Ripple ha obtenido una victoria en el trascendental juicio que tiene contra la SEC. Y las consecuencias no solo afectan a la propia criptomoneda, sino a todos los futuros casos que el sector cripto pueda tener con los organismos regulatorios de Estados Unidos. En juego está determinar hasta qué punto las criptomonedas son una 'security' o título de valor. Una cuestión fundamental para ver hasta qué punto se les puede exigir como a otros instrumentos financieros.
Por primera vez un juez determina que XRP no es una 'security'. La jueza Analista Torres, del Distrito Sur de Nueva York, ha dejado por escrito por primera vez su conclusión sobre esta pregunta que divide tanto al sector.
"XRP, como token digital, no es en sí mismo un 'contrato, transacción o esquema' que incorpore los requisitos de Howey de un contrato de inversión", expone Torres. En otras palabras, XRP, el token de Ripple, no es un título de valor o 'security' que pueda generar ganancias por medio de un tercero, como por ejemplo sí lo hacen las acciones.
Un poco de contexto. Desde el 2020, la criptomoneda Ripple se enfrenta a una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). El regulador defiende que se utilizó el propio token para generar ganancias, de hasta 1.300 millones de dólares desde 2013. Al entender a XRP como una 'security', Ripple habría estado comercializando ilegalmente valores no registrados.
El caso de Ripple y su token XRP es el que ha escalado más alto a nivel judicial, pero sería perfectamente aplicable a otros casos como Solana, MATIC, Binance USD o Cardano. Por ello esta sentencia favorable a Ripple, aunque no definitiva, se ve por la industria cripto como una victoria generalizada.
Cuándo sí y cuándo no. Si fuera tan fácil decir que XRP es o no es un activo financiero no estaría habiendo un juicio tan largo y complejo. La jueza explica que XRP era un valor cuando Ripple lo vendió por primera vez a los inversores institucionales que tenían expectativas de ganancias, pero que el token ya no era una 'security' cuando se vendió entre compradores y vendedores anónimos en mercados secundarios. Es decir, a través de los exchanges.
Aquí la posición de la sentencia es que el hecho de categorizar a los tokens como un activo financiero o no depende de la información y conocimiento de las personas que están accediendo a ellos; no solo de las propiedades en sí del token.
'Securities' vs. 'Commodities'. Para estos inversores, XRP era un producto financiero que podían utilizar para generar ganancias a través de varias vías, en coordinación con otros. En cambio, para los compradores a través de los exchanges era simplemente una moneda virtual.
Siguiendo esta idea, el Bitcoin no es en ningún momento un título valor. Ni siquiera la SEC lo pone en duda. Es una 'commodity' y es así porque por su composición está estructurada para que no hayan unos pocos inversores que puedan modificar el valor a su antojo, por ejemplo quemando tokens o realizando cambios entre unos pocos.
Una victoria para los exchanges, como Coinbase. Según esta manera de la jueza de entender el debate legal, los exchanges podrán dormir más tranquilos. Es un revés para la SEC, que ha denunciado a exchanges como Coinbase por ofrecer ilegalmente estos títulos valor.
Según Justin Slaughter, director legal de Paradigm: "demostrar que las ventas secundarias de tokens son valores será muy difícil bajo esta lógica. La SEC puede apelar, pero lo más probable es que, aunque ganen en el nivel de apelación, perderán en la Corte Suprema".
Qué es la prueba de Howey. Si nos fijamos en la argumentación de la jueza, se hace referencia a los requisitos de Howey. Se trata de una prueba que hace referencia al caso del Tribunal Supremo de la SEC contra W.J. Howey Co de 1946, donde se describe si algo es un valor financiero si cumple una serie de requisitos:
- Una inversión de dinero
- En una empresa común
- Con la expectativa de obtener un beneficio
- Que se deriva del esfuerzo de otros
Veamos qué ocurre con Ripple y XRP. La jueza explica que nadie pone en duda que hay un pago de dinero. Algo que puede aplicarse incluso en los casos de los exchange. Pero el resto de requisitos solo se cumpliría con los inversores especializados.
La existencia de una "empresa común" se da en esos casos porque "las fortunas de los compradores institucionales estaban ligadas al éxito de la empresa, así como al resto de otros compradores".
También se cumple esa "expectativa razonable de ganancias derivadas de otros", pues esos inversores de XRP iniciales sabían dónde se estaban metiendo.
Desde la SEC apuntan que esta manera de interpretar la ley es injusta. John Reed Stark, un ex funcionario de la SEC, explica que la decisión judicial "es problemática en múltiples frentes". Su principal argumento es que las personas que deberían estar más protegidas, los inversores anónimos a través de los exchanges, son los que en este caso reciben menos apoyo.
"En otras palabras, los ricos reciben soporte y vías de recurso, mientras que los pobres no lo reciben. Esto parece injusto y contradice el fundamento mismo de las leyes de Valores Bursátiles de EE.UU", explica Stark. Principalmente por el hecho de que considerar a XRP como una security, implica más exigencias.
El debate continuará hasta que decida el Supremo (o el Congreso). El juicio de Ripple contra la SEC no ha terminado. Es simplemente una pequeña victoria. Justo este momento es la primera ocasión que la Justicia se pronuncia de manera clara sobre si XRP es una 'security'. Entre alegaciones y matizaciones, el caso acabará decidiéndose en la Corte Suprema. Su postura será la que determinará finalmente cuándo se consideran las criptomonedas unos activos financieros como las acciones o simplemente monedas básicas como el dólar.
Otra opción es que sea el Congreso quien decida cambiar la ley para zanjar el debate. Varios congresistas han abierto esta vía tras conocer la decisión de la jueza Torres. Sin embargo, pese a que eso sería la mejor opción para la SEC, está lejos de ocurrir por la falta de consenso.
En Europa se ha optado por una tercera vía: crear una legislación específica para las cripto, donde no se tratan ni como 'securities' ni como 'commodities', sino con sus propias características y obligaciones. Una estrategia regulatoria muy alejada de la filosofía estadounidense para atajar estos asuntos.
Imagen | Wit Olszewski
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