Las Islas Baleares se han convertido en la segunda comunidad autónoma de España, después de Valencia, en oficializar su intención de probar la semana laboral de cuatro días en sus empresas. Aunque la propuesta insular tiene una particularidad importante que la diferencia de la valenciana: no quieren gastar un solo euro de las arcas regionales. Piden, en cambio, que el Gobierno de España elija a la CCAA para probar el proyecto piloto que prepara el Ministerio de Industria para este modelo laboral de reducción horaria.
Una petición extraña, ya que el proyecto piloto que está preparando Industria es de ámbito nacional, pensado para que las empresas de toda España, y no sólo de una autonomía, puedan acogerse a las subvenciones que prevé el plan. Al menos de acuerdo con la información que ha trascendido hasta el momento, ya que estas ayudas nacionales para probar la semana laboral de cuatro días aún no se han publicado, y el documento final podría contener variantes con respecto al original presentado por Más País, partido impulsor de esta propuesta a nivel nacional.
La petición de Baleares al Gobierno de España se ha producido a través de una Proposición No de Ley (PNL) aprobada en el parlamento regional con los votos de los partidos del gobierno (PSOE, Unidas Podemos y Més per Mallorca) y Ciudadanos, por la que, concretamente, estas formaciones políticas instan al Gobierno de España a hacer un estudio de viabilidad de la implantación de jornada laboral de cuatro días en las islas y, en el caso de que se considere viable, ponga en marcha un programa piloto para ello.
Las PNL son unas figuras jurídicas que se usan en el Congreso de los Diputados y los parlamentos regionales para hacer peticiones al Gobierno, mostrar públicamente la opinión mayoritaria de la cámara respecto a algún tema o sentar las bases para alguna actuación de las administraciones públicas. En teoría son vinculantes, pero en la práctica el Ejecutivo las suele ignorar, y su principal virtud suele ser trasladar temas de la calle al debate político.
Así pues, lo más probable es que el Gobierno acuse el recibo de la PNL balear, que insta (es decir, suplica o pide, según la definición de la Real Academia de la Lengua Española) pero no obliga, y no atienda a la petición. Entre otras cosas porque el único plan que maneja hasta la fecha para la semana laboral de cuatro días ha sido concebido a nivel nacional y no para regiones concretas.
Foco en la hostelería
Los parlamentarios baleares que han aprobado la PNL piden al Gobierno de España, además, que ponga especial atención a los sectores de los servicios y la hostelería, donde las condiciones laborales son “inadecuadas” y son necesarias medidas para mejorar la conciliación y el bienestar de sus trabajadores.
Los partidos de la oposición balear, sin embargo, consideran que la estructura del mercado laboral de las islas, con una alta estacionalidad, hace inviable la implantación de la semana laboral de cuatro días en los principales sectores económicos de la comunidad autónoma, motivo por el que han votado en contra.
La otra región que ha mostrado su interés en extender la semana laboral de cuatro días entre sus empresas ha sido la Comunidad Valenciana, pero, a diferencia de los baleares, los valencianos han ideado un plan propio con dotación autonómica, con independencia del programa piloto del Ministerio de Industria, según explicaron sus impulsores a Xataka.
El plan valenciano está dotado de 10 millones de euros, la misma cantidad que el Gobierno de España ha destinado a su propio programa piloto de ámbito nacional, y ya tiene un estudio de viabilidad que se ha realizado en los últimos años, también con fondos autonómicos y en colaboración con las universidades valencianas.
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