Aunque la amnistía logre tener encaje jurídico en España, el PSOE tiene algo más en su contra: el tiempo

La preparación de la ley de la amnistía ya está terminada. El Gobierno ha cerrado este fin de semana con los partidos catalanes el acuerdo que dará paso a la investidura de Pedro Sánchez. Todo sucede en medio de una oleada de protestas en la mayoría de ciudades del país. El calendario con el que trabaja el Ejecutivo, si no hay contratiempos, es el de registrar la ley en el Congreso este lunes. Pero a la ley aún le quedará enfrentarse a una carrera de obstáculos y plazos que durará semanas (e incluso meses).

A contrarreloj. Lo primero que hay que comentar en este punto de los tiempos es que, tal y como indica el artículo 99 de la Constitución, hay un plazo máximo para que Sánchez pueda ser investido antes de que hayan otras elecciones. Recordemos que en el caso de que ningún candidato se convierta en presidente del Gobierno, las Cortes se han de disolver dos meses después de que se realice la primera votación de investidura, es decir, el 27 de noviembre. Esa es la fecha límite que tiene Sánchez para aprobar una amnistía.

Procedimiento de urgencia. Para conseguirlo, hay que acelerar el proceso lo máximo posible. Y la fórmula elegida ha sido la de registrar la amnistía como una proposición de ley en lugar de un proyecto de ley, como estaba pensado inicialmente. Esto se debe a varias razones: un Ejecutivo en funciones no puede presentar proyectos de ley en el Congreso, según la ley del Gobierno. Y la proposición de ley evita que se elabore un anteproyecto y un preceptivo dictamen del Consejo de Estado, por lo que un procedimiento de urgencia reduce los tiempos a la mitad.

De esta manera, y ante la petición de los grupos independentistas catalanes de que la ley quede registrada antes de la investidura, la vía ha sido registrarla bajo una proposición de ley, que debe ir firmada por 15 diputados o por un grupo parlamentario, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara Baja.

Los plazos. Una vez se registre, el texto pasará a la correspondiente comisión y se abrirá un plazo de 7 días para la presentación de enmiendas, que se prevé que planteen tanto el PP como Vox. Estas se votarán en el Congreso y lo normal es que sean rechazadas. Luego habrá un tercer pleno en el que se apruebe definitivamente la norma, para a continuación enviarla al Senado. ¿Cuánto tiempo puede pasar? En el caso de la derogación de la sedición, desde que el Congreso tomó la norma en consideración hasta que se mandó al Senado pasaron 20 días.

La estrategia del PP para alargar el proceso. Hay que tener en cuenta que el PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado. Eso les otorga a los populares algo de margen para ralentizar la tramitación de la amnistía. El PP, de hecho, ha registrado una reforma del Reglamento del Senado (del artículo 133, concretamente), para dar poderes a la Cámara a la hora de decidir si es pertinente o no aplicar el procedimiento de urgencia a las proposiciones de ley que envíe el Congreso.

De esta forma, los populares podrían extender la tramitación de la ley en el Senado hasta dos meses. Además, también se prevé que la Cámara Alta vete la ley de amnistía, que deberá volver al Congreso para que sea ratificada otra vez más por los diputados. Esta vez con mayoría absoluta.

La última palabra la tendrá el TC. Son muchos los partidos políticos que ya han señalado que recurrirán la ley ante el Tribunal Constitucional, al igual que algunas comunidades autónomas, como Castilla y León. La activación de estas acciones obligará al TC a pronunciarse sobre la norma y en la cuestión de si es contraria a la Constitución. Mientras no decida si admite o no la cuestión, su simple presentación conlleva "la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial”.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el organismo ha dictado en el periodo democrático hasta 22 sentencias en las que se alude a la amnistía. Según la jurisprudencia, la discutida medida de gracia tiene encaje constitucional. Pero el TC podría dictar una sentencia en la que declare que la amnistía viola la Constitución.

Puede llegar a la UE. Y no solo eso. La ley de amnistía podría llegar perfectamente a un tribunal europeo que estudie si esta ley española es compatible con la UE, si respeta el Estado de Derecho y la independencia judicial. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el mismo al que acudirán los jueces españoles que cuestionan la ley de amnistía, avaló hace dos años la reclamación de un prófugo que había sido amnistiado, al concluir que la revocación de esa medida de gracia es compatible con el Derecho de la Unión.

La ley de la amnistía tiene muchas piedras en el camino, habrá que esperar a ver cómo el PSOE sortea todo ello a tiempo.

Imagen: Sergio R Moreno (GTRES)

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