Han pasado las Elecciones Generales y la 'tasa Google' sigue encima de la mesa. El Gobierno presidido por Pedro Sánchez envió el pasado martes a la Comisión Europea el Programa de Estabilidad 2019-2022, donde se incluye una subida de impuestos de 5.654 millones de euros. Entre las distintas tasas, vuelve a encontrarse el impuesto sobre los servicios digitales. Un impuesto conocido popularmente como 'tasa Google' y con el que esperan recaudar unos 1.200 millones de euros, tal y como quedó reflejado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2019 aprobado el pasado mes de enero.
Este impuesto dirigido a grandes empresas tecnológicas como Google y Amazon está planteado para contrarrestar el hecho que las empresas convencionales paguen en Europa el 23,5% de media en impuestos, mientras que las tecnológicas lo hacen el 9,5%, según datos de la propia Comisión Europea.
Sin embargo, pese a que la mayoría parece coincidir en la necesidad de implementarlo, no está tan claro cuándo debería empezar a aplicarse. Por un lado hay partidos como el PSOE que están dispuestos a recabar la tasa desde este mismo 2019, mientras que hay países como la Alemania de Angela Merkel que han propuesto esperar unos años y alcanzar un acuerdo entre todos los países de la OCDE.
Una tasa para regular a los GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple)
Popularmente se conoce este impuesto como la 'tasa Google', aunque también se ha empezado a denominar 'tasa GAFA', en relación con las iniciales de cuatro grandes empresas tecnológicas como son Google, Amazon, Facebook y Apple. Hablamos por tanto de un Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD) a las grandes empresas, que en el caso de España iría destinado a aquellas con unos ingresos en nuestro país superiores a los 3 millones de euros y unos ingresos totales al año de 750 millones de euros. Estas empresas deberán pagar el 3% sobre la facturación de los servicios de publicidad online, intermediación en línea y de la venta de datos de la información de los usuarios. Quedando excluidas aquellas actividades minoristas de comercio electrónico.
España no es el único país en querer legislar sobre las grandes empresas tecnológicas. Distintos país de la Eurozona como Francia o el Reino Unido han adelantado sus planes para aplicarla, no así la propia Unión Europea donde se ha debatido sobre esta propuesta y se ha decidido posponer. En juego está recaudar una importante cantidad de millones de euros que pueden servir para sufragar otros costes.
Cuál es la posición de los distintos partidos en España
A través del ministro de economía Román Escolano, el ejecutivo del PP anunció que quería presentar la 'tasa Google' "cuanto antes" y con "amplios consensos" para que entrara en vigor a finales de 2018. En su momento, Escolano explicó que la tasa española iría "en paralelo" a la europea. Para el ministro del PP la justificación era obvia: "no es justo que las empresas tradicionales paguen impuestos y las tecnológicas no contribuyan".
Sin embargo con el cambio de gobierno, la posición del PP ha cambiado ligeramente. Siguen estando a favor del tributo, pero no de su aplicación aislada en España ya que "podría generar graves problemas de competitividad al país". Tanto PP como Ciudadanos se oponen a que se ponga en marcha este tributo sin contar con el respaldo de la Unión Europea ni de la OCDE.
Según Francisco de la Torre, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Hacienda, "el acuerdo que existía en el núcleo duro de la Unión Europea, a través de una cooperación reforzada, ha desaparecido porque Alemania se ha salido".
Una vez pasadas las Elecciones Generales, el gobierno del PSOE liderado por Pedro Sánchez ha ofrecido a Bruselas un plan de subida de impuestos entre los que se incluye este impuesto digital, tal y como ya se aprobó en los Presupuestos Generales del Estado presentados en enero de 2019 con el apoyo de Podemos.
"El que se plantee un impuesto a las grandes empresas tecnológicas nos parece un paso adecuado. Todos estos debates tenemos que tenerlos en la Comisión del Pacto de Toledo. Y el PSOE está dispuesto a sentarse y hablar."
La intención del ejecutivo actual es implantarlo a finales de 2019, aunque este tipo de proyectos requiere habitualmente de unos seis meses para su aplicación. La negociación seguirá activa, ya que para aplicarlo deberá conseguir el apoyo de PP o Ciudadanos.
Qué ocurre en la Unión Europea con la 'tasa Google'
La ministra española de Economía, Nadia Calviño, calificó de "oportunidad perdida" cuando la Unión Europea decidió no aprobar el impuesto digital a las grandes empresas, ni siquiera en su versión reducida. A lo que seguidamente confirmó que los planes de España pasan por no renunciar a este impuesto a nivel nacional.
La tasa es una iniciativa impulsada por Francia, Alemania, Italia y España, los países que más ingresos perdían de las plataformas tecnológicas. En contra, países como Irlanda o Luxemburgo que se sirven de rebajas de impuestos para atraer a este tipo de empresas. Pero este impuesto requiere el acuerdo unánime de todos los países miembros de la UE y finalmente no se ha conseguido, por el momento, este consenso.
El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, coincide con la ministra socialista al considerar que se ha perdido una ocasión, aunque reafirma la intención de la Comisión Europea en implementar esta tasa. La Comisión Europea considera que hay que regular la economía digital urgentemente, aunque este impuesto digital sería una medida transitoria para acabar reformando el impuesto de sociedades.
Hasta 2021, Europa ha enterrado el debate de la 'tasa Google' aunque como indicó Eugen Teodorovici, ministro rumano de Finanzas, la UE tiene la puerta abierta a volver a discutir el impuesto a nivel comunitario si no se consigue una solución internacional a final de año.
Los opositores a la medida fueron Irlanda, Suecia, Finlandia y Dinamarca, países que prefieren una solución global en el ámbito de la OCDE. En el lado contrario se encuentran Francia, Italia, Portugal, Eslovaquia, Bulgaria y Polonia, además de España, que apoyan claramente este impuesto.
Finalmente se encuentra Alemania, que ha tenido un papel clave en la no aplicación de la 'tasa Google'. En principio estaban de acuerdo y fue uno de los países impulsores de la medida, pero el gobierno de Angela Merkel dudó por las implicaciones geopolíticas de la medida.
Este impuesto sobre los servicios digitales afecta principalmente a gigantes estadounidenses y la Administración Trump observa con recelo como la Unión Europea quiere poner barreras a sus empresas. En temor a represalias comerciales contra su sector automovilístico, Alemania se ha empezado a echar atrás.
Francia, con elecciones este año, ha querido impulsar un acuerdo en el marco de la OCDE con un impuesto temporal. Después con un margen de dos años para alcanzar un pacto global y finalmente aceptó que se dejaran fuera las actividades de intermediación y datos como solicitaba el Reino Unido. Pero ninguna de estas propuestas rebajadas ha sido aceptada por todos los países miembros y la 'tasa Google' ha quedado relegada a la política nacional.
La próxima institución que deberá abordar el problema es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Francia y Austria toman la iniciativa
En esta particular batalla, Francia fue el primer país en anunciar el impuesto GAFA. Aprobada a finales del año pasado, el objetivo del ejecutivo francés es recaudar 500 millones de euros durante 2019.
Pero las presiones por parte de la Administración Trump no han cesado. Mike Pompeo, jefe de la diplomacia de los EEUU, se puso en contacto con Emmanuel Macron para solicitar que desista con la 'tasa Google'. Mientras, Clete Willems, ex-director del Consejo Económico de la Casa Blanca, señaló semanas antes de abandonar el cargo que estaban “extremadamente decepcionados con el Gobierno francés por haber introducido un impuesto digital unilateral”.
Junto a Francia, Austria ha sido el segundo país europeo en anunciar la aplicación de la 'tasa Google'. Fue a principios de abril y quiere gravar con un 5% los ingresos publicitarios; un porcentaje mayor que el 3% que maneja España.
Reino Unido está a favor de este impuesto, salvo que no incluirán a las empresas que venden datos. Las intenciones del gobierno británico es empezar a recabarla en abril de 2020. Es decir, esperarán para no ser los primeros en imponer esta tasa. Mientras tanto, en Italia trabajan para llevar adelante un proyecto de ley que recoja este impuesto.
En el caso de España, nos encontramos con el proyecto de ley aprobado. Aunque es una iniciativa que necesitará de una mayoría parlamentaria para llevarse a cabo. Mayoría que todavía se encuentra en configuración después de los resultados de las Elecciones.
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