Malas noticias para los pedófilos y acosadores sexuales del país austral. Porque su gobierno es el primero del mundo en restringir totalmente los viajes al extranjero para los autores de crímenes sexuales contra menores y otros delincuentes similares. La medida va directamente contra el turismo sexual de este tipo de delincuencia, que utiliza países vulnerables del sudeste asiático para satisfacer sus apetitos.
En el pasado, los delincuentes sexuales tenían obligación de informar a la policía de sus movimientos hacia fuera del país. Lo cual no evitaba que varios lo intentaran y consiguieran abandonarlo sin notificación previa.
Se calcula que unas 20.000 personas condenadas por delitos sexuales y registradas por el gobierno perderían el pasaporte y, por tanto, el derecho a viajar fuera del país. En los últimos 12 meses 800 de ellas viajaron fuera del país, 400 viajaron a algún país del sudeste asiático.
Un registro estatal y público de delincuentes sexuales
En Australia existe un registro de criminales sexuales que ya han cumplido condena bajo las siglas de ANCOR o Australian National Child Offender Register. Las personas quedan registradas 8 años, 15 años o de por vida, dependiendo de la gravedad de sus crímenes. En la actualidad hay unas 3.200 personas que no podrán recuperar jamás el pasaporte.
La prohibición para salir del país no es total, ya que puede solicitarse una excepción en caso de viaje de trabajo o por motivos familiares. Pero deberá recibir aprobación de las autoridades. Esta nueva ley llega después de años de escándalos y crímenes cometidos en el extranjero por ciudadanos australianos. Uno de ellos, Peter Scully, estableció un servicio de pago por visionado de contenido pedófilo retransmitido desde Filipinas.
Otro caso muy sonado es el de Robert Ellis, australiano de 70 años acusado por Bali de abusar de 11 niñas de entre 9 y 15 años. El juicio celebrado el año pasado le condenó a 15 años de prisión. Indonesia suele rechazar la entrada al país a una media de 5 australianos al mes. Además de Australia, hay otros países que tienen sistemas similares de registro de ex-convictos por delitos sexuales. Son Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá, Sudáfrica, Trinidad y Tobago y EEUU.
La mayoría de ellos tienen un registro público que recoge los nombres y apellidos de los criminales una vez han cumplido su condena. Pero esto siempre ha generado una enorme polémica por el hecho de haber pagado ya por sus crímenes.
Ser un ex-criminal no es bueno si te gusta viajar
En general, los países no suelen denegar la entrada a los criminales salvo que hayan sido condenados por delitos muy graves. En la Unión Europea, la libertad de movimientos de personas es total, como si se tratara de un único país. Es bueno para el comercio, turismo y los negocios de empresas multinacionales.
Sin embargo, tiene una cara oculta ya que ha provocado que los criminales residentes en la UE se aprovechen del Tratado de Schengen para llevar sus actividades delictivas a otros países sin que les paren en las fronteras. Tráfico de personas, drogas, armas han podido expandirse gracias a este acuerdo entre miembros. Un argumento utilizado durante el Brexit para abogar por la salida del Reino Unido de la Unión.
Pero la situación cambia en el resto del mundo. En Norteamérica, atravesar fronteras se puede volver complicado cuando tienes una ficha policial sobre los hombros. Incluso una condena por un delito menor ocurrido hace 50 años puede denegarte la entrada en EEUU.
Canadá le sigue de cerca, pero con la posibilidad de pedir una carta de rehabilitación para solicitar la entrada. Su otorgamiento dependerá de la condena y la fecha de salida de la cárcel. Restricciones similares existen para la entrada en Reino Unido. Otro caso particular es Jamaica, que impide la entrada a todo tipo de ex-convictos aunque la ejecución de esta ley no siempre es estricta.
Todos estos casos se centran en la posibilidad de viajar al exterior como turista y de forma temporal. Obtener un visado de trabajo o la ciudadanía es mucho más complejo e incluso, según el país, imposible. Hay otras restricciones que los países establecen a sus propios ciudadanos en relación a un pasado o hechos criminales:
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Bajo las condiciones de la libertad condicional.
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Cuando se celebra un juicio y existe riesgo de fuga de un sospechoso.
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Haber falsificado en el pasado un documento de identidad.
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EEUU puede restringir la salida a otro país cuando la condena involucra tráfico de drogas desde el exterior.
Como puede verse, tener una ficha con antecedentes penales complica enormemente los viajes al extranjero.
Otros derechos que pierden los delincuentes condenados
Estados Unidos es un país que trata de manera muy estricta a la población ex-convicta. En la actualidad, un ex-presidiario pierde numerosos derechos en el país, entre ellos:
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Derecho al voto.
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Viajar al extranjero, como hemos visto depende de la condena.
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Comprar, poseer o llevar armas de fuego.
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Servir de jurado.
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Trabajar como funcionario público (policía, ejército, puericultura).
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Algunas empresas se niegan a contratar a ex-convictos.
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Algunas subvenciones públicas como ayudas al alojamiento.
Canadá tiene algunas en común como la compra de armas pero mantienen el derecho al voto a los criminales, salvo que hayan sido condenados por delitos de corrupción en unas elecciones. Algo en lo que España también coincidimos, aunque con matices. Países como Canadá, Reino Unido y España también prohiben conducir un vehículo tras una condena relacionada con tráfico.
Estas medidas encaminadas a reducir la mala influencia de un ex-convicto en la sociedad generan cierta polémica, especialmente cuando se supone que el paso por prisión está pensado para su reinserción en la sociedad. Aunque pueden estar justificadas porque suponen una pérdida de la confianza en ese ciudadano. Aquí, el debate sería ya otro distinto.
Imágenes | Dave Nakayama, Rennett Stowe, Kevan, Diana Parkhouse, sean hobson, Mike.
