Tokens sí, pero los controlo yo: China ha creado una plataforma estatal de NFT tras ilegalizar las criptos

China ha anunciado el lanzamiento de una plataforma de tokens no fungibles (NFT) controlada por la Red de Servicios Blockchain, que depende del Estado. En ella, las empresas de aquel país podrán acuñar y administrar sus propios NFT bajo el control del Gobierno, según informa el South China Morning Post. Con esta medida, los asiáticos buscan sacar tajada del emergente mercado de los activos digitales bajo sus propias reglas, meses después de que declarasen ilegales el minado y las las transacciones de criptomonedas en su territorio.

Asimismo, las cadenas de bloques descentralizadas también son ilegales en China, donde el Gobierno requiere que cualquier plataforma de internet verifique la identidad de los usuarios, según explican para permitir a las autoridades intervenir en el caso de que cometan actividades ilícitas.

La tecnología sí, el sistema no. Por lo tanto, lo que a China no le acababa de convencer de las criptomonedas es el sistema descentralizado que utilizan, al margen de cualquier regulación estatal, pero consideran que la tecnología que usan será de gran utilidad. Así, aunque los NFT en la actualidad se usan, sobre todo, para autentificar obras de arte digitales, el Gobierno chino planea utilizarlos en el futuro para asuntos relacionados con la burocracia, como la gestión de acreditaciones de documentos públicos.

A la caza del bitcoin. China no es el único país en el que el minado y el intercambio de criptomonedas está prohibido, pero es, sin duda, el más relevante de todos ellos. Al menos por el momento. Y es que un buen número de Estados, así como la Unión Europea en su conjunto, ya planean prohibiciones o restricciones para los criptoactivos.

Así, el Banco Central de Rusia propuso hace unos días prohibir la minería y el uso de criptomonedas en su territorio alegando motivos medioambientales y de seguridad (por el vínculo de estos activos con bandas criminales), y la India anunció hace unos meses que preparaba una ley con el mismo fin y por motivos parecidos.

En Europa hay debate. En el Viejo Continente, por su parte, hay voces que también han pedido que se prohíba el minado de criptodivisas, aunque no se ha hablado de ilegalizar su uso. El vicepresidente de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) dijo la semana pasada en el Financial Times que la minería de criptomonedas en territorio comunitario consume una gran cantidad de electricidad, lo que supone un importante problema en mitad de la crisis energética que atraviesa la UE, y un impacto negativo para el medioambiente que pone en peligro los objetivos climáticos establecidos en el Acuerdo de París.

Bruselas, por el momento, está optando por tratar de regular los criptoactivos, aunque la norma que ha preparado para ello no entrará en vigor, al menos, hasta 2024. Ante este considerable retraso, son varios los países miembro, incluida España, que han optado por desarrollar su propia regulación al respecto. Francia, Alemania y Luxemburgo, por ejemplo, ya trabajan en un marco regulatorio para controlarlas. Portugal, además, ha optado por introducir una fiscalidad ventajosa para atraer a empresas del sector.

España. En nuestro país el intercambio de criptomonedas ha sido regulado por la nueva Ley contra el Fraude, que establece que las empresas que gestionen criptomonedas deberán informar de los distintos saldos, de la identidad de los titulares de cada saldo, el precio y la fecha de la operación, así como los datos del domicilio e identificación fiscal de la compañía.

Las personas que hayan obtenido beneficios con la venta de estos activos digitales tienen que incluir la operación en la declaración de la renta como ganancia patrimonial, que será gravada con impuestos que oscilan entre el 19 y el 26% de lo conseguido.

El Salvador, experimento fallido. De todos los países que han decidido regular las criptomonedas de alguna forma, El Salvador ha sido el que más ha llamado la atención, ya que desde el pasado mes de septiembre estableció que el bitcoin era moneda de curso legal. Una medida que parece no haber resultado tan beneficiosa como habían planteado.

Y es que el hundimiento del valor del bitcoin habría hecho que las arcas públicas salvadoreñas hayan perdido en pocos meses cerca de 22 millones de dólares, lo que ha provocado que la ya dañada credibilidad financiera del país centroamericano se vea aún más resentida, según informa ABC. Tanto es así que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha instado al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que elimine el bitcoin como moneda de curso legal en su territorio.

Prohibición o impuestos. O ambos. De esta manera, los distintos gobiernos que han decidido meter mano a los criptoactivos parecen decantarse más por la opción de regularlos para sacar algún tipo de beneficio, fundamentalmente a través de impuestos. Salvo aquellos que, como Rusia o la India, consideran que se trata de un mercado demasiado oscuro y volátil como para controlarlo. China es la única que, por el momento, ha optado por una solución intermedia: aprovechar las ventajas de esta tecnología y lucrarse con ella, pero sólo cuando puede dominarla completamente con los mecanismos del Estado.