derecho de cualquier persona a reparar, modificar o acceder a sus propias máquinas (sean móviles, televisores o coches) parece básico, es algo que las empresas han destruido con el fin de conseguir rédito económico de ello. Uno de los protagonistas en este debate ha sido el fabricante de tractores John Deere, y no en el buen sentido.
La empresa colocaba en sus tractores bloqueos de software que solo ellos pueden desactivar, evitando que los agricultores o talleres de reparación independientes diagnostiquen y reparen las máquinas. Estas limitaciones han llevado a los agricultores ya hartos a incluso piratear sus tractores. Al final, John Deere tuvo que ceder y acordó con sus clientes el derecho a reparar. Una tendencia creciente en el mundo.
El acuerdo. Hasta ahora, a los agricultores solo se les permitía utilizar piezas y servicios autorizados en lugar de llevar sus tractores a talles más baratos. Pero hace unos días, la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas (AFBF) y Deere & Co. firmaron un acuerdo por el que los agricultores tendrán derecho a reparar tractores y otros equipos agrícolas de John Deere sin tener que utilizar las propias piezas e instalaciones del fabricante. Eso quiere decir que los clientes pueden llevar sus máquinas a talleres de reparación de terceros o repararlos ellos mismos.
Además, tendrán acceso a la misma documentación, datos y herramientas de diagnóstico de Deere que utilizan los talleres de la empresa. A cambio, los propietarios y técnicos independientes no podrán "divulgar secretos comerciales" o "anular las características de seguridad, controles de emisiones o ajustar los niveles de potencia de los equipos" con piratería.
El contexto. Tal y como hemos comentado anteriormente en Magnet, los consumidores llevaban años quejándose de las limitaciones de reparación impuestas por Deere. Y en los últimos meses han interpuesto múltiples demandas contra la empresa. Es por eso que el fabricante ha ido aflojando poco a poco las restricciones y ha prometido ampliar la disponibilidad de sus herramientas de diagnóstico en 2023. Ahora, este nuevo acuerdo marca una gran victoria para el consumidor.
Aún así, Deere tiene el control. El fabricante tiene todo un monopolio en el sector. Los agricultores han afirmado repetidas veces cómo tienen que esperar días o semanas para una reparación oficial, lo que pone patas arriba los programas de siembra y cosecha. Algunos culpan de los retrasos a la consolidación de los concesionarios de tractores, la mayoría de los cuales están controlados por Deere. "Hay una cadena John Deere por cada 12.018 campos y cada 21.000 km cuadrados de tierras agrícolas", señalaba el Grupo de Investigación de Interés Público de EEUU.
Pero ojo. Aunque el acuerdo haya llegado a buen puerto, en la letra pequeña del pacto estaba que, a cambio, la AFBF no impulsará una legislación estatal o federal que promueva el derecho de los usuarios a reparar. Eso permitiría a John Deere eludir la legislación sobre el derecho a la reparación. En otras palabras, John Deere quiere que el derecho a reparar esté bajo sus propios términos y no estar sujeto a una legislación que podría quitarles más poder en ese sentido.
La tendencia. El mundo rural se ha convertido en un campo de batalla de lo que en realidad es un movimiento mundial creciente a favor del derecho a reparar. Uno que no solo va de tractores, sino que engloba todo tipo de productos electrónicos como smartphones, ordenadores o incluso electrodomésticos. De hecho, Apple ha sido objeto de críticas, ya que suele enviar dispositivos ultradelgados sellados con pegamento especial o con componentes no extraíbles, incluidas baterías y chips de memoria. Apple ha dicho durante años que los clientes deben confiar en las instalaciones de reparación autorizadas, citando peligros potenciales para los usuarios.
El tema llegó incluso a la Casa Blanca, cuando en 2021 la administración Biden lanzó una orden ejecutiva pidiendo a la Comisión Federal de Comercio nuevas leyes para promover el derecho a reparar. El mes pasado, Nueva York se convirtió en el primer estado en promulgar una ley al respecto. Por otro lado, la Unión Europea ya tiene políticas que obligan a los fabricantes a poner repuestos a disposición de los clientes.
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