Hace unas semanas se aprobó la segunda pata de la reforma de las pensiones, un cambio en la legislación impulsado por el Ministerio de José Luis Escrivá que tiene el objetivo de blindar la hucha de las pensiones y reforzar sus ingresos. Llega en un momento crucial, uno en el que el sistema laboral se enfrenta a un envejecimiento imparable y en el que la generación del baby boom está a las puertas de entrar en la jubilación.
Tal y como contamos en este otro artículo, mantener el sistema de pensiones va a tener un coste importante. Y repercusiones en muchos sectores de la economía, especialmente en el caso de los autónomos y las empresas, cuyas cotizaciones van a cambiar.
Objetivo: inflar la hucha. Como decíamos, la reforma tendrá un impacto considerable para los trabajadores por cuenta propia, un conjunto que tendrá que aportar ni más ni menos que casi el 40% de los ingresos adicionales destinados a mantener el sistema de pensiones hasta 2032. Según previsiones de la Seguridad Social, el total de esos ingresos extra para paliar el déficit rondaría los 20.000 millones y uno de cada tres euros destinados a la hucha procederá de las carteras de los autónomos.
¿Cómo? El nuevo impuesto llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) se ha traducido en una subida de las cotizaciones. Hasta ahora, los negocios con empleados a su cargo pagan un 0,5% más que asume la empresa y un 0,1% que asume el trabajador. Pero la reforma dejará de ser del 0,6% e irá subiendo una décima cada año hasta llegar al 1,2% en 2029. Ese nuevo mecanismo sobre la base de cotización también implica que la cuota de un autónomo se incremente.
En 2032 cada autónomo tendrá que aportar 2.500 euros de media al año a la hucha de las pensiones. Según el Gobierno, de esta manera se conseguirá incrementar el gasto en pensiones al 15% del PIB frente al 12% actual.
¿Qué dicen los autónomos? Según el Barómetro de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que refleja las previsiones de los autónomos para su desarrollo empresarial, la reforma afectará negativamente a la actividad del 77,2% de los autónomos. De hecho, sólo el 8,3% la respalda, mientras que el 48,1% la considera perjudicial para su competitividad. Incluso un 29,1% señala que no podrá asumir las cargas que la nueva ley conlleva.
Además, nueve de cada diez autónomos piensa que las trabas administrativas han ido en aumento en los últimos tres años. Y lo que es peor: el 38% de ellos considera que sus ingresos se han reducido, mientras otro 38% cree que se ha mantenido igual.
El "hachazo". El presidente de la asociación, Lorenzo Amor, señalaba hace unos días que la reforma es "un hachazo", ya que "no es buena para el empleo" y "allanará" el camino a la economía sumergida: "Sube las cotizaciones tanto como autónomo como empleador, el MEI se duplica y el Gobierno ya prevé en 2026 una recaudación extra de 1.800 millones, 600 euros de media por autónomo”, explicaba.
Sube la pensión mínima de jubilación. Por otro lado, la nueva legislación también introduce otras novedades que afectarán a todos los autónomos que ya no estén en activo, es decir, a los jubilados. Prevé una subida de al menos un 22% en las pensiones mínimas para 2027 de los autónomos, incluidos aquellos que no alcancen los requisitos para cobrar el 100% de su pensión, lo que supone 3.000€ más al año en algunos casos.
Las pensiones contributivas dependen de la cotización del autónomo y se calculan en función de las aportaciones que este haya hecho a la Seguridad Social. Sin embargo, en algunos casos, puede percibir una cuantía independiente a sus bases de cotización. Según cálculos de AutónomosyEmprendedores, a día de hoy, a cualquier pensionista en esta situación y con más de 15 años cotizados le corresponderían como mínimo 13.526€ euros anuales. Con la reforma, la pensión pasaría a ser en 2024 de 14.500€ al año.
Imagen: Gül Işık (Pexels)
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