La amnistía está enfrentando a los jueces y al Gobierno por un concepto poco conocido en España: "lawfare"

El acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya para garantizar los votos necesarios para impulsar la investidura de Pedro Sánchez sigue creando tensiones en la esfera política. Y ahora en la judicial. Las asociaciones de jueces alertan de que el pacto para crear una ley de amnistía a los implicados en el procés supone una "evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes".

Lo hacen porque el documento recoge un término poco conocido en España: "lawfare". Un concepto anglosajón que se usa para definir la persecución judicial por razones políticas.

La amnistía. Tras varias semanas de negociaciones, PSOE y Junts han alcanzado un acuerdo. El resultado ha sido un documento de cuatro páginas, firmado por Santos Cerdán y Jordi Turull. El precio a pagar para lograr el apoyo de Junts y que Sánchez revalide su mandato. Este acuerdo incluye la aprobación de una ley de amnistía para todos los encausados por el procés y una mesa de negociación en la que participarán ambos partidos con un verificador internacional para tratar dos temas: el encaje de Cataluña en España y la financiación de la comunidad autónoma.

El acuerdo no incluye nombres y abarcará el periodo comprendido entre 2012 y 2023. Por lo tanto, cubrirá “ tanto a los responsables como a los ciudadanos” que han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a “los eventos” del procés durante ese tiempo.

Aquí el texto:

“Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”, señala el documento.

Qué significa "lawfare". El término se puede traducir, como recoge la Fundeu, como “instrumentalización de la Justicia” o, al revés, “judicialización de la política". Es en este apartado citado del acuerdo se mencionan precisamente los casos dentro del concepto lawfare, tal y como había venido reclamando la formación independentista catalana. Al no especificarse qué decisiones judiciales entrarían en la ley de amnistía, se ha acordado constituir, según el acuerdo, comisiones de investigación para los jueces implicados.

¿Qué tiene que ver? En este contexto, en la amnistía quedan incluidos todos los casos que han sido condenados en base a supuestos de abuso judicial. Tal y como explica el profesor y experto en política de la Universidad Europea, Moisés Ruiz, en este artículo de Newtral, para "los casos en los que se hizo política desde la justicia y se da a entender que, a esos condenados, su delito exclusivamente lo determinó una actividad judicial, que se puso durante unos determinados años al servicio de los intereses políticos".

Las asociaciones de jueces, en pie de guerra. La introducción de este concepto en el texto del acuerdo ha provocado una reacción en cadena de las cuatro principales asociaciones de jueces.  En ambos bandos del espectro político. Si bien la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria conservadora, ya había mostrado su rechazo a la amnistía de forma pública, ahora se suman las críticas de Juezas y Jueces para la Democracia, de corte más progresista. Incluso entre sus miembros hay varios jueces cercanos al Gobierno, incluida la actual ministra de Defensa, Margarita Robles. Todos han secundado un comunicado publicado en las últimas horas.

Uno en el que muestran su rechazo por esta referencia y por “las consecuencias” que pueda tener. Para las asociaciones de jueces, “podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”. Y señala: “Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución. “El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”.

Otros hechos más allá del "procés". Además, aunque aún queda conocer el texto de la  proposición de ley de amnistía, el acuerdo difundido recoge que la medida solo beneficiará a los hechos vinculados con el procés "directa o indirectamente", según el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Eso deja la puerta abierta a que las garantías puedan ampliarse a otras causas que ahora se quedan fuera, en función de lo que determinen las comisiones de investigación en el Congreso sobre el caso Pegasus y sobre los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils.

Imagen: GTRES

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