El Parlamento andaluz acaba de dar luz verde a la tramitación de una proposición para legalizar hasta 800 hectáreas de cultivos de regadío en el entorno de Doñana. La polémica llega 46 días antes de las elecciones municipales y, de golpe, ha inundado el debate público entre acusaciones cruzadas y el estupor de la Unión Europea.
Porque, lamentablemente, esto es solo la última entrega de un problema mucho más profundo. Un problema enquistado históricamente que ha convertido a Doñana en el parque más "famoso" y prestigioso de España y al mismo tiempo el más amenazado por la actividad humana. ¿Qué está pasando y por qué es muy difícil ser optimista con el mayor humedal del sur de Europa?
“Estado crítico”. En los últimos días y, precisamente, en el contexto de tramitación de esta Ley, los científicos del CSIC han hecho una radiografía del estado de conservación del acuífero de Doñana. Los resultados son devastadores: “más de la mitad de las 3.000 lagunas de Doñana han desaparecido y solamente el 10% están en buen estado”.
Según Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, “se está produciendo la defoliacion y muerte de numerosos árboles, incluyendo alcornoques multicentenarios, lo cual es un buen indicador de la excepcionalidad de la situación actual” y numerosas especies como de “aves, anfibios, conejos, libélulas o caballitos del diablo corren grave peligro de extinción”.
"Los ecosistemas de Doñana están en estado crítico y no mejorarán si no se hacen análisis serios y se diseñan nuevas políticas ante los nuevos escenarios, porque la sequía extrema actual va a ser ya la normalidad”, resumía Revilla en 20minutos.
Un problema de décadas. Y sí, la situación de sequía generalizada está golpeando a Doñana muy duramente. Pero nada de esto es nuevo. Ni el mal estado del parque, ni la inacción de las administraciones. Recordemos que España ya está condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debido a que ha incumplido sistemáticamente las obligaciones derivadas de las directivas europeas sobre agua y hábitats naturales.
De forma deliberada, lleva años no teniendo “en cuenta la extracción ilegal de agua para el cultivo y las extracciones de agua para abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones totales de agua subterránea de la comarca de Doñana”. Es más, no ha “previsto ninguna medida para evitar la alteración ocasionada por las extracciones de agua subterránea sobre los tipos de hábitats catalogados como prioritarios”
¿Qué está pasando ahora? ¿Qué hay de nuevo? Lamentablemente lo inaudito de este caso es que, hasta el momento, la tradición española siempre ha sido la misma: mostrar preocupación públicamente y hacer entre poco y nada. Las hectáreas de cultivos ilegales siguen ahí, los pozos ilegales siguen ahí y el deterioro del parque sigue ahí.
Ahora, en cambio, la Junta de Andalucía dice que “quiere acabar con el problema legalizando cultivos”. Siempre según su versión, el objetivo es reorganizar los regadíos de la Corona Norte de Doñana, para "mejorar la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva)”.
Un plan que no resuelve nada. Sin embargo, la propuesta lo fía todo a que esa legalización aliviaría la presión ilegal sobre los acuíferos porque generaría derechos de riego que habrían de llegar a través de un trasvase desde la demarcación Odiel-Tinto-Piedra. Algo “que, según la Junta, tiene que acometer el Estado”.
Es decir, que el proyecto actual sigue sin resolver el problema. Y eso causa, ante la Unión Europea, “inquietud y estupefacción”. Bruselas cree que un plan así (que no aborda el problema en ningún sentido) es una “vulneración flagrante” de la sentencia del TSJUE y ha amenazado con sanciones económicas al país. El Gobierno de España, por su parte, ha dicho públicamente que recurrirá a todos los medios que tenga para impedir que la legalización tenga lugar.
Cuenta atrás para las municipales. Porque la sensación generalizada de este debate es precisamente esa: que una cosa es enarbolar causas políticas y otra, muy distinta, es tomar las decisiones (necesarias y dolorosas) para asegurar que el progreso económico de la región no sea incompatible con la protección del parque.
Más aún: la sensación generalizada es que, como lleva pasando años en otros lugares como el Mar Menor y de forma independiente a los colores políticos, las administraciones no es que hayan fracasado, es que ni siquiera han intentado enfrentarse a un problema que está asfixiando el patrimonio natural del país. Y nos está dejando sin alternativas.
Imagen | Ángel M. Felicísimo
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