El lado oscuro del fin de las calefacciones centrales: contadores individuales "de usar y tirar"

La calefacción central llegó a nuestras vidas como una forma de darnos un gran confort energético mientras no nos preocupábamos (demasiado) de la factura energética, pero unas décadas después, con despilfarro energético como consecuencia, el Gobierno de España la condenó a muerte por Real Decreto. Eso fue en agosto de 2020, cuando planteó que cada vivienda tendría que empezar a pagar por la calefacción o la refrigeración que hubiese consumido.

Aunque el plazo no se agota hasta el 1 de mayo de 2023 (en función de la comunidad autónoma y el número de viviendas del edificio), muchas comunidades de vecinos se han ido poniendo manos a la obra para instalar estos nuevos contadores individuales, una solución para adaptarse a esta ley con la sostenibilidad por bandera... Pero que se está implementando de una forma muy poco sostenible.

Ni recargables ni intercambiables

Los contadores individuales se dividen en dos tipos, según la distribución de calefacción del edificio. Puede ser vertical (radiadores conectados en cada piso, más habitual en edificios antiguos), o en anillos (conectados en cada planta, más habituales en edificios modernos). Los que son en vertical son los que son equipados con repartidores de costes, los dispositivos que calculan el consumo individual de cada vivienda. Son del tamaño de un teléfono móvil, se cuelgan del radiador y hacen el cálculo de consumo por la diferencia entre la temperatura ambiental y la del radiador.

"Estos repartidores de costes funcionan con baterías, porque al lado del radiador no suele haber enchufes suficientes. Y esas baterías tampoco son reemplazables ni se pueden cargar", nos cuenta Carlos Castiñeiras, administrador de fincas en Gestión 10.

En la práctica, esto significa que cuando uno de estos contadores se queda sin batería, llega al final de su vida útil. El aparato sigue funcionando perfectamente, pero por su construcción, no hay forma de cargar la batería ni de cambiarla por otra. El dispositivo entero acaba en la basura. Y esa vida útil es de entre seis y diez años en el mejor de los casos.

"Yo no conocía esto, y a lo largo de 2020, observamos en un edificio construido en 2010 que muchos de sus contadores han dejado de funcionar. Algunos durante el verano, otros ya en invierno. Aluciné al enterarme de que era por la batería. El fabricante me dijo que cuando se agotan no está previsto un reemplazo de batería porque son dispositivos de mucha precisión, y habría que recalibrarlos. En ese edificio eran cien vecinos, así que la solución fue comprar otros cien contadores, e instalarlos. Son de usar y tirar", nos explica Carlos.

"Esto no se está explicando", continúa el administrador. "Los presupuestos contemplan los contadores comprados e instalados, pero nadie te avisa de lo de la batería".

Esta ley se creó para poner freno al derroche energético en comunidades de vecinos que no actuaban de forma sostenible y pasaban el invierno con la calefacción al máximo durante todo el día. Pero se quedó en el tintero la importancia de la huella de carbono de un producto, plásticos y circuitería, que se convierte en "de usar y tirar" cada diez años.

Cuestión de precio

Una de las preguntas sobre el impacto de esta ley es si realmente consiguió un cambio de hábitos en las comunidades de vecinos que tenían calefacción central. "Los contadores por sí solos no producen un ahorro, lo produce el usuario cuando pasa de una situación donde va a pagar 'lo mismo' gaste lo que gaste, a otra donde cada kWh término que consuma se le imputará directamente. Entonces es donde empieza a cerrar radiadores de zonas sin uso, a controlar temperaturas de consigna, etc. En edificios donde he podido contar con datos he visto que el consumo de gasoil bajaba a casi la mitad", nos revela Carlos Gutiérrez, instalador y consultor sobre infraestructuras energéticas, y también responsable de la web independiente sobre cuestiones de energía, Nergiza. Allí dio un aviso temprano sobre esta problemática.

Otra pregunta sobre este tema es por qué no se utilizan contadores individuales que sí tengan baterías recargables o al menos intercambiables. La respuesta es que apenas los hay, y los que hay son notablemente más caros, así que a menudo los instaladores ni siquiera los ofrecen para no echar atrás a los vecinos. Incluso es habitual que algunos instaladores no conozcan la existencia de estos contadores.

En los casos donde sí se conoce su existencia y además se plantea a los vecinos la conveniencia de instalar uno de estos modelos, suele ser el vecindario quien no quiere oír hablar de ellos. Castiñeiras recuerda un ejemplo reciente: "En la comunidad donde todos se quedaron sin contadores decidieron reemplazarlos por otros también de usar y tirar. La reflexión fue que preferían la opción más barata".

Un contador sin batería recargable ni extraíble cuesta, instalación incluida, unos 150 euros. Uno de los pocos modelos que sí tienen batería estándar recargable o reemplazable puede costar unos 475 euros.

Hemos accedido a algunos manuales técnicos de contadores de los que sí contemplan la carga o el reemplazo de la batería y la alimentación directa desde la corriente eléctrica, respectivamente. El primero es de Siemens; el segundo, de Danfoss.

Gutiérrez tiene una experiencia muy similar a la de Castiñeiras. "Se trata de un tema comercial. Vivimos en una época donde importa el coste, no la rentabilidad a largo plazo ni la durabilidad. Ni fabricante ni instalador quieren 'jugársela' ofreciendo un contador mejor a mayor precio, porque posiblemente pierdan la operación. Incluso descartan la posibilidad de ofrecerlo como opción, que incluir más variables a analizar en una reunión de vecinos puede jugar en su contra y acabar la operación en manos de otro instalador con una propuesta más sencilla".

En el mercado encontramos muchos productos de esta categoría que indican la vida útil del mismo en términos de duración de la batería. Es habitual que la indican en formato 'x+y' para referirse a la vida estimada en funcionamiento más una reserva adicional como margen para su reemplazo, al estilo de las reservas de combustible en los coches. "Vamos a pasar de comunidades de 'barra libre', a que cada uno pagará lo suyo, pero con otro derroche energético", sentencia Castiñeiras.