Alemania ha tumbado el límite al alquiler en Berlín. Se viene el drama con los pagos retroactivos

El Tribunal Constitucional alemán ha dado esta mañana la razón a los miembros de los grupos parlamentarios CDU, CSU y FDP que decidieron denunciar la Ley de límite de alquiler berlinesa que pusieron en marcha la coalición de SPD,Die Linke y los verdes a finales de 2019. Durante poco más de un año la ciudad ha vivido no sólo el límite a las subidas que se aplica en otras regiones alemanas (el Mietpreisbremse, que explicamos aquí), sino que también aplicó una bajada + congelación de los precios del alquiler en las zonas más tensionadas que duraría al menos cinco años.

Ahora la justicia ha dicho que la ciudad-Estado de Berlín se excedió en sus competencias, que debería haber recibido una cobertura jurídica por parte del país para poder aplicar el frenazo (algo parecido, aunque no igual, a lo que le puede pasar en Barcelona a su actual ley de control de precios). Y casi lo más importante para los centenares de miles de inquilinos afectados: el tribunal de Karlsruhe ha decidido que la normativa queda sin efecto desde el momento en que entró en vigor, es decir, el fallo tiene efectos retroactivos.

“Le debo 7.500 euros a mi casero”: este usuario alemán se lo explica a los lectores anglosajones: en el tiempo en el que ha estado en vigor el Mietendeckel, ha ahorrado según sus cálculos 7.500 euros anuales que ahora deberá pagarle a su arrendador si éste quiere reclamárselo. “Calderilla para un fondo multipropietario, un riñón para mí”. Su situación no es la única ni mucho menos, un periodista de Citylab contaba esta mañana: “si tenéis dudas de cómo de rápido van a actuar los caseros, un amigo mío en berlín me ha dicho que el suyo le ha pedido la renta acumulada del período hace quince minutos”.

Como ya contamos y también explican en El País, desde que se aplicó la congelación del alquiler y se sabía que la cuestión la dirimirían los tribunales, muchos, por no decir todos los arrendadores y anuncios para nuevos arrendamientos, advertían de que la diferencia entre el importe impuesto por el Mietendeckel y el que se había pactado antes de esa ley (o el que firmabas como “oficial” si entrabas al piso después de que se activase la norma) se le cobraría en cuanto la normativa quedase anulada. Según el portal The Local, las diferencias de precio de las viviendas afectadas oscilan, de media, entre 100 y 500 euros al mes.

¿Y cuánta gente va a tener que apoquinar y cuántos podrán hacerlo? La congelación afectó oficialmente a un millón y medio de viviendas. Como desde el minuto uno fue clara la posible inconstitucionalidad de la norma, todo aquel habitante de Berlín que pudo, estuvo informado y tuvo voluntad, ahorró en una hucha la diferencia de rentas, como sugerían incluso los propios miembros del Consistorio. Según una encuesta del banco Sparkasse, sólo en torno a un 47% de los berlineses reservó dinero, con lo que la mitad de los alquilados podrían tener que endeudarse.

Los grandes tenedores se pronuncian: Vonovia es el principal grupo inmobiliario del municipio. Su director ha sido el primero en anunciar que se desdicen en lo que habían anunciado a sus inquilinos y que no cobrarán la diferencia de forma retroactiva. Según declaraciones a De Spiegel, “teme por la seguridad de sus empleados”. Deutsche Wohnung, otro gran tenedor, ha dicho que sí cobrará, pero que facilitará herramientas para hacer pagos escalonados de la deuda “para que nadie se quede sin hogar”.

La pelea política: del lado del Gobierno federal y de los partidos conservadores del país están conformes con la resolución. A su parecer la norma nacional que ellos habían promovido, el Mietpreisbremse, era suficiente para combatir las subidas voraces de precios, y piensan que no habrá solución buena hasta que no se construya enormes cantidades de vivienda pública y privada. Como expusimos, la experiencia berlinesa les daba parcialmente la razón.

Por otro lado, el consejero de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de Berlín ha dicho que “la paz social está en peligro”. Las asociaciones de inquilinos están reclamando al gobierno central que actúe para bloquear los cobros retroactivos de las familias afectadas (y hay bastante apoyo dentro de todo el arco ideológico para hacerlo). Las iniciativas para expropiar 200.000 viviendas de grandes tenedores en Berlín están teniendo aún más acogida. Ya hay convocadas caceroladas contra la sentencia del Constitucional hoy mismo.

Tampoco parece que el asunto esté del todo cerrado desde el lado de la jurisprudencia. Según algunos columnistas, el gobierno federal se valió de la ley de prevalencia de competencias del organismo superior sobre el inferior ante un vacío legislativo sobre precio de arrendamientos, lo que no tendría por qué estar en consonancia con las Leyes Fundamentales. Según otros, habría caso para argumentar que la lógica aplicada en la resolución de hoy al considerar los precios como parte de interés de las leyes  de "vivienda" y no de arrendamientos no está bien planteada, con ecos a largos conflictos sobre constitucionalidad de medidas económicas que ya vivió Alemania en los años 50.