Los cultivos transgénicos son una innovación tecnológica muy polémica entre los ciudadanos. El 22,8% de los españoles considera que los organismos modificados genéticamente tienen más beneficios frente a un 33,4% que considera que los perjuicios superan a las ventajas, según la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia del año 2016.
Se considera transgénico a todo organismo cuyo material genético ha sido alterado usando técnicas de ingeniería genética, con uno o varios genes insertados de otro ser vivo. En el mundo de la agrotecnología, uno de los más conocidos y cuyo uso está más expandido son las plantas Bt, cultivos que incluyen un gen de la bacteria Bacillus thurigiensis productor de la toxina Cry, una sustancia que mata a diversos tipos de insectos.
Los cultivos Bt producen este producto de origen bacteriano, haciéndolas resistentes a plagas. El famoso maíz MON 810 de Monsanto, cultivado en España, es un cultivo Bt resistente a plagas como el taladro del maíz. En la agricultura ecológica el propio Bacillus thurigiensis es pulverizado en las plantas al ser un insectida alternativo a los de síntesis.
Por qué los conflictos de intereses deberían importarte
Un nuevo estudio publicado en PLOS ONE sobre los conflictos de intereses económicos en torno a la eficacia y durabilidad de los cultivos Bt reaviva el debate sobre los transgénicos.
"Nuestro trabajo prueba que los conflictos de intereses son muy frecuentes (40%) en la literatura científica relacionada con la eficacia y durabilidad de las plantas modificadas genéticamente. También ha demostrado que hay una relación estadística entre la presencia de conflictos de intereses y el resultado: las conclusiones favorables a las industrias de cultivos transgénicos son un 50% más frecuente si hay conflictos de intereses que si no los hay" explica Thomas Guillemaud, coautor de la investigación y científico del Instituto Nacional para la Investigación Agronómica (INRA) de Francia.
Los autores analizaron 672 artículos científicos y dividieron los resultados en favorable, neutral o desfavorable a los intereses financieros de al menos una compañía de cultivos transgénicos.
Algo que Leandro Peña, responsable de los proyectos en biotecnología en el brasileño Fundecitrus (Fondo de Defensa de la Citricultura), considera "algo tendencioso" porque "no se puede meter en el mismo saco de desfavorable que se quiebre la resistencia en laboratorio aplicando altas dosis de Bt o que se quiebre en campo el primer año porque los agricultores no dedican cierta área a refugios con que se rompa al cabo de 20 de cultivos en campo en una misma área".
Y afirma:
Los conflictos de intereses son preocupantes en la investigación de transgénicos porque los lectores podrían desconfiar de los artículos que los tengan. Además, las agencias públicas de evaluación usan esta literatura para hacer su evaluación. Esto es preocupante porque el vínculo entre resultados y presencia de conflictos de intereses podría hacer esta literatura sospechosa y por lo tanto inservible para las agencias.
"Las conclusiones del artículo no nos sorprenden", declara la ingeniera agrónoma y responsable de Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra Blanca Ruibal:
Precisamente un cultivo Bt es el que tenemos en el Estado español y desde el sector agrario crítico y las organizaciones ecologistas hemos dudado seriamente de la eficacia tecnológica de este cultivo. Jamás, desde hace 20 años, en un ensayo de campo el maíz transgénico ha producido más que el maíz convencional y tanto es así que el Gobierno de Aragón, cuando presentó los resultados hace dos años, dijo que era necesario hacer una reflexión acerca de la necesidad de seguir utilizando estos cultivos que no están aportando nada y sin embargo sí están los agricultores pagando un precio mayor por la semilla (transgénica).
Ruibal destaca otro dato del estudio: mientras el 21% de los estudios analizados tenía al menos un autor procedente de una compañía de cultivos transgénicos, solo el 6,8% de los artículos contenía una declaración de conflictos de intereses por parte de sus autores.
"Y solo analizan conflictos de interés muy poco concretos", advierte. "No salen los conflictos de intereses que son tremendamente frecuentes como es estar a la vez en la universidad y en el lobby protransgénico", lo que "multiplicaría" la prevalencia de conflictos de interés en los artículos según Ruibal. El artículo analizado considera conflicto de interés exclusivamente tener "afiliación profesional" de los autores a compañías de transgénicos o que el estudio ha sido financiado, total o parcialmente, por esas empresas, quedando excluidos otro tipo de conflictos de intereses.
Josep Casacuberta, científico del Centro de Investigación en Agrigenómica (CRAG) en Barcelona y vicepresidente del panel de transgénicos de la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), señala que los autores del artículo especifican que "podría ser que la financiación por parte de empresas solo se hace explícita cuando el resultado es positivo. Cuando el resultado es negativo no se hace explícito que ha sido financiado por la empresa. Eso es un sesgo que podría tener este artículo".
Algo que reconocen los propios autores en el estudio. Otra posible explicación parcial de los resultados, según el propio trabajo, es que los científicos están más inclinados a proponer ser coautores a investigadores de empresas de transgénicos cuando los resultados son favorables.
Respecto a la otra conclusión del estudio, que los conflictos de intereses están asociados con un 49% más de probabilidades de que los resultados sean favorables a la industria, Guillemaud aclara que "es posible que los artículos desfavorables a los intereses de la industria se publiquen menos cuando alguno de los autores o parte de la financiación proviene de la industria".
Otra posible explicación parcial es que "cuando los resultados no son favorables, los autores de la industria prefieren no firmar los artículos y/o la industria prefiere no mencionar su financiación en el texto por motivos de comunicación y reputación", señala.
A Casacuberta las conclusiones del estudio le parecen "hasta cierto punto esperables" pero destaca que esto "pasa en cualquier estudio" y "no solo de los que tienen que ver con transgénicos". "La ciencia avanza no solo a partir de los datos de un artículo sino en su conjunto y eso se tiende a compensar con otros estudios", aclara. Para el científico es importante diferenciar estos trabajos del análisis de riesgo que "no lo realizan ni las empresas ni los grupos de presión" sino "instituciones que son independientes y que están al margen".
Agencias reguladoras y grupos ecologistas: otra fuente permanente de conflictos
Y es que los conflictos de intereses no son exclusivos de la industria y el investigador catalán pone de contraejemplo el caso de Gilles-Éric Serálini, un biólogo molecular francés cuyos estudios con conclusiones contrarias a los transgénicos y plaguicidas han sido financiado por colectivos contrarios como Greenpeace o su propia organización antitransgénicos denominada CRIIGEN (Comité de Investigación e Información Independiente de Ingeniería Genética) de la que es presidente.
CRIIGEN financió un estudio publicado en 2012 Food and Chemical Toxicology que concluyó que las ratas alimentadas por el herbicida glifosato y maíz resistente al herbicida desarrollaban tumores. El artículo fue posteriormente retirado por los editores de la revista al considerar que los resultados no son concluyentes al usar un número de ratas insuficiente para obtener resultados estadísticamente significativos y por haber usado una variedad de ratas con una gran incidencia de tumores.
Ruibal destaca que los autores no han encontrado estudios financiados por organizaciones antitransgénicas "porque no existen" ya que "ninguna organización de la sociedad civil se dedica a pagar estudios científicos ni a financiar ciencia" y aclara que las organizaciones ecologistas tampoco son "fan de Serálini", al que califica de "personaje bastante controvertido".
Desde Amigos de la Tierra, organización a la que pertenece Ruibal, han denunciado "los conflictos de interés en las agencias supuestamente independientes de decisión" como la Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB), órgano de carácter consultivo cuya función es informar sobre las solicitudes de autorización presentadas sobre organismos modificados genéticamente.
En el informe de Amigos de la Tierra Las malas compañías "se puede ver que el 90% de los miembros de la CNB tienen vínculos descarados con la industria", según Ruibal, que pone otro ejemplo: "Funcionarios que están ocupándose de revisar los informes técnicos que han presentado su tesis sobre el maíz transgénicos con Jaime Costa, el relaciones públicas de Monsanto".
La ecologista también carga contra el panel de transgénicos de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), al que pertenece Casacuberta, porque "es un hecho que tiene casos de conflictos de intereses y puertas giratorias".
El científico catalán afirma estar "un poco cansado de que pongan en duda constantemente nuestra integridad científica" y rebate esas acusaciones con un ejemplo: "Incluso cuando Serálini publicó sus diversos artículos, a pesar de que eran extremadamente contestados por la comunidad científica, la EFSA revisó los estudios detenidamente e incluso invitó a estos autores a venir a discutir los supuestos resultados que habían tenido", explica.
Todo esto trata de seguridad alimentaria, y por eso es importante
Pese a que el trabajo se centra exclusivamente en los conflictos de intereses en la eficacia y durabilidad de los cultivos Bt, la biotecnóloga y miembro del área de Agroecología de Ecologistas en Acción Gabriela Vázquez destaca un trabajo que encontró "un equilibrio entre artículos que planteaban dudas respecto a la seguridad del uso de transgénicos y artículos que no, y señalaba que la mayoría de estos últimos tenían relación con la industria".
Francisco Barro es investigador del Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y defiende los cultivos modificados:
Estoy totalmente seguro de la seguridad de los transgénicos y hay un montón de estudios que lo demuestran. No hay ahora mismo en el mercado ningún producto más seguro que los transgénicos, pero no estoy de acuerdo con la actual legislación para regularlos. Los mayores beneficiarios de la actual legislación son las grandes multinacionales porque se están vetando el acceso a esta tecnología a las pequeñas y medianas empresas porque vale tanto que solo las grandes multinacionales (pueden asumir el gasto).
Para Vázquez lo más grave es que "los ensayos que se utilizan para demostrar ante los Estados la seguridad de los productos regulados son realizados por las propias empresas y las agencias públicas reciben una especie de dossier resumen”, quedando los datos brutos ocultos para la comunidad científica.
Además, "nadie supervisa o replica los experimentos, ni siquiera la propia EFSA, que no tiene fondos para ello", denuncia la ecologista. "En la práctica, el sistema implica fiarse de la buena voluntad de empresas que en muchas ocasiones tienen un historial siniestro de ocultar datos negativos cuando esto afectaba a sus beneficios como ocurrió con Monsanto y los PCB", aclara la biotecnóloga de Ecologistas en Acción.
"Si un centro de investigación desarrolla algo que es interesante utilizando transgénicos que sea muy beneficioso, si una gran multinacional no está interesada eso no llega al mercado y me parece gravísimo”, explica el científico del CSIC.
Algo que el propio Barro sabe de primera mano: el investigador desarrolló un trigo transgénico sin gluten que el CSIC ha licenciado la patente a una empresa privada extranjera. "Las grandes multinacionales están totalmente de acuerdo con los grupos ecologistas en que la legislación no cambie porque son los grandes beneficiados", prosigue.
Soluciones: en busca de una opinión pública mejor informada
Para paliar el problema de los conflictos de intereses los autores del artículo proponen "cambiar la organización de la ciencia de una forma que permita eliminar la dependencia financiera entre los científicos y la industria" mediante un sistema de apoyo financiero indirecto de la investigación por la industria.
"Las compañías de cultivos transgénicos financiarían un bote común controlado por una agencia independiente" que sufragaría proyectos de investigación que "podrán ser aceptados o rechazados por un comité científico independiente", explica Guillemaud. Preguntado por posibles mejoras, Josep Casacuberta abogar por hacer obligatorio declarar las fuentes de financiación aunque "la mayoría de las revistas lo están haciendo de una manera sistemática pero a lo mejor no se revisa suficientemente que eso se está haciendo de una manera exhaustiva".
Leandro Peña, aunque está de acuerdo, opina que "este tipo de declaraciones no va a mejorar la confianza de los ciudadanos, que está muy determinada por lo que dicen las asociaciones ecologistas, las cuales solo gustan de y jalean los artículos que consideran contrarios a la tecnología y ocultan o ningunean todos los demás".
Desde Ecologistas en Acción, Gabriela Vázquez opta por establecer mejores límites entre empresas e investigación científica porque "la investigación privada puede tener sentido a la hora de desarrollar nuevos productos pero a la hora de evaluar la efectividad o seguridad de estos productos se produce un conflicto entre el propósito de la ciencia y el propósito empresarial" y por fortalecer la investigación pública "para que esta pueda mantener su independencia de los éxitos de la iniciativa privada".
El debate sobre los transgénicos, con posturas fuertemente enfrentadas, no tiene visos de zanjarse en un corto plazo de tiempo. Y la presencia de conflictos de intereses, tanto de la industria de cultivos transgénicos como de las organizaciones ecologistas, aunque no invalidan los estudios publicados en revistas científicas, sí levantan suspicacias y complica la discusión en torno a una tecnología que la innovadora técnica de edición genética CRISPR podría dejar obsoleta en los próximos años
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