¿A quién votan los españoles en el extranjero?

Voto extranjero. Voto rogado. Los ciudadanos de una democracia que residen más allá de las fronteras del país al que pertenecen es uno de los puntos más peliagudos del sistema, y en el caso español, con particularidades añadidas.

Porque, ¿qué votan los españoles que están fuera? La crisis económica y la migración forzosa de muchos de nuestros jóvenes puede llevarnos a pensar que los que llegan de fuera son votos de izquierda. El resultado de las últimas elecciones lo confirma.

Mayoría de izquierdas dentro de una reducidísima muestra

¿Y sabes qué? Esas cifras, que han repercutido con una ligera fuerza en el reparto electoral, podrían haber sido mucho mayores si hubiesen votado todos los ciudadanos españoles que viven fuera. ¿Te suena la campaña #Rescatamivoto? Fue una campaña de donación en la que los votantes en blanco cedían su papeleta a emigrados que, dado el tortuoso y a veces imposible proceso burocrático por el que tenían que pasar más allá de nuestras fronteras, no lograban hacer llegar su voz a las urnas.

Y es que, según los datos de Marea Granate (un colectivo que agrupa a españoles emigrados), poco más de 115.055 personas consiguieron completar todo el proceso de petición de voto en las pasadas elecciones de diciembre. Apenas un 6,11% del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El 94% de los emigrados se quedaron sin ejercer un derecho fundamental. ¿Lo mejor de todo? En 2008 la participación fue del 31,88 %. La diferencia es brutal. Por eso es importante en este caso comparar los porcentajes de participación de otros países… y también de la historia española.

España con los españoles emigrados, pero sin los españoles emigrados

Vamos al principio, o al principio post-dictadura (hay una apasionante historia de dos diputados españoles en el extranjero a mediados de la década de 1900, pero dejemos eso para otro día).

Era el inicio de la democracia y España debía mostrar una voluntad de cambio para con la participación política de sus ciudadanos. A partir del mismo 15 de diciembre de 1976, cuando el Gobierno de Adolfo Suárez permitió a los expatriados participar en el referéndum de la ley para la reforma política, se marcó uno de los puntos importantes de nuestro sistema de votos: hay una notable inclusión del voto extranjero en el sistema (muy en la onda e incluso superior a otros países similares) pero pocas garantías para que éste pueda ejercerse.

Al año siguiente se instauran los complejos trámites establecidos por la legislación en 1977, y hacen que en la práctica sea casi imposible ejercer el derecho al sufragio activo. El pulso toma fuerza en 1985 con la aprobación de la LOREG, cuando el conocido como voto emigrante se hace efectivo en una sociedad con una economía lo suficientemente aceptable como para expulsar cada vez a menos miembros fuera de sus fronteras.

Menos demanda de derechos, más oferta de chanchullos

En 1995, salvado el bache de la crisis del 92, a punto de ser país receptor de inmigrantes y con el España va bien a las puertas, se aprobó una legislación sobre el voto expatriado muy inclusiva, aunque no se concedieron garantías democráticas para su regulación. Justo cuando hay menos fuga de españoles al extranjero, es cuando España hace que la influencia política de los electores externos se incremente.

De pronto el voto extranjero se convirtió en tremendamente trascendental, con provincias como Asturias, Canarias o Ceuta y Melilla muy fuertes, aunque nada como lo que suponía el voto gallego, con un 22% de su población censada en otros países. Hay escándalos de corrupción que implican pedir a argentinos que pasaban las condiciones a empadronarse y votar en Canarias (el caso Formentera, que salpicó al gobierno autonómico de Jaume Matas), otros que hablan de gallegos censados pero fallecidos votando en distintas partes del mundo como consecuencia de la LOREG implantada en 1985.

2008 y el cierre de fronteras electorales

Este modelo no cambia hasta 2011, cuando ya ha reventado la burbuja inmobiliaria y miles de españoles salieron en este tiempo formando la cuarta ola de emigración española. PP y PSOE, las fuerzas políticas que aglutinan en ese momento la inmensa mayoría de votos, acuerdan un desarme del voto exterior. Se reforman las condiciones para votar, se impone un imbricado mecanismo de voto (el conocido como voto rogado, simbólicamente ahora tú le ruegas al Estado que te deje participar) que, aunque garantizan que los votantes sean en efecto españoles vivos y residentes en el extranjero, se induce a la abstención.

Y volvemos al principio, de ese casi 1/3 de los votantes expatriados de 2008 que deciden el futuro democrático de España a sólo un 4,5%. En 2007 había registrados 1.194.350 españoles. En 2014, a 1.864.604 (que han crecido aún más en este tiempo). Y de los 382.568 votos emitidos en el extranjero en las legislativas de marzo de 2008 se pasó a los 73.361 de noviembre del 2011.

El voto exterior ha sido tanto de izquierdas como de derechas... hasta hoy

Estas cifras demuestran dos hechos, como comenta el historiador Anxo Lugilde en un análisis sobre la historia del voto extranjero en España: primero, que la evolución del voto exterior en España está claramente desconectada de la de sus flujos migratorios. Que las regulaciones que se han ido incorporando al proceso de voto no buscan ayudar a la práctica de este derecho sino que responde a los cálculos de las élites políticas y a la consiguiente ingeniería electoral que han practicado durante los cuatro últimos decenios. PP y PSOE han cerrado el grifo del voto exterior en el momento en el momento en el que el mapa político cambia del bipartidismo al multipartidismo.

Todos los españoles deberían ejercer su soberanía, pero, ¿qué es ser español?

Es el otro gran problema del voto exterior, la difícil delimitación de los miembros con derecho a ejercer soberanía (razón por la que países como Gran Bretaña, Francia o Italia no son tan abiertos como el nuestro). Desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica en 2007 y hasta 2011, los hijos y nietos de emigrantes españoles entre julio de 1936 y 1955 podían solicitar la nacionalidad española y por tanto votar en todas las elecciones, excepto las municipales. Hay casi medio millón de personas (a fecha de 2012) en el extranjero que, por ser hijos o nietos de españoles y pese a no haber estado nunca en España, tienen derecho a voto.

Eso explica también el incremento en el censo exterior. En 13 años, desde 2002, aumenta en un 77% el número de españoles en el extranjero con derecho a votar, que además se asignan de forma sistemática a la provincia de Madrid (con los problemas que para esa provincia implica). Si nos guiamos, como nos dice Lugilde, por el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) que realiza el INE, no son 2.2 millones los españoles migrados, como indica Marea Granate, sino 733.387 personas (a inicios de 2015). Cerramos con cita académica de nivel que resume muy bien todo:

“La contradicción entre los criterios expansivos en la inclusión del censo, introducidos en la reforma de 1995, y los restrictivos en el ejercicio del sufragio, incluidos en la reforma de 2011, generan escandalosos niveles de abstención entre los españoles del exterior. En estas circunstancias sería deseable que el poder legislativo acometiese de una vez una modificación de la LOREG para regularizar integralmente los procesos electorales del exterior y adecuarlos a la nueva realidad sociológica de una diáspora, compuesta mayoritariamente por personas nacidas en el extranjero, con vínculos evidentemente más débiles con España. Sería preciso que, en la medida de lo posible, esa reforma se efectuase con el consenso de las organizaciones representativas de la diáspora, pues no conviene olvidar que el voto en el extranjero es un instrumento de integración política de los ausentes”

Núñez Seixas, Ciudadanía, emigración y memoria, 2010.

El latino que vino hace 5 años y el británico jubilado en Mallorca, los grandes olvidados

EL INE dice que en España hay 4.5 millones de extranjeros, a uno de julio de 2014, viviendo entre nosotros, pero de estos sólo un 10% ha podido votar de cara a las últimas elecciones a cortes generales. La mayoría trabajan aquí, y de forma directa o indirecta pagan sus impuestos en España, acuden a nuestros espacios y hacen vida civil y de todo tipo. Lo que aquí ocurre, les repercute. Es una masa de ciudadanía bastante importante, y a ellos deberíamos también atender si lo que queremos es equilibrar la balanza de la justicia democrática.