El canon AEDE morirá definitivamente. Y Google News puede volver a España. El Gobierno tiene hasta el 7 de junio de 2021 para trasponer la directiva del copyright europea, la polémica ley aprobada en marzo de 2019 que abre la puerta a la vigilancia de contenidos por parte de las plataformas. Una directiva europea que el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, ya tiene todo listo para implementarla en España.
Siete años después del cierre de Google News, tanto la administración como los medios españoles están en conversaciones para volver a abrir el agregador de noticias. Será a partir de la implementación de la que ya se conoce como "Ley Uribes", una nueva reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que incorporará la polémica directiva del copyright europea y permitirá a las plataformas, como la propia Google, censurar contenidos sin necesitar la aprobación judicial previa.
El fin del Canon AEDE anticipa la vuelta de Google News
El artículo 32.2 de la actual Ley de Propiedad Intelectual regula los derechos de autor en favor de las empresas de agregación de contenidos. Mediante la gestora CEDRO, los medios pueden exigir el pago de royalties cada vez que se enlacen sus noticias. Esta posibilidad llevó a que Google retirara Google News para evitar tener que pagar a los medios.
La intención inicial era recaudar 80 millones de euros, pero como ya se criticó en su día, resultaba improbable. Desde CEDRO siguen insistiendo, pero la nueva Ley Uribes plantea un escenario distinto.
Con el objetivo de evitar multas por parte de la Comisión Europea, el Ministerio de Cultura transpondrá la directiva del copyright mediante Real Decreto en Consejo de Ministros. Un método habitual por parte del actual Gobierno y que evita así debatirla en el Congreso.
Según describe Red de Periodistas, la Ley Uribes se aprobará o bien el próximo martes 2 de junio en Consejo de Ministros o el jueves 27 de mayo vía Real Decreto.
Entre los cambios que se introducirán estaría la eliminación del término "irrenunciable" en el artículo 15. Un cambio que supondría el fin del Canon AEDE. ¿Quiere decir esto que los medios han aceptado no recibir dinero? No exactamente. A través del servicio Google News Showcase, algunos grandes grupos de medios entre los que se encuentran Vocento o Unidad Editorial, han acordado pactos puntuales con Google para remunerarles por enlazar.
Lo que antes se pretendía establecer por ley ahora se hará a título individual entre las empresas. Habrá que ver qué posición adopta Google en España; si la recupera como estaba antes o únicamente ofrece noticias de aquellos medios con los que ha llegado a acuerdos, como ocurre en países como Francia.
Pero la transposición de la directiva del copyright va más allá de la modificación del Canon AEDE. Siguiendo los artículos 11 y 13 de la directiva europea, se introducen algunas obligaciones para las plataformas que supone cederles el poder de regular lo que se publica en internet.
Una peligrosa reforma por la vía rápida que limitará la libertad de expresión
La aprobación de la directiva de copyright en 2019 causó un gran revuelo en la red. Los distintos países tenían dos años para implementarla en sus leyes nacionales y ahora es cuando este tiempo se ha agotado y toca añadirla a la legislación española.
Desde la Plataforma en defensa de la libertad de información (PDLI) han denunciado la aprobación "sin transparencia y por Real Decreto Ley". Carlos Sanchez Almeida, director legal de la PDLI, expresa que le parece "inaceptable que esta 'Ley Uribe' que va a imponer la censura previa en internet, el control de contenidos por robots (filtros automáticos), sin garantizar la revisión humana ni el control judicial se apruebe sin transparencia en el proceso".
No a la #LeyUribes
— Almeida (@bufetalmeida) May 26, 2021
Contra la censura privada aprobada mediante real decreto ley, sin transparencia y sin debate previo.
Movilización general, como en su día contra la Ley Sinde, como en su día contra la LSSI.https://t.co/DRpXu5IQ4T
Tal y como llevan un tiempo alertando, esta reforma afectará a lo que los usuarios pueden expresar en redes sociales y en internet, provocando que un algoritmo pueda decidir sobre lo que decimos.
"Se está tocando la libertad de expresión y la libertad de información en internet, dos derechos fundamentales que van a verse afectados. Se está imponiendo la censura privada, la de las Plataformas, sobre todo ello. Y esto no puede hacerse sin transparencia y sin un debate parlamentario. Nos acerca más a Bielorrusia que a un estado de derecho de la UE", concluye Almeida.
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