Australia confiscó las armas a sus ciudadanos. Desde entonces no ha tenido tiroteos masivos

El titular de The Onion es dolorosamente cierto: "'No hay forma de prevenir esto', dice la nación donde esto pasa con regularidad". Estados Unidos es una anomalía planetaria. Ningún otro país cuenta con tantas armas de fuego por habitante, y ningún otro país sufre con tanta frecuencia las devastadoras consecuencias de los tiroteos masivos. El de ayer, en una escuela de Texas, se ha saldado con 20 muertos (niños en su mayoría).

Los datos son surrealistas: sólo en lo que llevamos de 2022 las autoridades han registrado más de 200 tiroteos, 27 de ellos en escuelas. Anualmente, el número de muertos atribuible a episodios de este tipo, en la práctica ejercicios de terrorismo doméstico, supera con creces a los directamente asociados al terrorismo convencional. Sin embargo, mientras el segundo es una emergencia nacional, el primero no.

De forma habitual, quienes defienden la existencia de la Segunda Enmienda y el derecho a portar cualquier tipo de armas, sin apenas "background checks", lo hacen en torno a dos argumentos. Primero, es una forma de protección contra la tiranía. Segundo, Estados Unidos es particular: ningún otro país tiene su historia, su tamaño demográfico, sus particularidades culturales. No hay casos comparables en el resto del globo terráqueo, ejemplos a los que aferrarse.

Ahora bien, ese segundo argumento obvia una historia muy similar. La de Australia.

Port Arthur, la gota que colmó el vaso

Al igual que Estados Unidos, Australia fue una dependencia de la Corona Británica colonizada a fuerza de violencia y explotación. Cuando los primeros colonos se asentaron, lo hicieron en una tierra vastísima, repleta de amenazas y con una administración política débil. Si aquellas personas querrían defenderse, tendrían que hacerlo en sus propios términos. Durante siglo y medio, ambos países permitieron a sus convecinos guardar armas de fuego.

Hasta que sucedió Port Arthur.

En 1996, un tiroteo en la atracción turística más popular de Tasmania, un ex-presidio colonial, acabó con la vida de 35 personas, hiriendo a otras 23. Fue el tiroteo masivo más grande jamás registrado en Australia, y motivó un escándalo y debate público que, en última instancia, obligó a los políticos conservadores australianos a afrontar la dura realidad. Si querían detener el elevado número de "mass shootings" del país, tendrían que confiscar las armas de sus votantes.

Al igual que Estados Unidos, Australia había mantenido un irregular conjunto de legislación en torno a la posesión de armas. La jurisdicción era territorial, y no correspondía al Gobierno Federal pronunciarse sobre el asunto excepto acuerdo pleno de todos los gobernadores. Así, en regiones como New South Wales (la más urbana y progresista) la posesión se había abolido en términos generales después de la Segunda Guerra Mundial, mientras en otras, como en Queensland, no.

Las diferentes sensibilidades geográficas y políticas de los votantes australianos configuraban un clima social, a menudo, enconado. Los votantes rurales y conservadores del Partido Nacional (siempre en alianza electoral con el Partido Liberal, también conservador pero con un perfil más urbano) se oponían de forma furibunda a cualquier tipo de regulación, mientras que grandes sectores liberales y laboristas la observaban como un paso necesario.

El clima cambió decididamente tras una serie de matanzas entre mediados de los ochenta y de los noventa, estallando de forma definitiva tras Port Arthur.

Es aquí donde entra en escena John Howard, líder del Partido Liberal (y por tanto de la Coalición que incluía al Partido Nacional, de votantes reacios) y primer ministro australiano desde 1996. Howard se había definido como un crítico de la posesión desregulada de armas desde la oposición, y su acceso al gobierno le permitió implementar una serie de reformas que, de forma extraordinaria, terminarían en el National Firearms Programme Implementation Act 1996.

Ir contra tus votantes, a veces, es lo adecuado

Port Arthur ofrece algunas similaridades con el caso americano. Al igual que ahora, había un sector de votantes muy reticente, cuando no beligerante (un grupo de pro-armas trató de afiliarse al partido Liberal con objeto de desestabilizar la balanza interna favorable a la regulación), en contra de cualquier tipo de regulación. La base de la oposición tendía a ser rural y conservadora, y sostenía, en parte, las aspiraciones electorales de la Coalición.

Y del mismo modo, Australia contaba con un amplio espectro social que, si bien no favorable 100% a la abolición de la regulación, optaba por fórmulas que restringieran de forma mucho más clara la posesión de armas semi-automáticas, las causantes de los peores tiroteos. Al contrario que sus colegas republicanos, Howard se lanzó a la regulación previendo un taxativo rechazo por una sección sustancial de sus votantes (lo que incluyó abucheos públicos o que Howard acudiera con chalecos antibalas a algún foro público).

El mérito de Howard fue convencer a los gobernadores de los estados para que aceptaran el proyecto federal. La constitución australiana no permitía que el gobierno central levantara legislación en contra del deseo de los estados, por lo que necesitó de la colaboración consciente de figuras como Tim Fischer, líder del Partido Nacional, o Rob Borbidge, premier de Queensland, el estado más conservador, para aprobar el proyecto de ley. Borbidge lo hizo, muy a su pesar político: perdería su reelección hundido en su baja popularidad.

En el plazo de tres meses, el gobierno federal redactó, debatió y aprobó con apoyo de casi todos los partidos el NFA, y confiscó y destruyó alrededor de un millón de armas de fuego automáticas y semi-automáticas.

A largo plazo la política fue un éxito. Las matanzas públicas desaparecieron hasta convertirse en elementos residuales de la sociedad. La tasa de homicidios bajó, y también la de suicidios a causa de armas de fuego. En 2002 el gobierno federal recrudeció las condiciones para acceder a determinadas armas de fuego a consecuencia de otro tiroteo. A día de hoy, hay permisos para portar expedidos por todo el país, pero tanto la tipología de arma como las condiciones son duras.

En esencia, un grupo de políticos australianos decidió sacrificar parte de su capital político para atender a una urgencia social. Las consecuencias, en el largo plazo, han sido muy positivas. La tenencia libre de armas es una cuestión políticamente muerta: no hay voces en la agenda mediática que reclamen su regreso. Y lo más importante de todo: los tiroteos (y las víctimas mortales) se redujeron drásticamente.

El ejemplo australiano es un cóctel perfecto que puede trasladarse de forma mimética a Estados Unidos. Cuestión distinta es que el clima político estadounidense lo acepte algún día.