En la ciudad más cara de España para comprar vivienda, encontrar un piso por menos de 200.000 euros parece poco menos que un milagro. Sin embargo, una oferta inmobiliaria en San Sebastián demuestra que, cuando un precio parece demasiado bueno para ser verdad, conviene leer hasta la última línea del anuncio.
Un chollo inmobiliario en la ciudad más cara de España. San Sebastián encabeza habitualmente las clasificaciones de las capitales de provincia con la vivienda más cara de España, con precios medios que rondan los 6.420 euros por metro cuadrado. Por eso ha llamado tanto la atención un anuncio publicado en Idealista: un piso de 78 metros cuadrados construidos por 170.000 euros, lo que equivale a 2.179 euros por metro cuadrado.
La diferencia es brutal: un 67% menos que los 6.635 euros por metro cuadrado de media en San Sebastián y casi la mitad de los 4.175 euros que se piden en su propio barrio, Altza.. Sobre el papel, una oportunidad difícil de repetir. En la práctica, el anuncio incluye condiciones que explican por qué una vivienda aparentemente tan barata puede convertirse en una operación complicada.
Tres habitaciones, garaje y okupas en el pack. El inmueble está situado en el número 17 de la calle Jolastokieta, en el barrio donostiarra de Altza. Es una planta baja exterior de un edificio construido en 1960, con 78 metros cuadrados construidos, 65 útiles, tres habitaciones, sala, cocina, baño y un garaje adosado de 18 metros cuadrados. Reformada en 2007, figura como segunda mano en buen estado y carece de calefacción.
Hasta aquí, nada extraño. El problema aparece en Idealista, donde se advierte de que el piso “se encuentra okupado ilegalmente”. Es decir, según el anuncio, hay personas viviendo dentro sin autorización del propietario. Dicho de otra forma, quien lo compre no podrá entrar a vivir inmediatamente, aunque haya pagado los 170.000 euros.
Ni visitar, ni tasar, ni pedir una hipoteca al uso. La letra pequeña no termina con la ocupación. El anuncio advierte expresamente de que “NO es posible visitar ni se puede tasar para hipoteca”, dos restricciones que convierten la operación en algo muy diferente de una compraventa habitual. El interesado tendría que pagar sin haber comprobado personalmente el estado de la vivienda y sin poder obtener la tasación que normalmente exige un banco para financiar la compra.
Además, una de las agencias reconoce que las superficies, distribución y características proceden de la documentación registral y podrían no coincidir con la realidad física del inmueble. Es decir, que el comprador no solo desconoce cuándo podrá entrar en su nueva casa, tampoco tiene garantías de que lo que encontrará dentro se corresponda con lo anunciado.
Captura del anuncio de Idealista
Plus: no se vende como un piso convencional. La operación se plantea mediante una “cesión de remate judicial”, una fórmula que permite transmitir a un tercero los derechos de adjudicación de un inmueble procedente de una subasta antes de completar determinados trámites. Habitualmente, quien cede esos derechos es una entidad financiera o un fondo acreedor que prefiere transmitir a un tercero la adjudicación del inmueble antes que incorporarlo a su patrimonio.
El comprador pasa a ocupar su posición en el procedimiento, pero eso no significa que reciba automáticamente las llaves ni la posesión efectiva de la vivienda. En Altza, por ejemplo, tendría que afrontar los trámites para recuperarla legalmente, con los posibles gastos y demoras. Por tanto, el descuento no es simplemente una rebaja comercial, sino que también refleja riesgos que el nuevo propietario tendría que asumir.
De anomalía inmobiliaria a mercado de 24.000 viviendas. Porque el caso de San Sebastián está lejos de ser una excepción. Según Idealista, durante el cuarto trimestre de 2025 se anunciaron en su plataforma 24.058 viviendas ocupadas, aproximadamente el 3% de toda su oferta, y alrededor del 40% se concentraban en Cataluña. Son cifras de anuncios, no un censo oficial de viviendas ocupadas, pero muestran la dimensión del fenómeno.
El negocio ha llamado incluso la atención de Bloomberg, donde hace unos meses dedicaron un amplio reportaje a estas operaciones. Los descuentos pueden alcanzar el 50% según Idealista y hasta el 74% en determinadas localidades, de acuerdo con Pisos.com. Sin embargo, contaban en El Economista que en mercados especialmente tensionados, como Madrid, algunas inmobiliarias aseguran que las rebajas están desapareciendo.
Pantallazo de la plataforma Pisokupado
Un negocio que ya tiene intermediarios especializados. La compraventa de inmuebles ocupados ha generado un mercado propio en el que participan bancos, fondos, agencias e inversores particulares. Empresas como Hipoges, Solvia o la plataforma Pisokupado comercializan activos difíciles de vender por canales convencionales. Samuel Romero, fundador de esta última, explicaba a Infobae que su empresa ha intermediado operaciones desde viviendas de 30.000 euros hasta edificios de más de un millón.
El objetivo del inversor es comprar barato, recuperar la posesión y después alquilar o revender. Romero sostiene que aproximadamente el 90% de los casos que conoce su empresa se resuelve mediante acuerdos con los ocupantes, mientras que acudir a los tribunales puede prolongar los plazos. La plataforma informa de servicios externos de mediación y desocupación por entre 3.000 y 6.000 euros, costes que reducen la rentabilidad inicial.
Cuando el chollo de uno es el problema de otro. La expansión de este mercado también ha abierto un debate sobre sus consecuencias sociales. Juanjo Ramón, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), lo describe como una manera de "convertir la emergencia habitacional en una oportunidad de negocio". La organización advierte de que bajo la etiqueta de okupación conviven situaciones distintas: desde ocupaciones sin autorización hasta familias vulnerables o víctimas de falsos contratos.
No todas tienen el mismo tratamiento jurídico, y comprar una vivienda no autoriza a expulsar a sus residentes por la fuerza. Desde el sector inmobiliario se defiende que estas operaciones permiten recuperar propiedades bloqueadas y devolverlas al mercado. Sea como fuere, los 170.000 euros del piso en San Sebastián son únicamente el precio de entrada, no necesariamente (ni posiblemente) el coste final de ninguna de las partes.
Imagen | Esther Westerveld
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