El grupo parlamentario de Vox ha presentado una proposición de ley para regular, limitar y prohibir la verificación de determinadas informaciones en redes sociales. Se trata del punto culminante de una larga batalla iniciada por la formación de Santiago Abascal tiempo atrás. De recabar los suficientes apoyos, la ley pondría severas trabas al trabajo de algunos medios especializados en verificar bulos.
Qué plantea. Según Vox, las redes sociales han externalizado la verificación de noticias a medios de comunicación con intereses "partidistas" y "sediciente pretensión". En esencia, impugna la labor de cabeceras como Maldita o Newtral al entrever una motivación ideológica en su trabajo. También la de EFE, involucrada parcialmente en el proyecto de Facebook, y por extensión, según ellos, el propio gobierno. Es el atajo que toman para declarar lo siguiente:
Las autoridades gubernativas vienen realizando una verificación de noticias falsas en las redes sociales (con no pocas intrusiones en lo que es cabalmente opinión) carente de toda regulación legal propia y con una amplitud e instrumentos que se ignoran, con el fin declarado de, cuando menos, "minimizar" la crítica en las redes sociales a la acción política del Gobierno actual.
Solución. Como hemos visto en otras ocasiones, esto es falso. El gobierno no verifica las noticia ni las censura. Tampoco los verificadores oficiales que en el mejor de los casos (Facebook), funcionan como herramientas de consultoría. La decisión última de vetar contenidos siempre corresponde a las plataformas, entidades privadas sobre las que, a este respecto, no opera regulación alguna. De ahí que Vox desee:
- Que la verificación "sólo puedan llevarla a cabo personas y entidades no partidistas ni dependientes, salvo que el titular (...) declare públicamente el carácter partidista y/o dependiente".
- "La prohibición de la verificación de noticias falsas por las autoridades gubernativas" y "la prohibición de toda verificación de opiniones".
- Y "la atribución de competencia exclusiva sobre cualesquiera cuestiones atinentes a la verificación de noticias falsas al poder judicial".
Qué implica. En esencia, Vox quiere que todos los verificadores se declaren incompetentes (porque nadie está libre de ataduras ideológicas) o que... Reconozcan un vínculo "partidista o partidario", y que por tanto su trabajo quede automáticamente deslegitimado. También imponer severas trabas a varias libertades consagradas en la Constitución, como son la de expresión o prensa. Y por último, proteger las opiniones: no son hechos, no son verificables, deben tener protección legal.
En esencia, Vox reclama poder opinar lo que d, esto es falso. El gobierno no verifica las noticias ni las censura. Tampoco los medios de comunicación, que en el mejor de los casos (Facebook), funcionan como herramientas de consultaría. La decisión última de vetar contenidos siempre corresponde a las redes sociales, entidades privadas sobre las que, a este respecto, no opera regulación alguna. De ahí que Vox desee:s
El contexto. ¿Qué está pasando? Que hay una batalla abierta por la verificación de noticias. Una en la que no sólo participa Vox. El gobierno también ha sido muy vocal en la regulación de bulos, planteando cambios legislativos que castigarían penalmente a "aquellos que contaminan la opinión pública". Y al igual que Vox, Unidas Podemos ha sido extremadamente crítica y agresiva contra los medios de comunicación que han publicado noticias u opiniones en su contra.
Antecedentes. Vox ha llevado la batalla un paso más allá, aunque su viabilidad parlamentaria es baja. Con anterioridad, el partido ya acusó a WhatsApp de censurar sus "mensajes" mediante el límite de reenvíos, algo incorrecto a todos los niveles. También cargó contra Facebook y Maldita cuando una publicación de Abascal, falsa, fue acompañada de un pequeño mensaje advirtiendo sobre la naturaleza fraudulenta del contenido.
No se trata de una dinámica exclusiva de España. Estados Unidos atraviesa un debate muy similar a cuenta de Facebook, uno que ha levantado suspicacias a ambos lados. Es el último coletazo de unas redes sociales cuyo rol ha transmutado de "empresa privada" a auténtico foro público.
Imagen: Daniel González/GTRES
