El agujero de las pensiones no tiene fondo: hasta 54.000 millones en números rojos para 2050 con el sistema actual

El futuro de las pensiones es un asunto que genera escalofríos de solo pensarlo. Las dudas en torno a la sostenibilidad del sistema actual generan dudas no sólo a economistas, sino a miles de trabajadores que contribuyen con sus salarios a las prestaciones. El problema de fondo, sin embargo, es demográfico. El envejecimiento poblacional durante este siglo es enorme y la baja natalidad va a poner contra las cuerdas todos los sistemas de pensiones públicos de Occidente, y por supuesto, de España.

Actualmente, por cada diez ciudadanos en edad de trabajar hay casi tres en edad de jubilación y las cuentas de la Seguridad Social ya notan un déficit claro. Los cálculos indican que será del 4,5% del PIB en 2050, o lo que es lo mismo: de 54.000 millones.

Un déficit gigantesco. El gasto actual en pensiones se sitúa en torno al 13% del PIB. En total, se eleva este año hasta aproximadamente los 190.000 millones de euros. Y el futuro no pinta mejor. Según el informe Envejecimiento global 2023: El reloj avanza, publicado por S&P Global, el gasto derivado del envejecimiento de la población se disparará en España hasta al 22,5% en 2060. Un incremento que no solo se deberá a la presión en el sistema de la jubilación de los baby boomers, sino a que habrá que cubrir la sanidad y a los cuidados de los mayores.

De hecho, a corto plazo los cálculos ya proyectan un déficit superior al 3% del PIB de aquí a una década. Esto acarreará lo siguiente: un endurecimiento de las cotizaciones para mejorar los ingresos o un recorte del gasto (sea reduciendo las pensiones o alargando la edad de jubilación). Soluciones contempladas en una reforma que no parece llegar a buen puerto y que, según los economistas, apenas sumaría el 0,27% del PIB.

Un origen demográfico. Tal y como hemos mencionado en otros artículos de Magnet, España es un país cada vez más envejecido y eso se traduce en una factura de las pensiones cada vez mayor. Para que os hagáis una idea: en 1960 el porcentaje de mayores de 65 años era del 8,2% sobre el total de la población, en el año 2020 ha alcanzado el 22,9%. Y seguirá subiendo: entre 2030 y 2070 habrá 5 jubilados por cada 10 ciudadanos en edad de trabajar, según proyecciones del INE.

Y, pese a que en los últimos 10 años los ingresos por cotizaciones sociales se han incrementado en unos 46.000 millones de euros, el problema es que, al mismo tiempo, el gasto en pensiones contributivas y clases pasivas también se ha incrementado en 68.799 millones de euros. Es decir, en solo una década y con niveles récord de empleo, el agujero de las pensiones sigue haciéndose más grande.

El segundo país con más gasto en pensiones de la UE. "España pasará a ser el segundo país con el gasto en pensiones más alto de la UE, situándose únicamente por detrás de Grecia", advertía el Banco de España en su informe que compara el gasto nacional en pensiones con el del resto de países del bloque. Los dos factores que impulsan el fenómeno son el envejecimiento y la generosidad del sistema.

¿Cuánto habría que bajarlas para llegar? Según datos de envejecimiento de la población, tasa de empleo, tasa de cobertura de las pensiones, el peso de los salarios en el PIB y la generosidad de las pensiones, los cálculos que aparecen en este artículo de El Confidencial dan como resultado que las pensiones que puede pagar España con los ingresos por cotizaciones actuales serían un 20% más bajas. Es decir, la relación entre pensión media y salario medio tendría que reducirse en un 20% para que el sistema pudiera autofinanciarse en los próximos 50 años.

¿En que se traduciría esto? Teniendo en cuenta la pensión media, que es de 1.368 euros al mes en 14 pagas, un ajuste del 20% implicaría reducir la prestación en casi 300 euros al mes para las contributivas. Un recorte de unos 4.000 euros al año.

Hay más. Según los informes de S&P Global, el déficit es incluso muy superior al previsto: hasta el 1,8% este año desde el 0,5% que calcula el Gobierno. Esto se debe a que la firma incluye los 15.500 millones de euros en transferencias del Estado al organismo por los denominados "gastos impropios" (prestaciones no contributivas de carácter asistencial, ciertos incentivos al empleo, medidas de apoyo a las familias...) y que, según el informe, deben ser tenidas en cuenta si el país pretende reducir su déficit y ceñirse a los objetivos de Bruselas.