Durante la conversación que mantuvimos hace varias semanas, Alfredo García, un divulgador de la energía nuclear muy conocido en Twitter por su alter ego @OperadorNuclear, nos explicó lo importante que le parece proteger la vida operativa de las centrales nucleares durante el tiempo necesario para que las empresas propietarias recuperen la inversión que han hecho:
«Realmente esos cuarenta años definen un periodo mínimo en el que tienes que garantizar que la central funciona correctamente y con seguridad para asegurar la inversión que se ha realizado. No es una fecha de caducidad. Una central no puede durar treinta años porque entonces no se amortizaría completamente, pero una vez que ha llegado a los cuarenta años y se ha mantenido con seguridad, y siempre que el organismo regulador garantice que funciona de forma segura y es rentable, esa central puede seguir funcionando muchos más años», asegura Alfredo.
En Estados Unidos algo más del 90% de las centrales nucleares ya tiene permiso para operar durante 60 años. Y desde hace solo unos días este país cuenta con tres centrales autorizadas para operar durante 80 años, pero este modelo actualmente es inasumible en España debido a que el apagón nuclear prevé que en 2035 cesará la actividad de la última central nuclear que permanecerá en marcha ese año, la de Trillo, en Guadalajara.
La transición energética plantea desafíos que no es fácil resolver
Aún no está del todo claro cómo será el modelo energético por el que apostará España a medio plazo, pero sabemos que las energías renovables tendrán un protagonismo indiscutible en él. Y es una buena noticia respaldada por la mayor parte de los expertos.
Sin embargo, aún no existe un consenso acerca de las energías que deben actuar como respaldo de las renovables. Hay quien defiende que la energía nuclear encaja como un guante en ese rol, y también quien aboga por otras alternativas, como el almacenamiento del excedente energético en baterías o centrales hidroeléctricas de bombeo, entre otras opciones.
El camino hacia un modelo energético sostenible y respetuoso con el medio ambiente en el que afortunadamente nos hemos embarcado plantea pequeños escollos que también es necesario resolver, y, ciñéndonos al corto plazo, la entrada en vigor de la nueva factura de la luz es uno de ellos. Y es que la adopción de los nuevos tramos horarios ha puesto en el punto de mira, una vez más, el coste de la electricidad.
En este contexto tan complejo el Gobierno ha preparado un anteproyecto de Ley que persigue, entre otras cosas y según los legisladores, reducir el precio de la factura eléctrica alrededor de un 4,8% para los consumidores domésticos utilizando esta estrategia: hacernos partícipes de la corrección del dividendo que reciben las centrales no emisoras de CO₂.
Suena complicado, pero, en realidad, no lo es tanto. Para entender qué está sucediendo es necesario conocer, por un lado, qué dice el Gobierno, y, por otro, qué argumentan las compañías eléctricas. El primero pretende recortar en algo más de 1000 millones de euros anuales la retribución que reciben las eléctricas propietarias de las centrales nucleares, las centrales hidroeléctricas y algunas eólicas como consecuencia del precio del CO₂ en el mercado de los derechos de emisión.
Las centrales que han entrado en funcionamiento después de 2005 no se verán afectadas por esta medida, y una parte de ese dinero, de nuevo según el Gobierno, se destinará a reducir el coste de la factura eléctrica y el impacto económico que tendrá en los consumidores la transición energética. Pero esta es solo una cara de la moneda. Las centrales nucleares son las responsables de generar el 67% de la electricidad afectada, por lo que el impacto de esta medida en sus arcas puede ser profundo, lo que ha provocado que las eléctricas se pongan en pie de guerra.
Las eléctricas aseguran que las centrales nucleares españolas no están amortizadas
La cita de Alfredo García con la que he iniciado este artículo defiende lo importante que es para las centrales nucleares permanecer activas como mínimo durante todo su periodo de amortización siempre y cuando, eso sí, sea posible garantizar la seguridad de las instalaciones. De lo contrario las empresas propietarias no recuperarán la inversión que han hecho en ellas, y las centrales nucleares darán pérdidas.
La tramitación del anteproyecto de Ley que está preparando el Gobierno, según Foro Nuclear, que es la asociación que representa los intereses de la industria nuclear española, coloca a las centrales nucleares en una posición extremadamente delicada. Según esta organización las centrales no están amortizadas e invierten anualmente aproximadamente 300 millones de euros para mantener la operatividad de las instalaciones.
Foro Nuclear asegura que el capital pendiente de amortizar es superior a 5500 millones de euros, y que en este contexto y como consecuencia del bajo precio de la electricidad las centrales nucleares españolas están generando pérdidas. Esta cita textual de esta asociación refleja con claridad el descontento de las eléctricas ante la nueva medida del Gobierno: «El anteproyecto de Ley, las tasas, impuestos y tributos actuales, y el contexto futuro de mercado incrementan la asfixia financiera del parque nuclear y lo abocan a su cese de actividad».
Las disputas que mantienen las compañías eléctricas y el Gobierno nos atañen como consumidores porque con toda seguridad tendrán un impacto perceptible en la factura eléctrica que pagamos los usuarios. El reto, sin lugar a dudas, es contener el coste de la electricidad tanto como sea posible y diseñar una transición energética inteligente que no se deje a nadie por el camino. Crucemos los dedos para que tanto el Gobierno como las empresas eléctricas den la talla mientras todos recorremos juntos este camino.
Imagen de portada | Foro Nuclear
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