El Consejo Europeo ha rechazado los artículos 11 y 13 de la Ley de Copyright, ¿y ahora qué?

El Consejo Europeo ha protagonizado la noticia del día en lo que a Internet se refiere. Tras unos meses en los que los medios de comunicación, creadores de contenido y empresas como Google se han opuesto diametralmente a la reforma de la Ley de Copyright, por cómo sus artículos 11 y 13 modificaban y complicaban el funcionamiento del Internet conocido, finalmente 11 países han votado en contra del mandado de negociación sobre el texto propuesto por la Presidencia de Rumania.

Un grupo de países entre en que se encontraban Finlandia, Eslovenia, Países Bajos, Bélgica y Alemania habían mostrado oposición a los artículos 11 y 13 tal y como se habían desarrollado en la Directiva sobre Derechos de Autor, aprobada en el Parlamento Europeo en septiembre. Su voto rechazando el texto no ha sorprendido, por tanto. Sin embargo, había dudas sobre la posición de otros que estaban en una posición más neutral aunque de oposición.

Italia había prometido votar en contra pero no parecía claro que lo fuera a hacer, y finalmente se ha unido a los anteriores junto con Polonia, Luxemburgo, Suecia y los inéditos en la lucha Croacia y Portugal, que no se habían posicionado en contra hasta esta fase final de las negociaciones.

Qué supone el rechazo del Consejo

Tras un proceso legislativo comenzado en 2016, y que ha sido complejo pero que se había resuelto hasta ahora generalmente de forma favorable (con su excepción), el rechazo del Consejo Europeo ha frenado los siguientes pasos ya establecidos para aprobar la directiva, que, eso sí, no sería implementada en las leyes nacionales hasta la primavera de 2021.

Si la votación hubiera sido favorable al texto, el lunes día 21 de enero se habrían celebrado negociaciones en trílogo entre el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo de cara a finalizar el texto. Tras ello, entre marzo y abril estaba estipulado que se produjera el voto final en el Consejo, con una votación final y definitiva en el Parlamento Europeo a mediados de abril.

Al haberse rechazado, la Presidencia de Rumania, que ocupa el cargo de forma semestral, tendrá la oportunidad de presentar un nuevo texto modificado de cara a una nueva votación, pero las perspectivas de que ésta sea favorable son bajas si el texto no cambia fundamentalmente. El efecto inmediato es que todo el proceso se pospone, y será muy poco probable que avance positivamente antes de las elecciones europeas celebradas entre el 23 y el 26 de mayo.

Es decir, los artículos 11 y 13 sólo han sido frenados de forma temporal, al igual que la aprobación de la reforma sólo los acercaba a la aprobación definitiva hasta principios de 2019, cuando estamos viendo que la poca esperanza que había de que la oposición oficial creciera finalmente resultaba equivocada.

Internet puede haber sido clave en el crecimiento del rechazo

La presión que han ejercido Google (con YouTube de su mano), Wikipedia y otras tecnológicas contra la aprobación de la directiva, que suponía la primera revisión en 20 años, puede haber sido clave en el cambio de opinión de los países que ahora se han opuesto al texto votado en el Consejo.

Lo que al principio se pudo ver como algo anecdótico que afectaba a memes, finalmente ha sido tenido muy en cuenta por la compañía de Mountain View, que ha avisado que Google News podía correr en la zona comunitaria el mismo destino que en España a causa del Canon AEDE, y de que los ciudadanos europeos corrían el riesgo de ser aislados de los vídeos.

Esa toma de conciencia ha sido compartida, tras una fuerte campaña, por los creadores de contenido, que se han encargado de divulgar los perjuicios que la reforma de la Ley de Copyright podría generar sobre Internet y sus creaciones.

Según el Financial Times, en el día de hoy Alemania buscaba que las pequeñas y medianas empresas con ingresos menores de 20 millones estuvieran exentas del filtrado, a lo que Francia se opuso. El artículo 11 también ha sido muy polémico, entrando en debate si su aplicación (la que afecta a buscadores y agregadores) debía efectuarse sobre fragmentos o sobre palabras específicas.

Opositores como Julia Reda, eurodiputada y presidenta de los Piratas Jóvenes de Europa, ya habían advertido de que incluso a quien el artículo 13 pudiera beneficiar, los titulares de los derechos por los que habría que pagar, ahora están en contra de su aplicación. Entre ellos se encuentran LaLiga, MediaPro, la Premier League, etc.