Caso Euskaltel: cómo funcionan las amenazas por carta en Alemania, donde descargar es multa segura

El caso Euskaltel ha revivido un fantasma que parecía enterrado en la memoria popular de los españoles: terminar en los juzgados por haber descargado una película o una seria. Algunos clientes de la operadora vasca recibieron en mayo cartas amenazadoras por parte de una productora: si no abonaban pagos de entre 150€ y 1.300€, serían llevados a los tribunales por compartir sus obras audiovisuales en la red. Se trataba de un hito. Por primera vez a gran escala, un juzgado, en este caso de Bilbao, obligaba a las operadoras a desvelar información personal sobre sus clientes (la IP) a un agente de la industria cinematográfica.

Hoy sabemos que Movistar se ha visto obligada a similares medidas en una amplia panoplia de provincias. Es un fenómeno nacional. Y uno que recurre a un precedente inevitable: Alemania.

La práctica. Es una cadena de acontecimientos habitual en el país germano: un usuario abre su programa de torrent favorito, selecciona una película, la descarga y al cabo de los días se topa con una carta (Abmahnung) reclamando el pago de 1.000€ en concepto de daños y perjuicios. La misiva la firma un despacho de abogados en representación de una productora, e incluye la fecha, el lugar y la dirección IP desde la que se realizó la descarga. Se trata de una táctica muy agresiva que representa una excepción dentro de los ecosistemas legales europeos. En Alemania, es legal. Y los usuarios, generalmente, tienen todas las de perder.

¿Por qué? Por una serie de enmiendas a la Ley de Propiedad Intelectual (Urheberrechtsgesetz) aprobadas por el parlamento alemán a finales de la pasada década. En aquellas, se habilitó una marco jurídico para que la industria cinematográfica pudiera cargar contra los usuarios de forma individual. La sección 97, uno de los artículos más polémicos de la ley, obliga a las operadoras a desvelar la dirección IP de sus clientes si descargan ilícitamente material audiovisual. La industria externaliza el proceso en despachos de abogados que, a su vez, contrata a empresas especializadas en la búsqueda de infractores.

Al contrario que en otros países de Europa, Alemania ofrece un colchón legal para perseguir a quienes descarguen.

¿Funciona? Como experimentaron nuestros compañeros de Xataka en su momento, sí. Según algunas empresas especializadas en las descargas de contenido, tan sólo el 2% de los internautas alemanes frecuenta programas de P2P, un porcentaje ridículo comparado con el 27% de Bulgaria o el 46% de Letonia. El Partido Pirata alemán lleva lustros batallando contra los términos actuales de la Ley de Propiedad Intelectual (con cierto éxito electoral). En sus términos actuales, la ley es generosa con el demandante: castiga al titular de la IP, aunque no se pueda demostrar que éste fuera quien descargara la película o serie en cuestión.

Lo frecuente de las cartas y lo abultado de las multas ha desincentivado al máximo las descargas. El streaming no tanto, dado que las IP sólo se almacenan temporalmente en sus servidores.

¿Qué hacer? Si vives en Alemania y te llega una Abmahnung, el protocolo recomendado es simple: no ignores la carta aunque no hayas hecho nada mal, no firmes nada sin la aprobación de un abogado, y reacciona a la mayor brevedad posible pero no abones la multa sin haber consultado antes con un experto en la materia. Es un terreno farragoso, no sólo por la proverbial jerga leguyela sino también por los confusos términos en los que se redactaron los artículos de la Urheberrechtsgesetz, y que inflan las cantidades monetarias exigidas al demandado. Lo ideal siempre es ponerse en contacto con asociaciones del consumidor.

¿Comparable? Sí y no. Sí porque el procedimiento abierto por el juzgado de Bilbao y continuado por otros en Madrid o Cádiz sigue los mismos pasos que la ley alemana: se identifica una descarga, se exige por la vía judicial la IP y se envía una carta. El problema es que la jurisprudencia española no es en absoluto unánime al respecto: hace un año, un juzgado de San Sebastián exculpaba a los demandados mientras otro en Bilbao, a escasos cien kilómetros, obligaba al pago de 150€. En España la IP no es prueba suficiente para condenarte por una descarga, y las redes P2P tienen un estatus difuso entre lo legal y lo ilegal (si hay lucro).

La cuestión es que el caso Euskaltel, ahora también Movistar, ha abierto una brecha. Y podría tener consecuencias determinantes a la hora de acercar (o no) a España a un escenario como el de Alemania.

Imagen: Commons