Glovo se rinde y abandona los falsos autónomos. Ha hecho falta 205 millones de euros en multas y llevar a juicio a su fundador

Cuatro años más tarde, Glovo finalmente anuncia que se adaptará a la ley y abandonará su modelo de falsos autónomos. Fue en septiembre de 2020 cuando el Tribunal Supremo zanjó el debate sobre la relación entre los riders y la empresa de reparto. Una resolución judicial que un año después se materializó en la 'Ley Rider'. Pero Glovo seguía a lo suyo. Hasta ahora.

Glovo cambia por completo y contratará directamente. En un comunicado, la empresa española ha anunciado un "cambio de modelo laboral para toda España". En vez de mantener a los riders como autónomos, Glovo pasará a un modelo de relación laboral donde los repartidores serán contratados directamente.

Este cambio se aplicará en todas las ciudades donde opera Glovo, más de 900. Y en todos los verticales de la aplicación. Según asegura la compañía, están preparados para "mantener los tiempos de entrega y la disponibilidad de los repartidores en cualquier momento del día".

Ya tocaba. Glovo ha sido la gran empresa española que más ha tardado en adaptarse a la 'Ley Rider' y la que más ha sufrido en el proceso. Otras compañías rivales como Just Eat apostaron desde un primer momento por un modelo de repartidores contratados, lo que les ha llevado a evitar numerosas multas que sí ha recibido Glovo durante estos últimos años.

Glovo explica que abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para que este cambio tenga todas las garantías y la operativa se desarrolle con consenso. Un diálogo en el que también se ha invitado a otras empresas del sector del delivery por si buscan realizar un proceso similar. 

205 millones de euros en multas (por el momento). La Justicia autonómica ha ido imponiendo distintas multas a Glovo, por el trabajo irregular de miles de personas. En total, a principios de 2023, sumaban un total de 205,3 millones de euros. 

Pero esta cantidad se queda corta con lo que puede acabar pagando la empresa. Delivery Hero, los dueños de Glovo, aprovisionan un total de 400 millones de euros para hacer frente a posibles multas en Europa por prácticas anticompetitivas. 

El 'timming': un día antes que su fundador vaya a juicio. Oscar Pierre, fundador de Glovo, está citado a declarar mañana 3 de diciembre ante el juzgado número 31 de Barcelona. Se le acusa de un delito contra los trabajadores, con el presunto objetivo de "reducir sus costes empresariales", según describe la Fiscalía.

La Ministra de Trabajo e impulsora de la 'Ley Rider', Yolanda Díaz, ha expresado tras conocerse el cambio de modelo de Glovo que "las leyes están para cumplirlas. Sin excepciones.  Ninguna gran empresa está por encima de una ley. Ningún joven con un móvil en la mano es un emprendedor".

Europa ha dado la puntilla. España ha sido pionera en esta regulación, pero la batalla también se juega en Europa. El pasado mes de octubre se dio luz verde a la regulación europea sobre los trabajadores de las plataformas digitales. Una regulación que establece un periodo de dos años para que empresas como la propia Glovo, Uber Eats o Deliveroo adapten sus modelos laborales. 

Imagen | Nursultan Abakirov

En Xataka | Dos años más tarde, la Ley Rider no consigue atajar el problema: los repartidores siguen siendo falsos autónomos