El Gobierno ha anunciado un impuesto extraordinario a petroleras y energéticas. Durante el debate sobre el estado de la nación, el presidente Pedro Sánchez ha explicado que pretende recaudar unos 2.000 millones de euros al año a través de estas empresas, que han tenido "beneficios extraordinarios" durante estos últimos años debido a la crisis energética. Un impuesto que tendrá un gran impacto, pero cuyo alcance debemos poner en contexto junto al resto de medidas adoptadas para regular el mercado energético.
Hasta 4.000 millones de euros, a partir de 2023. El impuesto será concretado durante las próximas semanas como proposición de ley y la idea es que entre en vigor a partir del 1 de enero de 2023. El objetivo es recaudar 2.000 millones de euros en 2023 y otros 2.000 millones de euros en 2024. Este impuesto falta por concretarse, pero según explica la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afectará a las empresas del sector eléctrico, gasista y petrolero que facturen más de 1.000 millones de euros.
El desafío es que no repercuta en los consumidores. "Los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan sus recibos y este Gobierno no va a permitir que lo paguen ellos", ha prometido Sánchez. Es el desafío subyacente a esta medida y no está claro que vayan a lograr lo que se proponen.
Según describen desde el ejecutivo, quieren crear un impuesto que se centre en el tipo impositivo de los beneficios obtenidos y no en otro mecanismo o actividad que puedan trasladar más fácilmente a los consumidores. En el caso del tope al gas, la ministra Ribera sí admitió que el reparto entre el tope y su precio real se reparte entre los consumidores.
Las eléctricas aseguran que ahora ganan menos. El tira y afloja entre las grandes empresas y el Gobierno es constante. Una vez anunciada la medida, la valoración en bolsa de las principales energéticas españolas ha caído significativamente. Pese al aumento de precios, estas empresas aseguran, a través de la patronal Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que "no solo no hay beneficios extraordinarios", sino que han reducido sus resultados.
Según estima el Gobierno, solo las empresas gasistas ganarán unos 1.400 millones de euros adicionales por el tope al gas. En 2021, las energéticas del Íbex 35 cuadriplicaron su beneficio, principalmente gracias a los números récord de Iberdrola y Repsol.
El coste de las medidas es mucho mayor. Según los cálculos de la Comisión Europea, aplicar el tope al gas costará a España unos 6.300 millones de euros. Lo que ese coste se repartirá en múltiples vías, desde las propias empresas hasta las arcas del Estado, pasando por el precio repercutido en los consumidores.
En el caso de la rebaja del IVA del 10 al 5%, según el Gobierno supone una medida tributaria que ahorrará unos 3.600 millones de euros. En total, explican que se ha bajado un 80% los impuestos vinculados a la factura de la luz. Si tenemos en cuenta la primera rebaja del IVA, en total se trata de una rebaja de hasta 12.000 millones de euros en impuestos desde su aplicación a mediados de 2021.
El Gobierno pretende recaudar con este impuesto a las eléctricas una importante cantidad de dinero, pero está lejos de compensar, según las estimaciones, la pérdida de ingresos vía impuestos que se ha realizado. Aún con todo, la gran diferencia de precios de un momento a otro complica realizar estas comparaciones.
Otra ayuda directa es la subvención de 20 céntimos a la gasolina. Una ayuda que lejos de beneficiar a los consumidores, sobre todo está ayudando a las petroleras. Una sospecha extendida que confirmó la CNMC. Según los cálculos del Gobierno, esta rebaja tiene un coste en las arcas de 1.423 millones de euros.
Italia es el gran referente y quiere recaudar el doble. España no está sola en querer aplicar un impuesto a las grandes empresas de energía. Recientemente Bélgica ha planteado un impuesto del 25% sobre los márgenes de las empresas energéticas. Portugal no lo tiene, pero también se ha mostrado interesado.
El principal referente es Italia, que grava con un tipo del 25% los beneficios extraordinarios. Un impuesto que inicialmente iba a ser del 10% pero que finalmente se elevó al 25% para intentar obtener hasta 11.000 millones de euros. Otro país que tiene un impuesto similar es Hungría, con el objetivo de recaudar hasta 4.120 millones de euros en dos años.
Desde la Comisión Europea se muestran abiertos a que los distintos países apliquen impuestos temporales sobre los beneficios, siempre que sean para contrarrestar la subida de precios y como medida de urgencia para hacer frente a la actual crisis energética.
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