Con menos de una hora y media de antelación, Cabify convocaba de urgencia a los medios de comunicación en su sede. "Efectuaremos el anuncio de un acuerdo de gran relevancia para el futuro de las relaciones laborales de esta industria", anunciaba la convocatoria.
En la última planta del edificio, frente a conductores de VTC y una pantalla en la que se podía leer "por la calidad del empleo y una movilidad sostenible", encontramos al fundador y consejero delegado de Cabify, Juan de Antonio; el presidente de Unauto VTC, Eduardo Martín; el presidente de Vector Ronda Teleport, Rosauro Varo; y el secretario general de la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores, Miguel Ángel Cilleros.
Los cuatro, tras una brevísima introducción sin apenas concreción, rubricaban un acuerdo de tres páginas. Una declaración de intenciones, titulada "fortalecimiento del sector VTC en el marco de una relaciones laborales fundamentadas en la calidad del empleo, la equidad, el respeto a la diversidad y el principio de igualdad", que es el último episodio de la guerra que enfrenta al sector del taxi con el de las VTC.
Tres de los actores más importantes del sector, Cabify, Unauto VTC y Vector Ronda Teleport, principal proveedor de estos vehículos, materializaban ante las cámaras su alianza con uno de los principales sindicatos españoles, la Unión General de Trabajadores.
¿El objetivo? Tratar de despejar las dudas en cuanto a las condiciones laborales de los conductores de VTC, aunque no se concretan medidas ni próximos pasos, al tiempo que se lanza un mensaje claro a pocos días de un momento decisivo. La aprobación de un decreto, el próximo 28 de septiembre, por el que se cede las competencias a las comunidades en materia de licencias VTC. Una reivindicación del taxi y un cambio de paradigma que el sector VTC, ahora de la mano de UGT, rechaza.
De la calma de los taxistas al actual enfado del sector VTC: qué ha pasado
Este verano, el paro patronal que iniciaron los taxistas de Barcelona se extendió por gran parte de España. Ciudades baleares, andaluzas, aragonesas, vascas... vieron cómo sus taxis no prestaban servicio. En la ciudad de Madrid, en pleno Paseo de la Castellana, se sitúo el núcleo de unas movilizaciones que durante más de una semana bloquearon el centro urbanos de varias capitales españolas.
Los taxistas pretendían presionar el Gobierno para que aprobase un decreto ley que garantizase el cumplimiento de una ratio de una licencia de VTC por cada treinta de taxi y, además, cediese las competencias sobre licencias VTC a las comunidades autónomas, entre otros demandas. "Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra", decían tras siete días de paro.
Finalmente, tras esa semana de protestas en todo el país, los taxistas decidieron a última hora del miércoles 1 de agosto dar una "tregua" al Gobierno desconvocando los paros, desbloqueando las calles que mantenían cortadas y volviendo a trabajar.
Consideraban "una batalla ganada" lo sucedido en la Conferencia Nacional del Transporte. El Ministerio de Fomento ofreció a las comunidades autónomas habilitarlas para regular la actividad de las VTC respecto a los servicios que prestan en sus territorios. Un asunto en el que las autoridades se comprometían a avanzar, pese a las reticencias de algunas autonomías como la Comunidad Valenciana o Galicia.
Y el avance está al caer: la aprobación de un decreto ley en Consejo de Ministros, previsiblemente en el del próximo 28 de septiembre, mediante el cual transferir las competencias regulatorias de las VTC a las comunidades autónomas. Una medida que habilitaría a las autonomías a tomar medidas para el control particular de este tipo de actividades en su territorio, pudiendo requerir nuevas licencias o limitando la prestación de sus servicios. Al estilo, por ejemplo, del reglamento que intentó poner en marcha el Ayuntamiento de Barcelona y fue suspendido cautelarmente por falta de competencias del consistorio, provocando la movilización del taxi.
La primera reacción del sector de las VTC fue de decepción con el Gobierno, porque creen que está dando trato de favor hacia el taxi. Unauto VTC difundía el pasado miércoles, un día después de que el ministro Ábalos se reuniese con representantes del taxi en la sede de Fomento, un comunicado en el que decía que el ministerio se negaba a escuchar las propuestas del sector VTC, pese a que le habían hecho llegar medidas concretas.
"El Gobierno ha estado cediendo al chantaje de los taxistas, en contra del interés general de los ciudadanos", decía la nota enviada por la asociación que agrupa al 90% del sector de vehículos de alquiler con conductor en España. Además, aseguraban que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha decidido multiplicar el problema por 17", porque consideran que "la intención de trasladar las competencias a las CC. AA. no es más que una dejación de funciones por parte del Gobierno". Unauto también advirtió que consideran una posible doble licencia como ilegal y que, en caso de que se materialice una situación, reclamarán daños y perjuicios que se estimarían en varios millones de euros.
Los envites de última hora del sector VTC al Gobierno y su decretazo
Por el momento, el último episodio de esta guerra todavía abierta entre el taxi y las VTC ha sido la búsqueda del sindicato UGT como aliado.
Pese a que el acuerdo que con tanto bombo se firmó no contiene medidas concretas a tomar ni próximos pasos a dar, sí lanza un mensaje al Gobierno en manos del PSOE: ahora una organización sindical, históricamente vinculada a los socialistas, quiere dar voz a los conductores y conductoras VTC. Lo que implica un posible poder de movilización.
Así queda reflejado en el acuerdo y en términos parecidos se expresó en la comparecencia de los cuatro representantes:
"FeSMC‐UGT y los representantes del sector VTC comparten la preocupación por la incertidumbre regulatoria en la que se encuentra el sector y, más particularmente, por el impacto negativo que podría tener, en la actualidad, la atomización de sus competencias entre las diferentes CC.AA., así como la ausencia de una política de Estado. La heterogeneidad de criterios y políticas representaría, en este momento, un gran hándicap para los intereses y la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, yendo en contra de la unidad de mercado de trabajo y del establecimiento de unas relaciones laborales homogéneas".
Una organización que rechaza hablar de privilegios en relación al taxi y prefiere, asegura, tomar la iniciativa defendiendo a los trabajadores y trabajadoras VTC. Una lucha, expuso el secretario general de la federación sindical firmante, abierta a otros sindicatos, empresas y plataformas.
A esta situación se suma un amago de paro del sector VTC para el próximo miércoles 26 de septiembre, dos días antes de la prevista aprobación del decretazo del Gobierno. Tal y como contaba El Español hace dos días, uno de los grandes dueños de licencias, José Antonio Parrondo, llamaba al sector a salir a la calle. El decreto, mantiene, "nos deja sin defensa jurídica, multiplica el problema y los pleitos pueden durar 4 ó 5 años. Eso será la quiebra de las compañías".
"Nos vamos todos a la mierda", sigue diciendo en un audio que se ha filtrado a través de WhatsApp y cuya veracidad ha sido ratificada por el propio Parrondo al medio. Y anunció que iban a solicitar a la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid los permisos necesarios para una manifestación en la capital española este miércoles.
Una movilización sobre la cual rechazan pronunciarse Cabify, Uber y Unauto VTC, remitiéndonos esta asociación a sus quejas respecto a la negativa de atención del Ministerio de Fomento. Habrá que ver qué sucede el miércoles y, sobre todo, el próximo viernes, cuando conozcamos en qué se basa exactamente el texto del Gobierno para el traspaso de competencias a las comunidades autónomas.
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