Playas con aguas transparentes, clima tropical y políticas fiscales ventajosas son algunos de los alicientes que ofrece el nuevo destino dorado para las grandes fortunas y nómadas digitales de alto poder adquisitivo.
Puerto Rico ha visto como desde finales de 2021 se ha multiplicado el número de inversiones inmobiliarias de millonarios estadounidenses dispuestos a comprarse una mansión a buen precio en alguna de las zonas más exclusivas de la isla.
No es un fenómeno ni nuevo ni aislado. Países como Portugal han vivido en sus propias carnes las consecuencias de esas políticas fiscales laxas, que provocan desigualdad con la población local subiendo los precios de la vivienda y encareciendo el coste de la vida en esas zonas.
Ley 60, la zanahoria fiscal para millonarios. En 2019, tras el paso de los huracanes Irma y María, se aprueba la Ley 60, en la que se recoge el Código de Incentivos de Puerto Rico una serie de incentivos fiscales a la inversión de capital. Con la entrada en vigor de esta norma, toda persona que no haya residido en la isla entre 2006 y 2014 y pase a residir en ella no menos de 183 días al año, puede acogerse a exenciones fiscales en las que se libera del pago de impuesto federales sobre las ganancias de capital compradas después de la entrada en vigor del decreto.
Es decir, el principal objetivo de la Ley 60, junto a la Ley 22, es atraer al capital externo librándole del pago de impuestos por inversiones en la isla o por rendimientos salariales por encima de los 100.000 dólares durante los próximos 15 años ampliable hasta 30 años si se continúan cumpliendo los requisitos.
El principal requisito para hacerse con este pasaporte dorado y beneficiarse de esa exención fiscal es comprar una propiedad en Puerto Rico y donar al menos 10.000 dólares en organizaciones benéficas locales.
El precio de la vivienda se dispara. Uno de los primeros efectos de esa ley ha sido la compra masiva de propiedades de lujo por parte de inversores externos, aprovechando el bajo precio de ésta. El aumento de la demanda de bienes raíces de lujo ha hecho que, como sucedió en Portugal, el precio de la vivienda se dispare en determinadas zonas de la isla, comenzando un proceso de gentrificación.
Youtubers como Logan Paul anunciaron inmediatamente que se mudaban de California a Puerto Rico. “Aquí en California se está volviendo una locura pagar impuestos”, confesó abiertamente Paul. “En Puerto Rico estás motivado a hacer más y ganar más dinero debido a las implicaciones que eso conlleva”, recogía Time.
The Wall Street Journal publicaba a principios de año sobre este preocupante ascenso mencionando el caso de El Dorado Beach, un enclave en el norte de la isla que en 2021 tenía un precio medio de venta de casas de alto standing era de 3,4 millones de dólares, mientras que a finales de 2022 su precio medio ascendía hasta los 6,2 millones de dólares. Casi un 50% en menos de un año.
No obstante, el efecto llamada ha provocado que este incremento en el precio de la vivienda se extienda a toda la isla, independientemente de si se trata de propiedades de lujo o una humilde casa familiar.
Una población con el 41,7% de pobreza viviendo entre mansiones. Puerto Rico tiene una población de 3,2 millones de habitantes, de los cuales el 41,7% se encuentran en situación de pobreza. El 38,8% de las familias no llegan a final de mes con un salario mínimo de entre 24.112 y 29.544 dólares anuales. “Una cosa es el dinero que se recibe y otra cosa es lo que rinde”, declaraba el economista local José Caraballo Cueto en El Vocero de Puerto Rico.
Rechazo local a la desigualdad fiscal. La permisibilidad fiscal de la Administración local con los recién llegados ha generado una ola de rechazo y protesta entre la población local y criticas ante la gentrificación de extensas zonas de la isla.
Protestas muy similares a las que se han visto en Portugal ante el imparable ascenso de la vivienda en zonas como Lisboa, o Andorra, donde la población local no podía acceder a una vivienda digna por los bajos salarios portugueses y el alto precio del mercado inmobiliario pensado para los bolsillos de los inversores extranjeros.
Las voces críticas con la normativa no solo llegan desde la isla. El senador Chuck Schumer, líder de la mayoría del Senado de los EE.UU, dijo “Deberíamos decirle a ese gobernador que nada de esas tonterías en las que se permite que millonarios y multimillonarios escapen de impuestos hasta que enderecemos a Puerto Rico”.
Con la Ley 60 y Ley 22, un empresario local pagaría un 30% en concepto de ingresos laborales. En cambio, el inversor extranjero que se acoge a estas normativas, tributará entre un 0% y un 4% por la misma operación.
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Imagen | Pexels ( Benjamin De La Rosa), Wikimedia Commons (Erik Drost)
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