Internet se ha llenado de trolls: gente que adopta un comportamiento malicioso online, que provoca agresiva y deliberadamente a otros. Personas que buscan molestar y dañar a través de mensajes y publicaciones. Mantenerlos a raya se ha convertido en uno de los grandes retos de las plataformas como Facebook, Twitter o Instagram, aunque para no ser acusados de "censores" han dejado a muchos de ellos campar a sus anchas.
Todo esto está llegando a su fin. Ayer Japón lanzó una ley sin precedentes por la que cualquier persona que insulte en la red se enfrenta a penas de cárcel. Todo llega a raíz de la muerte de Hana Kimura, quien apareció en la serie de Netflix Terrace House. Se suicidó hace dos años por el abuso online que había recibido meses antes.
La ley. Tras el suceso, los funcionarios japoneses se comprometieron a cambiar la legislación actual y endurecerla. Por eso ayer el parlamento de Japón aprobaba una ley que sanciona los "insultos" online con penas de cárcel de hasta un año o multas de 2.000 euros. Se trata de un cambio radical en los castigos existentes, que eran de menos de 30 días de prisión y las multas de apenas 70 euros.
¿Pero qué es un insulto? Esa es la pregunta que se hacen ahora todos los abogados del país. La ley aprobada resulta polémica en ese sentido ya que hay quien argumenta que podría limitar la libertad de expresión. El debate ahora se centra en cómo conseguir un equilibrio justo entre tener regulaciones más duras y no restringir la libertad de expresión, que está garantizada en la Constitución.
De hecho, según el código penal de Japón, los insultos se definen como "degradar públicamente la posición social de alguien sin referirse a hechos específicos sobre ellos o una acción específica". Algo diferente a la difamación, que es "degradar públicamente a alguien mientras se señalan hechos específicos". Aunque ambos están penados por ley, hay confusiones. En este artículo de CNN, un abogado penal advertía que la ley no clasifica lo que constituye un insulto: "Tiene que haber una guía que haga una distinción. Por ejemplo, en este momento, incluso si alguien llama idiota al líder de Japón, podría clasificarse de insulto".
El caso de Reino Unido. En Magnet hemos contado en varias ocasiones cómo en 2019, el gobierno del Reino Unido anunció un plan para arreglar las cosas en su propio territorio: la Ley de Seguridad Online. Una manera para llegar a esos rincones donde hasta ahora sólo las tecnológicas tenían poder de actuación. Las consecuencias penales en este caso no sólo se daban en casos de mensajes que contenían contenido "indecente" u "ofensivo", que es la base actual para actuar, sino que ya se tienen en cuenta los "efectos dañinos" y "posibles daños psicológicos".
Reino Unido lanzó así una reforma de ley para que los trolls enfrentaran dos años de prisión por enviar mensajes o publicar contenido que causara un perjuicio psicológico a alguien. Y no sólo eso, también se incluían delitos como "comunicaciones amenazadoras" o el de "comunicación deliberadamente falsa", que penaliza a quienes envíen o publiquen algo que saben que es falso con la intención de causar "daño emocional, psicológico o físico a la audiencia". ¿Ejemplos? Bulos, fake news o los llamados pile-ons, en los que varias personas se unen para acosar a una víctima.
El debate en España. También hemos ahondado en Xataka sobre la hoja de ruta de nuestro país a la hora de luchar contra el troleo masivo. Aquí el Partido Popular sugería la idea de acabar con el anonimato en Internet presentando una proposición de ley para obligar a las plataformas a identificar a todos los que se den de alta con el DNI. ¿Cómo? Modificando la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico e incluyendo un artículo sobre el deber de identificación: "Estarán obligados a la identificación de sus cuentas a través del DNI, el pasaporte o cualquier otro documento oficial acreditativo".
Una medida que ha suscitado un gran rechazo en España, sobre todo de quienes consideran que la iniciativa es el "enésimo" intento de recortar las libertades en Internet y una afrenta a los derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión e ideológica. El debate está lejos de terminar. En Japón, frente a una ola de suicidios no se lo han pensado dos veces. La pregunta es si el resto del mundo seguirá su ejemplo o no.
Imagen: Christopher Icha (Flickr)
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