900.000€ por rescatar a un naufrago: España se ha puesto muy dura con los barcos humanitarios

Hace un año, el recién constituido gobierno de Pedro Sánchez abrió los puertos españoles al barco humanitario Aquarius. La embarcación había rescatado a más de setecientos migrantes en alta mar, tras el naufragio de su transporte, y había sido rechazada por Matteo Salvini de forma vehemente. A la deriva y en una situación desesperada, España acogió a los refugiados a bombo y platillo. Pero fue un caso aislado. Hoy, el ejecutivo vigila con celo la llegada de más migrantes naúfragos.

Y lo hace con multas severas.

900.000€. Es la sanción que podría caerle al Open Arms, el barco operado por la ONG del mismo nombre, si navega en alta mar con el expreso propósito de rescatar a migrantes. Se lo ha comunicado así el director general  de la Marina Mercante española, Benito Núñez, transmitiendo órdenes del Ministerio de Fomento. El barco podrá rescatar a naúfragos de forma "ocasional", pero no podrá faenar con el único objetivo de recoger migrantes.

¿Por qué? Open Arms navega bajo bandera española, por lo que está sujeta a su legislación. Si bien el derecho maritimo obliga a asistir a cualquier persona a la deriva, el gobierno español entiende que no aplica a "operaciones de búsqueda y salvamento" específicas. Fomento advierte: si el Open Arms, que opera entre Italia y Malta, rehúsa a obedecer las órdenes, decretará "su regreso a puerto para hacer efectiva la paralización" de su conducta.

Es un cambio de tercio severo respecto a la política de hace un año. Y uno gestado poco a poco.

Tendencia. Hace algunos meses el gobierno ya notificó al Open Arms su imposibilidad de maniobrar en el Mediterráneo central. ¿La razón? Italia y Malta, los dos países que de la región de búsqueda y salvamento (SAR), habían cerrado sus puertos a los barcos humanitarios. Rescatar a un refugiado en las costas de Libia y llevarlos a España implica puntos de rescate y desembarco demasiado alejados, apartado, según Fomento, "de los procedimientos relativos a las operaciones de salvamento".

Dicho de otro modo: el Open Arms tendría que funcionar como embarcación de transporte, cuestión para la que no está preparado (18 tripulantes máximo). La ONG se defendió argumentando que quienes incumplían la ley eran Italia y Malta, no ellos, y que sus tareas son de "observación y vigilancia" en las zonas SAR.

Números. Como vimos en su día, el gobierno buscaba un alivio de la presión migratoria. Sánchez quería reducir un 50% la irregular, tanto desde Bruselas como acotando la actividad de los barcos humanitarios. Salvamento Marítimo lleva meses limitando sus permisos; y el ejecutivo ha desincentivado su desembarco en puertos españoles. Las entradas por la frontera sur habían aumentado en febrero un 146% respecto a 2018 (nueve veces más). Una patata caliente para el gobierno.

Legalidad. Lo cierto es que los estados del Mediterráneo están apretando las tuercas de la legalidad. No siempre con éxito. El mes pasado, Carola Rackete, capitana del Sea-Watch 3, decidió atracar en Lampedusa tras varias semanas esperando la autorización de las autoridades europeas (llevaba a unos 40 migrantes rescatados). El gobierno italiano, Salvini a la cabeza, ordenó su detención. Pero salió en libertad a los pocos días tras ser exonerada ("por hacer su trabajo salvando vidas") por el juez.

Rackete quebró la política de puertos cerrados de Italia, y evidenció lo disfuncional del sistema europeo: sólo cuando otros países aceptan los migrantes que llegan desde Libia, Italia permite atracar a los barcos. El Open Arms afronta similares restricciones. Sin permisos de Italia y con la hostilidad manifiesta de España, su radio de acción legal queda cortado. Con casi 1.000.000€ de multa.

Imagen: GTRES