John Deere se ha hartado de que hackeen sus tractores: los agricultores podrán repararlos por su cuenta

Hablar de derecho a reparar sonaba bien, hasta que topamos con John Deere. El gigante estadounidense ha estado bajo el foco de la polémica durante el último año por oponerse a las reparaciones fuera de sus talleres. ¿El resultado? Hackeos en sus tractores como protesta y solución.

Deere & Co y la American Farm Bureau Federation han firmado un acuerdo que garantiza a los agricultores el derecho a reparar sus propios tractores, así como acudir a técnicos independientes a la compañía que los fabrica.

Los tractores también tienen derecho de reparación

John Deere se ha rendido al derecho a la reparación, tras las acusaciones por parte de algunas asociaciones de agricultores y grupos de defensa del consumidor. El acuerdo permitirá a los agricultores acceder a las herramientas, códigos de diagnóstico, manuales, guías de producto y demás materiales necesarios para la reparación de sus tractores.

Esto abre la puerta a repararlos en talleres de terceros, sin necesidad de pasar por el servicio técnico oficial de la marca, como hasta ahora.

A medida que el sector agrícola acelera su adopción de la tecnología, la dependencia de maquinaria de alta tecnología, como cosechadoras y tractores guiados por GPS, se ha hecho más habitual. No obstante, el acuerdo tiene algo que decir sobre las modificaciones y hackeos que se han realizado en los últimos meses.

El texto recoge que "los propietarios y técnicos independientes "no pueden poner en peligro las medidas de seguridad y los protocolos de los equipos". Por ello, el software seguirá "protegido ante infracciones". Una traducción llevada al mundo real puede implicar pérdidas en garantía y soporte si el agricultor decide llevar el tractor a un taller donde se modifique su software de forma extraoficial. Más allá de ello, todo el software de diagnósis necesario para la reparación del vehículo estará disponible.

La noticia llega tras una orden ejecutiva firmada por el presidente de EEUU, Joe Biden, en la que llamó a la Comisión Federal de Comercio a cambiar las prácticas anticompetitivas. En ella, se obligaba a los propios distribuidores a pagar por aquellas reparaciones que un agricultor o taller de terceros podrían haber hecho a menor precio.

A esta llamada, le siguió un nuevo proyecto de Ley. Se planteó la Ley del Derecho Agrícola a la Reparación, para garantizar a los agricultores el derecho a reparar sus propios equipos. Este proyecto de ley recogía la obligatoriedad de poner a disposición del consumidor cualquier pieza, software, documentación o herramienta necesaria para la diagnosis y reparación del equipo.