Socios sí, pero con puntos de vista diametralmente opuestos. El debate sobre las energías sostenibles y, en especial, el papel que debe desempeñar el gas y la nuclear está polarizando a Europa. Que en el club de los 27 había partidarios y detractores de que les concediesen le “etiqueta verde” es algo sabido desde hace tiempo, pero las posturas parecen haberse tensado en la última semana tras la decisión de la Comisión Europea (CE) de incluir ambas opciones —tanto la nuclear como el gas natural— en una lista que les daría acceso a inversiones destinadas a renovables.
No se trata ya de un intercambio de argumentos, un tira y afloja verbal o de movimientos para favorecer una u otra postura —al fin y al cabo a la decisión de la Comisión aún le queda recorrido para oficializarse—, sino de acciones. O de hojas de ruta, como mínimo. Y para muestra un botón: mientras Austria ya ha anunciado su intención de denunciar ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) la resolución de la CE, camino que valora seguir España con un recurso; Francia se dedica a anunciar la creación de nuevos reactores y que alargará la vida de los que ya tiene.
Más allá de la estrategia por la que opte cada país en su territorio, en juego, a nivel comunitario, está un mecanismo que puede facilitar la financiación y busca, precisamente, atraer la inversión hacia proyectos del sector energético que se puedan considerar sostenibles.
El último movimiento en ese baile —uno en el que los socios europeos parecen ocupar posiciones cada vez más distantes en el salón— lo ha dado el Ejecutivo galo. Su presidente, Emmanuel Macron, acaba de hacer pública su intención de apostar con fuerza por la nuclear. Es más, el plan energético que ha trazado para 2050, con el que quiere que Francia logre la independencia de las fósiles, pivota en gran medida sobre la eólica y la nuclear. La hoja de ruta del mandatario contempla la construcción de seis reactores de nueva generación EPR2, a los que podrían sumarse ocho más en el futuro. No solo eso. Siempre que cumplan con los criterios de seguridad, quiere mantener los 12 actuales.
Posturas diametralmente opuestas
El planteamiento de Macron coincide con el de la eléctrica estatal EDF, que ha planteado al Gobierno francés la construcción de media docena de reactores EPR entre 2035 y 2037 con una inversión que rondaría los 50.000 millones para sustituir las 12 plantas nucleares que, a priori, cerrarán a mediados de la próxima década. A finales del año pasado el propio presidente dejaba ver su deseo de relanzar las centrales nucleares, aunque sin entrar en detalles. Ahora redobla de forma pública la apuesta y, durante una visita a la planta de Belfort, abogaba hace solo unos días por que el país “retome el hilo de la gran aventura de la energía nuclear civil” combinándola con las renovables.
Además de en el marco comunitario, sus palabras deben entenderse en el contexto de la propia política gala. Aunque Macron aún no es candidato oficial, en cuestión de ocho semanas afrontará la primera vuelta de las presidenciales. En cualquier caso no es el único que apuesta por la nuclear en Francia. Es más, en cierto modo su postura —que ha cambiado sustancialmente con el tiempo— se mantiene en un equilibrio entre la derecha, firme partidaria de centrar la apuesta en los reactores; y la de los ecologistas y la izquierda de Jean Luc-Mélenchon, que abogan por dejarla atrás.
La posición es diametralmente opuesta en otros puntos de la UE. A principios de febrero la ministra austriaca de Medio Ambiente, la ecologista Leonore Gewessler, censuraba que la CE esté haciendo un “lavado verde” de la energía atómica y avanzaba que su Ejecutivo prevé llevar la decisión de la Comisión ante el TJUE. “Siempre hemos dicho que si la Comisión Europea sigue por este camino, Austria tomará medidas legales”, apuntaba Gewessler ya a finales de enero.
No está sola. Antes incluso de que se conociese la decisión de la CE, Luxemburgo también aseguraba estar lista para llevar la disputa a los tribunales. En el mismo club de los disconformes se encuentran Dinamarca y España, contrarios a la clasificación de energías planteada por la CE.
Hace solo una semana la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica de España, Teresa Ribera, reconocía que el Ejecutivo central valora presentar un recurso ante la justicia europea. “Requiere un análisis jurídico. Políticamente lo tenemos perfectamente claro”, aseguraba la socialista. Lo que sí anunció con firmeza es que, a diferencia de lo que ocurre en Francia, su equipo no está dispuesto a moverse para incentiva la nuclear. Durante una entrevista con Ràdio4 y La2 dejó claro que el Gobierno no financiará nuevas centrales ni infraestructuras de gas.
Como telón de fondo está la tramitación de la propuesta de la Comisión Europea, que podría tumbarse todavía si se diesen ciertos requisitos, como que durante su votación en la Eurocámara recibiese el rechazo de 353 eurodiputados o si se opusiesen por lo menos una veintena de países que representen, como mínimo, el 65% de la población de toda la Unión.
Ya a más largo plazo está la otra gran referencia y objetivo último de la UE: la mata que se han marcado los países de lograr la neutralidad climática de cara a 2050, objetivo que —según algunas voces, como la del comisario europeo de Mercado Interior, el francés Thierry Breton— difícilmente podrán alcanzar si deciden prescindir de la energía nuclear. De hecho, la propia CE presenta la nuclear y el gas como "puentes" y aclara que deben cumplir ciertos requisitos.
Imágenes | Rodrigo Gómez Sanz (Flickr) y Jeanne Menjoulet (Flickr)
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