América del Sur está viviendo una fiebre petrolera sin precedentes. Guyana es la economía que más crece en todo el planeta gracias al petróleo del Amazonas. Surinam espera un impulso parecido tras el hallazgo de importantes reservas en su porción de la Amazonía. Perú no quiere quedarse atrás, y está dispuesta a sobrepasar algunos límites.
Las tribus aisladas de Perú. La Amazonía peruana alberga decenas de tribus en aislamiento, unas 7.500 personas nunca contactadas o en contacto inicial con la civilización. Sus territorios comprenden algunas de las áreas más vírgenes del Amazonas.
Para evitar que pase como con los nahuas, una comunidad de cazadores-recolectores que se redujo a la mitad a partir de 1984 debido a enfermedades introducidas por madereros ilegales en el Alto Mishagua, Perú estableció ocho reservas indígenas, y tiene otras cinco en proceso de creación.
El avance de las petroleras. Aprovechando la oleada de inversión extranjera en combustibles fósiles, el gobierno peruano ha venido subastando tierras cada vez más internadas en la Amazonía para explotaciones de petróleo y gas.
Aunque las comunidades indígenas están protegidas, un análisis de Earth Insight denuncia que los bloques propuestos se superponen con el 20% de estas reservas aisladas. En total, 1,6 millones de hectáreas.
Una historia que resuena. La expansión de la industria petrolera y gasífera en áreas vírgenes de la Amazonía peruana amenaza a pueblos indígenas en aislamiento, además de poner en peligro los ecosistemas de alta biodiversidad del Amazonas, que son cruciales para el equilibrio climático global.
Es un "genocidio silencioso", dijo a The Guardian el coordinador de Organizaciones Indígenas de la cuenca del Amazonas. Palabras que resuenan con el proyecto de ley que habría permitido a los gobiernos regionales extinguir reservas indígenas. Conocido como "ley del genocidio", no prosperó, pero dejó patentes las presiones políticas contra los derechos indígenas.
Un historial inquietante. Entre 2000 y 2019, ocurrieron 474 derrames de petróleo en la Amazonía peruana. En 2016, el 50% de las personas muestreadas cerca de campos petroleros tenían niveles tóxicos de metales pesados en su cuerpo.
Además del petróleo y el gas, la minería y la tala ilegal cuentan con la complicidad o inacción del gobierno, denuncian las organizaciones indígenas. 2,7 millones de hectáreas de bosque amazónico peruano se perdieron entre 2001 y 2021.
La presencia de empresas extractivas también ha llevado a confrontaciones, desplazamientos y, al introducir enfermedades o escasez de alimentos, la muerte de indígenas no contactados.
El otro punto de vista. El gobierno peruano sostiene que la minería y la extracción de recursos representan casi el 15% del PIB y son vitales para el crecimiento económico y la mejora de las condiciones de vida.
La economía peruana cayó un 0,6% en 2023 y ahora busca pasar página con una recuperación que se verá reflejada en el PIB de 2025, según los analistas.
Pero para equilibrar los beneficios de los sectores extractivos, las organizaciones piden evaluaciones ambientales y sociales exhaustivas antes de aprobar proyectos. Las comunidades indígenas no tienen poder de veto sobre proyectos en sus tierras.
Imagen | MI PERÚ (Flickr, CC BY-NC 2.0)
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