Air Europa, Mediapro, Room Mate: las casi 30 empresas multimillonarias pidiendo rescates al erario público

Hoteleras, productoras de materia prima, agencias de viaje… Parece que, aunque hubo tres empresas que ya este verano anunciaron su deseo de ir acogiéndose al plan de rescate nacional por Covid (Air Europa, Celsa y Duro Felguera), es ahora, agotadas todas las posibilidades y con la amenaza real de una quiebra, cuando un buen puñado de grandes negocios están mostrando su necesidad de acceder a esos 10.000 millones de euros que el Gobierno tiene apartado para “rescatar empresas estratégicas”. Hablamos someramente de ello en noviembre en un contexto en el que buena parte de la prensa salmón decía que las condiciones eran demasiado duras para que las compañías quisieran optar a ello, pero ahora que ha vuelto a la mesa es buen momento para analizar la cuestión un poco más a fondo.

En qué consiste el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas

Es una de las medidas urgentes “para apoyar la reactivación económica y el empleo” en el contexto “excepcional” de la Covid, avalado por Bruselas, aprobado por el Consejo de Ministros del 21 de julio de 2020 y gestionado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que está adscrita a Hacienda. Dentro de la Sepi quien lo está llevando es un Consejo Gestor (un órgano colegiado interministerial) de nueva creación, aunque cualquier operación deberá tener además el visto bueno del Consejo de Ministros.

La Sepi se encuentra en problemas políticos añadidos. En este momento nadie preside este órgano porque el hombre al que se designó durante el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, Vicente Fernández Guerrero, tuvo que dimitir por ser imputado por la adjudicación de una mina a finales de 2019.

Ojito, no confundir con: el plan aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes 12 de marzo de 2021 con 11.000 millones de euros de ayudas directas a autónomos y pymes "para el sector de la hostelería, el turismo y el comercio", que es una partida distinta, con otras reglas y otros beneficiarios.

¿Qué es lo que se obtiene?

Dinero de muchas formas distintas que estudiarán la empresa y el SEPI. A saber: préstamos participativos, deuda convertible, la suscripción de acciones o participaciones sociales y más. Esto quiere decir que, sí, habrá ocasiones en las que el SEPI entre a formar parte del consejo de administración de la empresa. En ningún caso será financiación a fondo perdido. Además, por esta condición de situación “excepcional”, se ha modificado temporalmente la Ley del Mercado de Valores de 2015 y, si el Estado tiene que adquirir el 30% o más de la empresa en cuestión, no habrá obligatoriedad de lanzar una OPA.

¿Cuánto se obtiene y quién lo está solicitando?

El mínimo indispensable "para restaurar la viabilidad de la empresa y no podrá implicar una mejora del patrimonio neto de la compañía beneficiaria que supere el registrado a 31 de diciembre de 2019".

Cuánto será eso va a depender de la empresa. Se supone que estas “ayudas puntuales” tendrán un importe no inferior a 25 millones de euros por beneficiario “salvo casos excepcionales debidamente justificados”. Técnicamente el importe no puede exceder los 250 millones de euros, y si lo hace no será el Consejo de Ministros quien apruebe el plan, sino la Comisión Europea. Sin embargo España se ha saltado esta norma con el caso de Air Europa: se le concedió un préstamo participativo de 240 millones y otro ordinario de 235 millones, es decir, un total de 475 millones. Como está dividido en dos ayudas se espera que la CE no diga nada, pero podría suceder. Habrá que ver cómo se tramita el préstamos a Celsa, a quien se espera que se le concedan 550 millones.

Sólo se conocen algunas de las solicitantes, ya que la inscripción es secreta y sólo se da a conocer si la empresa decide contarlo a prensa o esto se filtra por otras fuentes. Hay muchas empresas a las que no les interesa que se sepa porque cotizan en bolsa y el anuncio podría ser un golpe a sus cotizaciones.

Según El Confidencial, si ya hay más de una treintena de empresas que han pedido abonarse al Fondo de apoyo a la solvencia, es posible que llegue una oleada de nuevos solicitantes este mes, cuando muchas compañías cierran el ejercicio económico del año anterior. Además, todas ellas tienen de plazo hasta diciembre de 2021 para acceder al fondo, salvo que Bruselas amplíe el plazo oficial de situación crítica por la Covid.

Lista de empresas que se ha conocido han querido acceder:

En todos los casos en los que no se diga que ya han sido concedidos, la Sepi estaría estudiando los planes de viabilidad.

Algunas aclaraciones:

• Sobre Celsa: solicitó 700 millones, pero el SEPI ha respondido que limitará el rescate a 550 millones (esto no quiere decir que esté aún aprobado).
• Sobre Mediapro: Según fuentes de El Español dentro del SEPI, el grupo no cumpliría los requisitos previos, pero aún no hay nada en firme.
• Sobre Plus Ultra: hay bronca política porque la aerolínea está ligada a gente de confianza del gobierno de Maduro y llevaba años en pérdidas. Hay otros solicitantes de la lista que también estaban en pérdidas con anterioridad, pero aún no se les ha concedido.
• Sobre Globalia: es el holding que operaba Air Europa, cadenas hoteleras y la agencias de viajes Halcón Viajes, entre otros muchos negocios. Por todo esto la empresa está en pleno proceso de completa tranformación, habiendo vendido Air Europa, desmantelando Halcón Viajes y fusionándose con Barceló, con lo que hay que leer su solicitud como parte de algo más grande.

Qué condiciones tienen que cumplir estas y otras grandes empresas para acceder al fondo:

Son muchas, pero las más esenciales son:

1. Ser una sociedad no financiera y con domicilio social y principales centros de trabajo en España.
2. Ser una empresa estratégica, aunque aquí el concepto de estratégico es interpretable. Las empresas relacionadas con el turismo lo son, también las farmacéuticas, empresas de transporte, de comunicaciones, de seguridad y más.
3. Tiene que pasar por “severas dificultades de carácter temporal” y que esas dificultades se pueda auditar que sean a causa de la Covid, no por ningún otro motivo.
4. La empresa no debía ser ruinosas de antes, por lo que su situación debía ser óptima al cierre de 2019. También debe demostrar que está al día con Hacienda y que puede firmar contratos con la Administración (esto es, que no ha sido condenada en firme a perder la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas por irregularidades de ningún tipo).
5. Demostrar que se han agotado todas las otras vías posibles de financiación y que optar a estas ayudas es el último recurso.
6. Deben ser transparentes con el público con la ayuda recibida y en qué se gastará, aunque los términos y plazos de ofrecer esa información son flexibles.
7. No debían haber recibido apoyo estatal en los anteriores diez años.
8. La empresa ha de demostrar su viabilidad a medio o largo plazo.

¿Y qué pasa después con el dinero invertido por el Estado?

Depende del instrumento empleado. Si el préstamo es participativo (un producto que remunera al prestamista en función de la marcha de la empresa sin excederse en derechos políticos dentro de la misma), el plazo máximo de devolución serán siete años. Los préstamos ordinarios tienen seis años.

Asimismo, si han transcurrido cinco años y la empresa no ha devuelto el 40% de la aportación, tendrá que hacer frente a un 10% de intereses. Si han transcurrido siete años desde la aportación de capital, el montante del reembolso se incrementará adicionalmente en un 10% sobre la participación viva en dicho momento. En las sociedades cotizadas, dichos incrementos del reembolso se producirán transcurridos 4 y 6 años respectivamente en las condiciones que se establezcan en cada caso.

Hay algo más: mientras siga habiendo dinero del Fondo en la empresa, la actividad de la misma tendrá limitaciones, a saber, "no se permite a los practicar una expansión comercial agresiva financiada por las ayudas estatales ni asumir riesgos excesivos", y hasta que no se devuelva un 75% del apoyo público, la remuneración de los miembros de los Consejos de Administración u otras personas a cargo "no podrán exceder de la parte fija de su remuneración vigente al cierre del ejercicio 2019". Esto quiere decir que se prohíben las primas.