El alquiler de la vivienda es un problema global que ocupará gran parte de la agenda en 2025. A las pruebas nos remitimos. Este año en Madrid, por ejemplo, ya hay inquilinos que aceptan pagar 1.400 euros (aunque el precio medio son 1.600), en Hong Kong la gente vive en pocos metros cuadrados, en EEUU han dejado a la IA manejar el mercado, y así podríamos seguir con historias para no dormir de todo tipo. Por eso, y porque normalmente los inquilinos salen perdiendo, lo ocurrido en Nueva York esta semana es histórico.
Indemnización inédita. Blackstone, una de las mayores firmas de inversión inmobiliaria del planeta, tiene que pagar cerca de 15 millones de dólares a más de 100 inquilinos de Parker Towers, un complejo de apartamentos en Queens, Nueva York.
¿La razón? Esta suma, que incluye indemnizaciones de hasta 100.000 dólares por hogar, resuelve una demanda colectiva presentada en 2018 contra la antigua propietaria, Jack Parker Corporation, y Blackstone, que adquirió el edificio ese mismo año. Los inquilinos alegaron sobrecargos sobre su factura de alquiler en los apartamentos, los mismos que debían estar regulados bajo el sistema de renta estabilizada en el que firmaron los contratos.
Contexto de una resolución histórica. Parker Towers, con más de 1.300 unidades de apartamentos, se había beneficiado de exenciones fiscales a través del programa llamado J-51, el cual exige mantener las unidades con renta reguladas tras renovaciones con los inquilinos. Dicho de otra forma, no se podía subir el precio de la mensualidad acordada.
Sin embargo, una investigación liderada por Housing Rights Initiative encontró todo lo contrario. Al parecer, muchos de los apartamentos no cumplían con estas reglas, lo que llevó a la demanda colectiva. Blackstone, aunque no admitió culpabilidad, reconoció que hubo “sobrecargos previos” y se ha comprometido a resolver el caso. La firma también dice haber invertido 70 millones de dólares en mejoras en el complejo, destacando su compromiso con los inquilinos.
Impacto y relevancia del acuerdo. Aaron Carr, director de Housing Rights Initiative, destacaba en el New York Times que el acuerdo al que han llegado no solo representa justicia inédita para los inquilinos, sino también un alivio económico significativo en una de las ciudades más caras del planeta.
Como explican también, el caso es uno de los mayores acuerdos de este tipo en la historia del estado de Nueva York y de Estados Unidos, y subraya las dificultades a las que se enfrentan los inquilinos al intentar responsabilizar a los propietarios en el sistema de renta estabilizada de la ciudad de Nueva York.
Cómo funciona la “renta estabilizada”. Este sistema es una regulación aplicada en ciudades como Nueva York y diseñada para proteger a los inquilinos de aumentos excesivos en el alquiler. Con ello se busca garantizar la asequibilidad de la vivienda y se aplica a ciertos edificios residenciales, generalmente construidos antes de 1974, estableciendo límites anuales al aumento del alquiler que los propietarios pueden imponer determinados por una junta de regulación de rentas.
Además, ofrece a los inquilinos derechos adicionales, como la renovación automática del contrato y protección contra desalojos injustificados. De esta forma, los propietarios que se benefician de incentivos fiscales o subvenciones públicas, como programas de renovación, a menudo están obligados a mantener estas unidades (apartamentos) dentro del sistema.
Desafíos del sistema. Con aproximadamente un millón de apartamentos bajo este sistema, que representa casi la mitad de los alquileres de la ciudad de Nueva York, dicha regulación es fundamental para garantizar esas viviendas asequibles. ¿El problema? Que los inquilinos a menudo desconocen sus derechos o cómo investigar irregularidades. Aunque el Departamento de Vivienda y Renovación Comunitaria de Nueva York ha recuperado 13.2 millones de dólares en sobrecargos en los últimos cinco años, muchos expertos consideran que el estado debe ser mucho más proactivo a la hora de investigarlos.
Las lecciones del caso. Como explicaba el Times, el acuerdo pone de manifiesto las prácticas de evasión de requisitos de algunos propietarios y la importancia de que los inquilinos, por encima de todo, se informen sobre la historia de renta de sus apartamentos. Si se quiere también, el caso demuestra que, a veces, es posible responsabilizar a los propietarios y recuperar derechos. De hecho, Blackstone ya había pagado más de un millón de dólares en 2019 a inquilinos actuales del complejo, y la nueva indemnización cubre a residentes pasados y presentes, calculándose con base en la duración de la estancia y el monto del sobrecargo.
En definitiva, un caso que sienta un precedente histórico en la lucha por la transparencia en el sistema de renta estabilizada y que refuerza la necesidad de proteger a los inquilinos en una ciudad condenadamente cara donde los costes de la vivienda nunca dejan de aumentar.
Imagen | PXHere
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