Una versión anterior de este artículo se publicó en 2018.
Colombia es uno de los países que más ha sufrido los impactos nefastos de la guerra contra las drogas. Ahora, en un proceso de paz que aspira a imponer la normalidad tras décadas de inestabilidad y enfrentamientos violentos, Colombia se enfrenta un conjunto de desafíos para su implementación. Uno de ellos es: ¿qué hacer con las regiones que durante 35 años producían el ingrediente clave para uno de los productos más lucrativos del mundo?
El tráfico global de cocaína enriqueció a los traficantes locales e internacionales y ayudó a financiar y extender las actividades de las FARC. Pero no benefició así a los campesinos productores de la hoja de coca. Ellos seguían siendo, y siguen siendo, bastante pobres. Más aún, durante los tres años de negociación para la paz los cultivos de coca en Colombia han crecido en un 39%, de 69,000 hectáreas en 2014 a 96,000 en 2016.
¿Cómo manejar esta situación? Una de las propuestas menos controvertidas en el tratado de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC es la sustitución de cultivos y el desarrollo alternativo en zonas cocaleras. Con ayuda del gobierno y la ONU, entre otras organizaciones internacionales, más de 100,000 familias en los departamentos Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, Catatumbo, Antioquía y Bolívar se dedicarán a producir, en vez de coca, cacao, café y miel.
Esto suena bien en teoría, pero en la realidad es compleja pues ignora una situación de los mercados agrícolas ilícitos: solo allí los productores locales tienen la oportunidad de obtener precios que remuneran positivamente los factores que localmente emplean en su producción: tierra, trabajo y capital. En un mundo globalizado, los cultivos ilícitos de coca (o cannabis, o amapola) son una respuesta de los campesinos ante los desastrosos precios de las importaciones agrícolas subsidiadas.
Los subsidios agrícolas son ayudas directas que da el gobierno a los productores agropecuarios para complementar sus ingresos, gestionar la oferta de los productos agrícolas y así influir en el costo de dichos productos. Muchos países utilizan esta política económica, pero los subsidios son más significativos principalmente en el mundo desarrollado. Según datos de la OCDE), en Estados Unidos, un país poco dependiente de la agricultura, las ayudas pasaron de $37.000 millones en 1986 a $41.000 en 2014.
Si tomamos el maíz como ejemplo, en el periodo de 1979 a 1992 los países desarrollados de la OCDE pagaron un subsidio directo al productor que ascendió del 28% al 38%; y el precio del producto en mercado siguió en más o menos 2,5$ por unidad a lo largo de esos trece años. Ni Colombia ni otros países andinos hicieron lo mismo, sus producciones locales de maíz no pueden competir con esas importaciones subsidiadas.
En Colombia, de hecho, bajó el precio del maíz casi un 20% en este periodo; el café, cacao y azúcar cayeron aún más.
No por casualidad justamente en este periodo se inicia el auge de los cultivos de coca en la región andina amazónica. Entre 1980 y 1988, la producción de hoja de coca en Bolivia, Colombia y Perú creció de 85,000 hectáreas (99,000 toneladas métricas) a 210,000 hectáreas (227,000 toneladas métricas). A partir de ahí se ha mantenido estable en 157,000 hectáreas o 170,000 toneladas de hoja.
La culpa es de los países ricos
Los cultivos de coca son parte de una revolución en el comercio agrícola mundial en la cual los roles tradicionales de producción y consumo se invirtieron. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la evolución de la agricultura y su comercio mundial fue la siguiente: en 1977 el superávit de los países en desarrollo llegó a $17,500 millones. En cambio, para 1996 esto se convirtió en un déficit de $6,000 millonesa favor de los países desarrollados. En 2002 la FAO reconoció que los subsidios a los productores agrícolas del mundo desarrollado repercutían negativamente en la agricultura de los países en desarrollo.
A grandes rasgos, permiten a los agricultores y las agroempresas poner en el mercado internacional sus productos a precios muy inferiores al valor de producción, lo que elimina de la competencia a los productores del mundo en desarrollo. Esto provoca que la producción de los cultivos ilícitos sea casi la única forma de ganarse la vida en esas zonas rurales.
Lo que olvidaron o evitaron los expertos que impulsan el desarrollo alternativo como la solución a la producción de drogas en Colombia, o Bolivia y Perú, es que en esos mercados se realiza la remuneración de factores empleados en la producción alternativa o lícita. Si los precios de los productos están por debajo de los costos locales de producción, ese modelo de negocios fracasará sin remedio.
El campesino no puede renunciar a los altos ingresos producto del cultivo de coca, ya que de eso dependen su sustento y el de su familia, como tampoco pueden cambiar donde viven, el agua, el clima o las condiciones del suelo presentes en la región andina. Además, la coca es un producto andino ancestral que se ha cultivado y utilizado por siglos por la población local, un factor no poco importante para su encanto duradero. De estas realidades provienen "la lucha por la tierra", la violencia rural, la guerrilla y el paramilitarismo que ha vivido Colombia los últimos 52 años.
Esto no quiere decir que el desarrollo alternativo no sea necesario. Un desarrollo rural integral, que ayude a las poblaciones locales a tener acceso a los servicios básicos (agua potable y alcantarillado, vivienda, comunicaciones, equipamiento urbano, etc.), así como de servicios sociales (salud, educación y recreación, etc.), bien sirve a la comunidad local, sea que se dedique a los cultivos lícitos o ilícitos.
Pero el problema estratégico central de la sustitución de los cultivos sigue siendo los delgados márgenes de beneficio para los productos legales como el café, la miel y el chocolate. Hasta que el mercado agrícola internacional resuelva su problema de subsidios, la hoja de coca siempre será el mejor cultivo comercial de Colombia. Y entonces surge la pregunta: ¿y si la coca fuera legal, también?
Imagen: Rodrigo Abd, Fernando Llano, N4TX, AP
Autor: Iban de Rementeria, Profesor e Investigador, Programa de Políticas de Drogas, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Central de Chile.
Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer el artículo original aquí.
