Una versión anterior de este artículo se publicó en 2018.
Una cifra se comparte desde multitud de altavoces cada vez que sale el tema: según distintos informes anuales de Naciones Unidas al respecto, España es el país europeo con mayor demanda de sexo pagado y el tercero a nivel mundial. Según dicen las encuestas de este incómodo tema, el 39% de los varones españoles ha pagado al menos una vez por sexo. Al margen de los duros y difíciles conflictos en torno a la trata, hay organizaciones de trabajadoras sexuales que intentan organizarse y legalizarse, como pasó hace unos años con un sindicato barcelonés, un registro de esta actividad que va completamente en contra del ideario de la actual coalición de Gobierno, más tendente a la abolición que a la regularización.
Cada tanto tiempo, políticos, feministas y personas interesadas por el debate vuelven a esgrimir argumentos a favor de unas u otras fórmula. ¿Acabaría la legalización con la trata? ¿Es de verdad beneficioso para estas trabajadoras una mayor inclusión en el sistema legal? Y por último, ¿qué es mejor para el conjunto total de la sociedad?
Antes de meternos en harina es importante dejar claros unos términos. Existen cuatro modelos de regulación del ejercicio de la prostitución, cinco si contamos a los países como España o Portugal, que directamente no la regulan con ningún acercamiento. Estos cuatro modelos serían:
a) el prohibicionista, donde se persigue a prostitutas, clientes y proxenetas. Desde su punto de vista, todas estas figuras son perseguibles puniblemente ya que esta práctica se presupone incorrecta.
b) el reglamentarista, en el que la prostitución se entiende como un mal inevitable y donde se le ponen normas sólo a las putas para evitar el carácter pernicioso (según el modelo) en el resto de la sociedad de su práctica, como obligarlas a pasar exámenes de ETS o a prohibir su ejercicio en ciertas zonas.
c) el abolicionista, donde las prostitutas se consideran víctimas de la sociedad patriarcal en todos sus casos pero se permite su práctica y se las intenta proteger. Todo el peso de la ley cae en los proxenetas y en los clientes, a quienes se pena duramente por intentar contratar los servicios de las mujeres.
d) el legalizador, que abre la mano al comercio del sexo siempre que se distinga entre la prostitución forzada y la involuntaria. A las prostitutas voluntarias, derechos y obligaciones laborales. A las involuntarias, protección y auxilio.
Los modelos legalizador y reglamentarista son próximos entre sí, así como el prohibicionista lo está del abolicionista. Cuando se debate sobre los efectos de la legalización o despenalización de la prostitución, los académicos suelen buscar las diferencias entre estos dos grandes espectros. Los países más estudiados sobre este tema han sido:
Suecia como estandarte abolicionista, seguido de Noruega, Islandia o Reino Unido.
En su otro extremo, Holanda representa el país pionero en el modelo legalizador de la prostitución, seguido de Alemania.
Y pese a que se dice que no hay ninguna nación que adopte totalmente un modelo prohibicionista, algunos coinciden en catalogar a Irlanda con dicho sistema.
Cuando los investigadores creen saber ya la respuesta
La educadora social Sofía Santoyo Salgado recopiló para un trabajo 46 de los documentos más citados por los académicos a nivel nacional e internacional para evaluar las consecuencias de estos distintos modelos. Según la investigadora, y como se ve en otros estudios al analizar una práctica tan enturbiada por el aspecto ilegal de la trata, muy pegado a este fenómeno, dificulta enormemente la obtención de datos fiables.
Además de eso, Santoyo resaltaba que en la literatura estudiada se veía cómo los propios investigadores tendían a confirmar sus propios prejuicios en torno a “una realidad amplísima en la que coexisten temas ideológicos, sociales, de derechos, económicos, administrativos y jurídicos”. Muchos autores se citan entre sí partiendo de débiles evidencias empíricas poco estudiadas para confirmar su sesgo.
En cualquier caso, tanto las aseveraciones de ambos grupos (pro y anti prostitución) como las de los escasos grupos neutrales son lo suficientemente sólidas como para que aceptemos algunas premisas, aunque sus cifras finales sean más bien estimativas y no certezas categóricas.
Estas serían:
1) Que la concesión de licencias a los prostíbulos con un sistema legalista no reduce el tráfico sexual, sino que conduce a una expansión de la industria del sexo. Que la lucha contra el tráfico sexual se vuelve incluso más costosa en algunos casos.
2) Que hay una correlación estadística, aunque no está demostrado que exista una relación causal, entre los países que legalizan la prostitución y el aumento de la trata dentro de sus fronteras.
3) Que la legalización beneficia legalmente a los proxenetas, que se convierten en empresarios del sexo, y que en muchos casos pierden algunos de los costes anteriormente asociados a su ejercicio.
4) Que la legalización también trae como efecto una mayor competitividad de mercado entre las prostitutas, lo que lleva a que tengan que trabajar más y aceptar más variedad de servicios (al menos sobre el papel) por menos dinero.
5) Que mientras que en Alemania la legalización de la actividad entre 2001 y 2013 (la ley cambiaría después) “no ha aportado ninguna mejora efectiva medible en la cobertura social de las prostitutas” ni ha ayudado a que baje en el número de mujeres que abandona la profesión, en Holanda el 95% de las prostitutas dicen sentir que tienen más derechos laborales.
6) Que la criminalización de la prostitución, bien hacia las prostitutas, los clientes o los proxenetas, no mejora las condiciones de vida de las mujeres que ejercen.
7) Que la criminalización del cliente y el proxenetismo no es suficiente para abordar el tema de la prostitución.
8) Que la implementación de leyes contra la prostitución parece reducir esta práctica, aunque no puede definirse con claridad porque también se sabe que mucho de este trabajo se desplaza a lugares invisibilizados. Es decir, que las prostitutas en países prohibicionistas y abolicionistas están aún más desprotegidas.
9) Que la implementación de una ley abolicionista hace que, al haber menos demanda, las mujeres consienten peores condiciones de trabajo para poder sobrevivir.
10) Que en las sociedades donde se legaliza la prostitución la gente es más tolerante, y que en los países donde se establece un modelo prohibicionista esta práctica se justifica menos.
11) Que la clandestinidad sigue existiendo tanto bajo unos como bajo otros modelos.
12) Que tanto en Holanda como en Alemania la ley se aplica sólo a las personas trabajadoras del sexo de la UE, con lo que las personas nacionales de terceros países no pueden ejercer la prostitución legalmente. En torno al 70-85% de las prostitutas que ejercen en ambos países son extranjeras, por lo que a) muchos burdeles siguen operando ilegalmente y b) la situación laboral de la mayoría de las prostitutas no mejora en los países en los que actualmente es legal.
13) Que la inmensa mayoría de las trabajadoras sexuales dicen que les gustaría dejar la industria, pero que es su única manera de hacer una suficiente cantidad de dinero para sobrevivir. Que dos tercios de las trabajadoras del sexo cumplen criterios psicológicos para diagnosticar estrés post traumático, aunque esta dolencia pueden haberla adquirido por cosas no relacionadas con su trabajo.
14) Que en las sociedades donde las trabajadoras sexuales son consideradas víctimas por la ley, enfrentan un estigma aún mayor cuando son arrestadas.
15) Que la mayoría de estudios se centran en las condiciones de la prostitución de calle dejando al margen el gran porcentaje de trabajo de las mujeres en pisos, donde esta práctica es más clandestina.
16) Que todos los modelos bajo los que se ordena la prostitución son imperfectos, con argumentos positivos y consecuencias negativas en todos los casos.
17) Que en casi ningún caso los juristas han tenido en cuenta las demandas de las trabajadoras sexuales para elaborar sus leyes, punto que le parece esencial a todos los evaluadores que buscan mejorar y proteger la vida de las prostitutas.
No existe a día de hoy un modelo óptimo para las prostitutas
Así que, en un resumen resumidísimo, ni la legalización acaba con el tráfico ni la abolición termina con el tráfico ni la prostitución. Que la legalización no es necesariamente el paradigma que más beneficia económicamente a las prostitutas (por eso muchas de ellas abogan por la despenalización y no por la legalización) pero que sí aporta una serie de derechos laborales a las trabajadoras del país en el que tiene lugar la legalización. Y que aunque esto deja fuera a la mayoría de trabajadoras sexuales de ricos países europeos, es más de lo que consigue a nivel jurídico el modelo abolicionista.
Y, por supuesto, que si lo que buscan los países es mejorar la vida de estas mujeres como públicamente se argumenta, convendría tener fuertemente en cuenta a las trabajadoras de estos sectores y oír sus demandas de cara al próximo cambio legislativo.
Por último, y ya que no viene en los estudios analizados pero es importante a la hora de abordar esta cuestión, hay un argumento persistente en este debate por parte de los pro-legalización que conviene mencionar para evaluarlo en su justa medida. Hay quien defiende que la legalización de la prostitución haría que se ingresase todo el dinero de esta economía sumergida a las arcas del Estado. Las experiencias de Holanda o Alemania dicen que está muy lejos de cumplirse: sólo se declararía una pequeña parte del dinero que mueve esta industria, lejos, por ejemplo, de los 5.000 millones de euros al año que estima para España el Instituto Nacional de Estadística.
