La guerra de la justicia gallega contra los parques eólicos: hasta dos años sin nuevos proyectos

El viento sopla en Galicia, pero no precisamente en favor de la industria eólica. Una decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha paralizado la construcción de parques eólicos en la comunidad autónoma. La industria habla de inseguridad jurídica y teme que puedan pasar dos años antes de que la situación se resuelva definitivamente.

Qué está pasando con la eólica en Galicia. A principios de marzo, el TSXG decretó la suspensión cautelar de 13 nuevos parques eólicos ante las denuncias de las organizaciones ambientales Ecoloxistas en Acción y Petón do Lobo.

Según los ecologistas, la Xunta autorizó los parques sin poner a disposición del público los informes sectoriales de los proyectos. Informes que analizan el impacto de los parques eólicos en materia forestal, de aguas, de patrimonio, de turismo, de salud, de energía y de seguridad aérea.

Del Tribunal Supremo a la Unión Europea. El Tribunal Supremo había revocado en diciembre una sentencia del TSXG sobre este mismo asunto. La cúspide de la justicia española negó que fuera necesario contar con todos los informes sectoriales antes de someter un proyecto a la participación pública, y aceptó acortar las consultas públicas de 30 a 15 días.

Pese a los argumentos del Tribunal Supremo, el TSXG decidió paralizar los proyectos en duda y elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La justicia gallega ha enviado al TJUE una triple cuestión prejudicial para aclarar ciertos aspectos de la normativa. Especialmente, si el público debe tener acceso a los informes sectoriales antes de que se autoricen los parques eólicos.

Hasta dos años para recibir una respuesta. El auto remitido a Luxemburgo se refiere a un caso que fue desestimado en 2022 y sobre el que la organización Petón do Lobo interpuso un recurso: la autorización del parque A Ruña III, en Mazaricos. El TSXG ha optado por suspender el juicio a la espera de que el TJUE se pronuncie. La respuesta europea podría tardar entre un año y medio y dos años en llegar, según la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

Reacciones en la Xunta y el sector. La conselleira de Industria de Galicia, María Jesús Lorenzana, dijo que la Xunta recurriría las suspensiones y defendió la imparcialidad de los funcionarios que hacen los informes de impacto ambiental, aclarando que en 2023 hubo 48 declaraciones ambientales negativas frente a 45 positivas.

La AEE habla de inseguridad jurídica y cree que el tribunal ha puesto en riesgo 60 proyectos eólicos, que suman 3.000 megavatios de potencia y unos 4.200 millones de euros en inversión, entre eólica marina y terrestre. 10.500 millones de euros, si se suma la industria fotovoltaica.

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