Como ya sucediera durante el pasado invierno, España se aproxima a la Navidad en plena escalada de contagios. El Ministerio de Sanidad declaró ayer más de 79.000 casos durante el fin de semana, aún lejos del récord fijado en enero. La IA supera ya los 600 casos por cada 100.000 habitantes. Pese a que hay un decalaje entre los positivos confirmados y los ingresos hospitalarios o las muertes, mucho más bajas en proporción, las cifras han activado las alertas de las autoridades.
Y han regresado viejos conocidos.
A casa de nuevo. El primero es el toque de queda. La Generalitat de Catalunya ha vuelto a solicitarlo para las horas de madrugada. La restricción de la movilidad nocturna fue una de las medidas estrella del último Estado de Alarma, el más largo: se prolongó desde finales del verano hasta principios de junio. 226 días en los que la IA subió y bajó al margen de la restricción. Diversos gobiernos autonómicos han intentado aplicarlo sin el paragüas del Estado de Alarma, con suerte dispar.
Al aire libre. La otra medida que podría regresar es la mascarilla al aire libre. Ayer cinco comunidades autónomas (Euskadi, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía) solicitaron al gobierno reimplantarlas obligatoriamente. Urkullu ha sido uno de los presidentes más claros al respecto: "Es urgente la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores y armonizar las medidas preventivas". La medida, al igual que el toque de queda, desapareció el pasado junio.
La evidencia. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Lo mismo que decía hace algunos meses. La mayor parte de los contagios se producen en espacios cerrados y tras horas de convivencia sin mascarillas. Son numerosos los estudios que acreditan el bajo riesgo de infección al aire libre, lo que relativiza la necesidad de utilizarla en exteriores. Fueron pocos los países que obligaron a llevarla en todas las circunstancias sociales, también al aire libre. España, en ese sentido, extremó el celo.
¿Y la noche? Los toques de queda, por su parte, surgieron como una reacción al ocio nocturno y a los botellones. Aquí sí hubo unanimidad entre los estados europeos, aunque la evidencia también fuera débil. España vivió dos grandes olas mientras estuvo vigente; mientras que las actividades antes destinadas a la noche simplemente se adelantaron. Los estudios comparados sobre su efectividad son claros: no aportan el suficiente beneficio como para neutralizar sus enormes costes.
¿Y Atención Primaria? El tanteo de ambas medidas ha causado revuelo mediático. En especial por el mensaje que envían: las comunidades se aferran a restricciones fáciles de implementar pero de dudosa efectividad antes que a políticas útiles para lidiar con la ola de contagios. Y es aquí donde entra el colapso de la Atención Primaria. En casi todas las comunidades los centros de salud están desbordados. En muchas de ellas, la trazabilidad o las PCR son inexistentes. Dos años después, la Sanidad no tiene más recursos para lidiar con la pandemia.
🏥 Pacientes COVID-19 ingresados en España desde el inicio de la pandemia pic.twitter.com/s5YCUvU7df
— Miguel Ángel Reinoso (@mianrey) December 20, 2021
En números. En noviembre, la SER ponía cifras a la precariedad del sistema sanitario. Antes de que ómicron disparara los contagios, las comunidades autónomas tenían previsto dar de baja al 40% de los sanitarios contratados durante la pandemia, un total de 28.000. Regiones como Aragón, Extremadura, Murcia o Cantabria habían despedido o no renovado ya por entonces a más del 60% de su plantilla extraordinaria. Andalucía había dado de baja a 8.000 de los 20.000 contratados por la crisis.
Lo mismo vale para los rastreadores, de por sí siempre escasos. Cantabria prescindía de la mitad de ellos en noviembre; Euskadi llegó a la nueva ola con 160 menos que en verano; Andalucía redujo su número en un 20%; Aragón se desprendió de todos ellos y derivó las labores de rastreo a los centros de salud, ya muy sobrecargados. Similares palabras se pueden escribir sobre Navarra y Euskadi.
El enfado. A las puertas de la sexta ola, los resultados son claros: saturación de los centros de salud, escasez de antígenos en farmacia, comunidades que no rastrean ni realizan PCR a contactos estrechos y largas listas de esperas (de hasta 72 horas) para tramitar una baja laboral o una consulta médica. El sistema sanitario ha vuelto a colapsar. No en los hospitales (donde la situación es buena en comparación a olas precedentes) pero sí en Atención Primaria, la primera puerta a la que llaman los españoles.
Como es lógico, la recepción pública de futuros toques de queda o restricciones más severas choca con la situación de Atención Primaria. Son sacrificios grandes a nivel social y económico. Unos que, al menos de puertas hacia afuera, no han tenido correspondencia por parte de las autoridades.
Imagen: Sergio Pérez/Reuters
