España ha registrado un aumento extraordinario de solicitudes de acceso y conexión a la red eléctrica en los últimos años. Los principales solicitantes son plantas de producción de hidrógeno verde, centros de procesamiento de datos, instalaciones de almacenamiento de energía y otros proyectos vinculados a las renovables.
El problema de este boom de proyectos es que, aunque algunos comienzan a desarrollarse rápidamente, otros no lo hacen nunca. Son empresas fantasma que aprovechan el impulso de las energías renovables para acaparar permisos de acceso y conexión a la red, un activo codiciado que los adjudicatarios pueden revender a otras empresas para hacer negocio.
El Gobierno pone coto a las empresas falsas. Si bien el Ministerio de Transición Ecológica ha intentado frenar el acaparamiento de permisos con requisitos cada vez más exigentes para demostrar que los proyectos son reales, el Gobierno de España ha dado un paso más con la reforma legal de todo el proceso de adjudicación.
El Real Decreto-ley 8/2023 es una metralleta de medidas energéticas que introduce una nueva regulación para el acceso a la red eléctrica. El decreto-ley implementa mecanismos para dar prioridad a las empresas con proyectos maduros, pero también para desconectar de la red a los proyectos fantasma que acaparan permisos.
Prioridad a proyectos maduros y bien financiados. En los casos en los que varias empresas compitan por el acceso a un determinado nudo de la red de transporte de energía, la adjudicación se realizará por concurso público.
El procedimiento tendrá en cuenta la madurez de los proyectos, el volumen de inversiones que tengan detrás y su contribución a la descarbonización de la red eléctrica. Los proyectos de gran consumo (más de 36 kV) tendrán que aportar garantías económicas más cuantiosas.
Se desconectarán de la red los proyectos dudosos. Uno de los problemas de la regulación anterior era que no establecía una fecha clara de caducidad para los proyectos sin desarrollar que acaparan permisos de acceso y conexión a la red.
La nueva regulación establece la caducidad de los permisos en el plazo de cinco años desde su obtención. Para evitar ser desconectadas, las empresas tendrán que realizar como mínimo un contrato técnico de acceso por una potencia del 50 % de la capacidad del permiso.
Cómo afecta la reforma a los que ya tienen permisos. Para las empresas y proyectos con permisos adjudicados, el plazo de caducidad empezará a contar desde la entrada en vigor del decreto-ley, es decir, el 29 de diciembre de 2023.
Estos proyectos disfrutarán de un periodo de gracia para constituir las garantías y avales que exige la nueva regulación: 40.000 euros por megavatio de potencia solicitada para proyectos de carácter general y 20.000 euros por megavatio de potencia solicitada para proyectos de almacenamiento energético.
Imagen | Jesús Martínez (CC BY 2.0)
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