Fiscalía ha decidido declarar la guerra a los delitos de odio en las redes. Y no de una forma abstracta o teórica, sino con propuestas concretas que esta mañana se ha encargado de deslizar en la cadena SER el fiscal Miguel Ángel Aguilar. Durante una entrevista en 'Hoy por Hoy' y con los bulos xenófobos del crimen de Mocejón como telón de fondo, Aguilar ha dejado sobre la mesa dos ideas contundentes: la primera, replantearse el anonimato en las redes; la segunda, que en ciertos casos se prohíba a quienes han sido condenados por delitos de odio volver a usarlas.
La gran pregunta es… ¿Cómo trasladarlo a la práctica?
¿Qué ha pasado? Que Fiscalía ha decidido abrir el melón de los melones en lo que a redes sociales se refiere. Durante una entrevista en la cadena SER, el fiscal de Sala Coordinador de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ha abogado esta mañana por replantearse la regulación de las redes. Y lo ha hecho poniendo el acento en dos de las cuestiones más espinosas: anonimato y accesibilidad. Al menos en los "casos más graves" de delitos de odio.
Pero.. ¿Qué ha dicho exactamente? Aguilar ha reconocido que con las herramientas que tiene ahora a su alcance Fiscalía "puede trabajar", pero deslizó que el Ministerio Público necesita "algunos perfeccionamientos técnicos".
"Por ejemplo, que se pueda interesar por parte de la Fiscalía y los tribunales puedan acordar la prohibición de acudir a entornos digitales —apuntó Aguilar—. La prohibición de aquellas personas que se han servido Internet o las redes para la comisión de un delito que puedan acceder al medio con el que lo han cometido".
¿Y qué significa eso? Una suerte de orden de alejamiento aplicable a aquellas personas que hayan sido condenadas por verter mensajes de odio en las redes. El objetivo: que al menos durante un tiempo no puedan volver a usar las plataformas de las que se valieron para vulnerar la ley y compartir mensajes de odio.
"En los casos más graves y teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, creo que es una medida", matizó el fiscal de la Unidad de Delitos de Odio.
¿Cómo hacerlo? La pregunta del millón, aunque Aguilar ha sido claro en el planteamiento y los problemas con los que lidia ahora Fiscalía al estudiar delitos de odio. "Si cojo un coche o una moto estoy identificado. Sería interesante. Muchas veces nos encontramos con esa dificultad, que la investigación no puede prosperar porque desconocemos quién es el autor". "Sería muy interesante mirar sí habría que estudiar que quienes actúan en redes estén debidamente identificadas. Y sobre todo, que cuando lo requiera la autoridad judicial se facilite la identidad".
¿Y el anonimato? Esa es la segunda idea que dejó Aguilar y que está directamente relacionada con su primera propuesta. Las redes permiten ahora lanzar mensajes bajo el amparo del anonimato, pero… ¿Hasta qué punto resulta eso compatible eso con las medidas más severas que plantea el fiscal para los casos que revistan mayor gravedad? Aguilar también se pronunció al respecto. Y de sin medidas tintas. En su opinión, toca abrir complicado debate de si los usuarios deben o no identificarse en las plataformas en las que escriben.
¿Cuál es el contexto? Importan las declaraciones de Aguilar, pero importa también, y no poco, el contexto en el que las ha pronunciado. Fiscalía acaba de confirmar que estudiará los mensajes "falsos" y de "odio" difundidos a lo largo de los últimos días sobre el asesinato perpetrado el fin de semana en Mocejón.
Después de que trascendiera que un niño de 11 años de la localidad había sido acuchillado circularon por las redes mensajes que relacionaban lo ocurrido con inmigrantes y menores no acompañados. El asesino confeso es un joven de 20 años vinculado a la localidad y que, según afirma su familia, sufre una discapacidad intelectual, algo que ya están investigando las autoridades.
"Tenemos en nuestras calles día a día agresiones hacia personas por este tipo de motivaciones", advirtió Aguilar sobre la difusión de mensajes que relacionaban el asesinato con inmigrantes. Sobre lo ocurrido en Toledo y si los tuits en los que se acusaban a inmigrantes de estar detrás del asesinato podrían considerarse delitos, Aguilar se ha mostrado cauto: "No se puede hacer una afirmación categórica".
¿Una medida excepcional? La idea de apartar de las redes sociales de forma temporal a quienes se hayan valido de ellas para cometer delitos de odio, al menos en "los casos más graves", quizás suene chocante, pero Aguilar ha recordado que la medida no es del todo nueva. Para ser precisos, deslizó que el Ministerio Público de Barcelona ya puso sobre la mesa una respuesta similar para un influencer que se dedicaba a grabar y difundir vídeos en los que humillaba a personas sin hogar.
"Se dictó por parte del Tribunal Supremo, cuando estudió este caso, la primera sentencia en España que contemplaba expresamente prohibir acudir al lugar del delito, no solamente en el espacio físico, sino también en el virtual. Ahí tenemos un precedente jurisprudencial. Ahora es importante que se traslade a la legislación".
Imágenes | Google Earth y Chase Chappell (Unsplash)
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