Si de algo no se puede acusar al procés es de estancamiento. Hoy Anna Gabriel, antigua líder de la CUP en el Parlament de Catalunya, se ha declarado prófuga de la justicia española al anunciar su incomparecencia ante el Tribunal Supremo. Gabriel, como tantos otros dirigentes independentistas de un tiempo a esta parte, debía declarar ante los jueces acusada de sedición y rebelión. No lo hará.
Se suma así a la ya larga lista de huidos de la justicia que ha producido el procés independentista catalán. Gabriel es la primera que no se adscribía al Govern que activó la Declaración Unilateral de Independencia el pasado 27 de octubre. Pese a que su liderazgo al frente de la CUP quedaba agotado con el fin de la legislatura, el juez del Supremo consideró relevante aclarar en qué términos participó o no en los hechos de septiembre-octubre.
Al igual que Carles Puigdemont, cuya estancia en Bélgica se alarga ya tres meses, Anna Gabriel ha considerado que el proceso judicial está trampeado en su contra, motivado por sus ideas políticas y sin las garantías suficientes como para afrontarlo con seguridad. Su solución al dilema ha sido la misma: huir. En este caso a Ginebra, Suiza, donde se mantendrá durante los próximos días.
¿Pero por qué exactamente y qué puede pasar a partir de ahora? Algunas claves.
El papel de la CUP en la DUI
El caso de Gabriel es extraño por un motivo: la CUP jamás formó parte del gobierno independentista que activó la DUI. Su grupo parlamentario sí participó activamente en la defensa del referéndum y apoyó sin tapujos una DUI dura, clara y nítida que desconectara a las instituciones catalanas del Estado español. Pero su papel ejecutivo en el plan era, como poco, borroso.
Al igual que su compañera Mireia Boya, la imputación de Anna Gabriel viene de lejos: ambas fueron imputadas por el Supremo a finales de diciembre, una vez la Guardia Civil hubo remitido diversos informes que asociaban a sus figuras a una incierta "cúpula del procés". En teoría, Gabriel y Boya habrían formado parte del Estado Mayor de la causa independentista que habría aunado a diversas personalidades políticas de todos los partidos secesionistas.
Anna Gabriel el día que firmó la falsa DUI del 10 de octubre. (Gtres)
La Guardia Civil lo argumenta en base a "Enfocats", una serie de documentos incautados a la mano derecha de Oriol Junqueras en el Govern, Josep Maria Jové, en los que se dibuja un "comité estratégico" para la hoja de ruta independentista. Dicho comité, en la documentación de Jové, incluiría a los dirigentes de todos los partidos adscritos a la causa independentista, incluida la CUP.
Si bien es cierto que el grupo parlamentario de la CUP participó tanto en las leyes de desconexión de septiembre como en las votaciones y comisiones parlamentarias que culminaron en la DUI de octubre, su papel dentro del Estado Mayor es más difuso. Dado el peculiar modelo asambleario de la CUP, Boya o Gabriel no habrían participado de forma necesaria en las reuniones del comité estratégico, al ser meras líderes parlamentarias y no representantes oficiales del partido.
Rebelión y sedición, la acusación general
Por todo ello, amparado en las informaciones remitidas por la Guardia Civil, el juez Llarena decidió imputar tanto a Mireia Boya como a Anna Gabriel, dando un plazo de mes y medio para preparar su defensa. Hasta hoy, era incierto si Gabriel acudiría o no.
De Boya hubo menos dudas: ella misma afirmó que se personaría en el Supremo y que defendería la postura de su partido en la declaración de independencia. La declaración de Boya fue peculiar, con un breve intercambio de pareceres con Llarena a cuenta de una entrevista del juez en 2012, y en un tono cordial. Boya no juró la constitución y, al contrario que otros imputados de ERC o del PdeCAT, sí afirmó que la independencia tenía un carácter práctico desde el primer minuto.
Mireia Boya frente al Tribunal Supremo, el día de su declaración. (Víctor J. Blanco/AP)
Las palabras de Boya fueron peculiares porque rompieron con la dinámica previa de otros imputados. Al contrario que muchos de ellos, especialmente los consellers, Llarena no solicitó prisión preventiva. Boya se marchó del Supremo por su propio pie, sin fianza mediante. Cuestión distinta era, y finalmente ha sido, la actitud que tomaría Anna Gabriel en el mismo proceso.
"Idear, orientar y dirigir": de qué se le acusa
A priori, Gabriel se marchó a Suiza para preparar su defensa. Diversas fuentes indicaban que no volvería. La acusación de Llarena es simple: rebelión y sedición, amparado tanto en Enfocats como en otros informes de la Guardia Civil por los cuales Gabriel habría "ideado y pergeñado el proceso de ruptura que se investiga" en colaboración con otros dirigentes políticos ya investigados.
Según Llarena, los miembros del comité estratégico identificado por la Guardia Civil, al que Gabriel pertenecería, "diseñaron, orientaron, dirigieron y controlaron la implementación de sus planes para la creación de un estado soberano y quienes movilizaron los recursos humanos y materiales para ello". Es decir, iniciaron el proceso de desconexión. Dado que el mecanismo y el plan se habría orquestado de forma conjunta, Gabriel era responsable a un mismo nivel que Junqueras o Rovira.
Y de ahí la acusación de rebelión y sedición, además de malversación. Como ya vimos en su momento, ambos son dos de los delitos más graves tipificados en el Código Penal español. Pese a las dudas de numerosos juristas sobre su viabilidad (especialmente el de rebelión, el más grave, que implica explícitamente la utilización de "violencia"), otros argumentan que los autos y la justificación del Supremo es inapelable.
Las penas de cárcel varían entre los 15 y los 30 años.
Huida a Suiza e incertidumbre
Gabriel llevaba desaparecida de la arena pública desde las elecciones del pasado diciembre. En un principio, debía declarar el 14 de febrero, pero su defensa solicitó un aplazamiento al 21 del mismo mes, mañana. Se habían barajado toda clase de teorías, incluyendo una teórica y fantasmagórica marcha a Venezuela. El sábado se supo, sin embargo, que estaba en Suiza.
Hoy la publicación de una entrevista en el periódico local Le Temps ha confirmado lo que muchos ya anticipaban: Anna Gabriel opta por la vía Puigdemont y se marcha a otro país a la espera de que su situación judicial se resuelva... O no. La cuestión es si el juez Llarena solicitará la extradición a las autoridades suizas o no. Su política reciente al respecto, como vimos en Dinamarca, es clara: prefiere esperar a su regreso y no mutilar la causa.
Llarena no pidió la intervención de las autoridades danesas cuando Puigdemont acudió a Copenhague por el mismo motivo por el que anuló la euroorden semanas antes: una extradición implica que el país emisor, en aquel caso Dinamarca, en este Suiza, puede interponer condiciones, lo que limitaría la acción legal del Supremo si, por ejemplo, Bélgica hubiera extraditado a Puigdemont sólo por extradición y no por rebelión o sedición.
Puigdemont aún sigue en Bélgica. (Thierry Roge/AP)
Pese a que Suiza no forma parte de la Unión Europea, sí se adhiere a Schengen y se atiene a las mismas reglas y normas que los estados miembros en materia de euroórdenes y extradiciones. La euroorden requiere, eso sí, que el país receptor tipifique el delito del que se acusa en el emisor, en este caso rebelión, sedición no malversación
Aunque Suiza no los menciona de forma explícita, sí cuenta con artículos similares. El más homologable sería el 256 de su Código Penal, por el que se pena a "cualquier persona que lleva a cabo un acto con el objetivo, a través del uso de la violencia, de cambiar la constitución de la Confederación o de un cantón o deponer a las autoridades estatales designadas constitucionalmente". Es decir, un supuesto (el de la independencia de un cantón) comparable al catalán, pero que al igual que la rebelión española, requeriría de violencia.
Cuestión distinta es si Llarena activará la orden, o si las autoridades suizas estarán dispuestas a colaborar sin mayores cortapisas. Al igual que en el caso de Puigdemont, un juez suizo se encargaría de revisar la causa y la petición del Supremo y de establecer si hay base suficiente para proceder a la extradición, o si por el contrario se trata de un delito político (para los cuales Suiza no contempla la extradición). Otro enredo a resolver.
