Barcelona y Lisboa intentan reconvertir alquileres turísticos al largo plazo. Y están fracasando

Como ya vimos, la debacle turística provocada por la pandemia ha afectado a miles de grandes y pequeños propietarios de viviendas en los centros de las ciudades más tensionadas. Hablar de una temporada perdida es, en algunos casos, quedarse corto. Es algo que ya se esperaba que ocurriese en abril y mayo y que se ha terminado de confirmar en la segunda ola. Así es como han actuado dos ciudades estratégicas.

El caso lisboeta. Se trataba de un plan que ya tenían en marcha antes de que comenzase la pandemia, pero el Ayuntamiento, aprovechando la coyuntura, ha decidido redoblar su apuesta inicial: si la ciudad tiene 20.000 apartamentos turísticos que al menos en un gran porcentaje han provocado que el precio medio del arrendamiento subiese un 60% en tres años, algunas de ellas se podrían reconvertir al alquiler tradicional. La nueva iniciativa ofrece a los propietarios 1.000 euros mensuales asegurados, con 36 mensualidades adelantados por el propio consistorio y que a cambio te pide que debas garantizar el alquiler durante cinco años. Es también el Ayuntamiento el que se hace cargo de la búsqueda del inquilino y todas las gestiones.

¿Será suficiente? Se cree que no. Hay presupuestados 4 millones de euros, lo que sólo cubriría el alquiler de 1.000 propiedades. Y, a parte, el precio medio de un alquiler en la capital es de 1.492 euros mensuales, lo que incentiva a esperar a que escampe ahora que se ve el final del túnel pandémico. Bloomberg muestra la diferencia de rentabilidad aún en tiempos de Covid de los pisos turísticos, próximo a los 2.000 euros al mes. El gobierno nacional se ofrece, eso sí, para duplicar de sus cuentas ese presupuesto si hay suficiente interés. Hasta julio sólo habían recibido 177 solicitudes.

Lo que sí se ha conseguido es llamar la atención de Oporto, quien planea lanzar su propia versión, otra ciudad muy necesitada de un alivio como este.

Y la Ciudad Condal: El Ayuntamiento de Barcelona ofreció en verano a la patronal de pisos turísticos, Apartur, un acuerdo muy similar al portugués. Ahora que no iba a haber turistas, el municipio se comprometía a ofrecer hasta 1.200 euros mensuales para el próximo año o hasta tres años. Dinero fijo y seguro que se ofrecía a los casi 10.000 alojamientos registrados en la ciudad para poder poner en marcha un alquiler social. La propia patronal reconocía que eran condiciones muy buenas. Sin embargo el número de pisos inscritos en más de tres meses ha sido de 22. Un 0.2%. El sector reconoce que hay una "resistencia" ilógica por parte de los propietarios, cuyo nivel de movimiento no tiene parangón con respecto a la temporada pasada (desplomes del 50-60%), y ahora que estamos en plena segunda ola es mucho menor.

¿Cuál ha sido la solución de los caseros? Una, pasar muchos pisos al alquiler tradicional, aunque no social, y la otra, permitir firmas de alquileres tradicionales pero con cláusula de estancias cortas e inferiores a 11 meses, esquivando la ley de arrendamientos vigente y pudiendo subir los precios el año que viene.

No son los únicos: son muchas ciudades las que han visto en la coyuntura necesaria la oportunidad dorada. Como recoge The Guardian, hace poco Ámsterdam prohibió los alquileres vacacionales en el casco antiguo e impuso restricciones en otros vecindarios. República Checa está empezando a confeccionar una legislación para regular el turismo. Toronto ya ha empezado a obligar a hacer registros de visitantes, un primer paso para el cumplimiento de ordenanzas y limitaciones de precios. Venecia ha llegado a acuerdos para reconvertir pisos turísticos en oferta para universitarios, y Reino Unido facilitó 3.300 viviendas a personas sin medios en lo más duro de los confinamientos.

Otras propuestas similares podrían empezar a aflorar: una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE ha confirmado que limitar los alquileres se trata de una medida “de razón imperiosa de interés público” debido a la escasez de oferta en las ciudades “que justifica la regulación”. Es allanar el camino a futuras leyes Elanes. Bordeaux, Lyon y Montpellier, entre otras, ya han pedido al estado francés que les permita poner límites.

Tan interesante como esto fue el comentario de Ian Brossat, político a cargo de la vivienda en París y mano derecha de Anne Hidalgo. Férreo enemigo de Airbnb, dijo que la ciudad intentaría comprar la máxima cantidad posible de vivienda turística en el centro de la ciudad, ahora parada por el coronavirus, para recolocarla en el mercado de alquiler social a un precio al menos un 20% inferior al precio de mercado para así destensionar la zona. Hay una oportunidad de que su plan funcione: un 22% del parqué es VPO y gastan 400 millones de euros al año sólo en facilitar estos pisos.