La Ley de Startups ha quedado aprobada definitivamente. Ha costado años de debate y enmiendas propuestas (más de 80) por los distintos partidos políticos, pero finalmente ha salido adelante en el Congreso de los Diputados.
A partir de 2023, España contará con una ley pionera que introduce múltiples ventajas fiscales para las startups. Unos cambios que permitirán agilizar trámites y tener menos impuestos para emprendedores, pero que inicialmente fueron criticados por su "dudoso impacto". Esto es lo que ha cambiado desde entonces y las perspectivas de futuro que ahora se abren.
Qué se ha aprobado. La "Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes", conocida popularmente como Ley de Startups, es un conjunto de medidas que aplican a las pequeñas empresas y emprendedores. Encontramos desde medidas fiscales como la reducción del Impuesto de Sociedades del 25% al 15% y el aplazamiento del pago de la deuda tributaria sin intereses hasta agilización de trámites para la creación de empresas u obtención de visados.
También tenemos que las 'stock options' estarán libres de impuestos hasta los 50.000 euros anuales (inicialmente eran 12.000 euros y fue otra de las grandes críticas) o que la deducción por inversión en empresas de nueva creación es más amplia.
El debate durante estos años al final ha girado alrededor de establecer los límites de lo que se considera "startup". En un principio las cifras eran más restrictivas pero han acabado aumentándose para englobar más casos, lo que ha sido bien recibido por asociaciones como ADigital.
Ha sido lenta, pero se ha alcanzado cierto consenso. España es pionera en Europa por contar con una ley de este tipo. La ley ha tenido los votos a favor de todo el arco político y el tono ha sido principalmente positivo. Muestra son las declaraciones del diputado popular Víctor Píriz, que la ha descrito como "necesaria" y pese a votar con contra de algunos puntos ha explicado que "la ley la hemos mejorado entre todos".
"No es una norma perfecta, pero se ha trabajado bien para que, entre todos, lleguemos a acuerdos debido a su importancia", ha descrito María Muñoz, portavoz económica de Ciudadanos.
¿Qué se considera una "startup"? La definición de startup es quizás lo más relevante, ya que determinadas medidas se aplicarán o no en función de ello. Finalmente será la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) quien acredita que una empresa encaja como startup.
Entre los criterios se tendrá en cuenta que no tengan más de cinco años de antigüedad, ampliables a siete años en ciertos sectores como las biotecnológicas, energía o industriales. Deberán tener su sede social en España, mostrar un "carácter innovador" y que no hayan facturado más de 10 millones de euros.
El ecosistema emprendedor aplaude el acuerdo. "El Gobierno ha mostrado sensibilidad a la hora de recoger las demandas del sector y ha aprobado un proyecto de ley con una estructura muy similar a la que el ecosistema había planteado", exponen desde ADigital. Este mensaje de que se han recogido las demandas de los emprendedores también la recoge María Benjumea, fundadora de South Summit, que agradece el consenso entre los distintos actores.
Aquilino Peña, cofundador de Kibo Ventures, fue crítico en su inicio con la Ley de Startups, pero ahora celebra que se haya fomentado la inversión de los 'business angels' a través de la deducción de hasta el 50% y 100.000 euros o la exención de tributación por las 'stock options'.
En la buena dirección, aunque podría haber sido más ambiciosa. Entre las críticas a la Ley de Startups es que las rebajas fiscales están más orientadas a inversores que no a las propias startups y que hay letra pequeña a la hora de aplicar ciertas exenciones que limitan su efectividad.
Aún así, en general todos los mensajes coinciden en que se han sabido recoger varias de las peticiones. Ha costado años de debate, pero España ya cuenta con una ley propia con la que intentar que el ecosistema emprendedor de un salto de calidad para acercarnos a Europa.
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