En la muy chauvinista Francia está teniendo lugar una discusión política que da de pleno sobre el modelo de concepción de Estado. El Gobierno de Macron ha decidido subrogar la logística de la campaña de vacunación contra la Covid-19 a la firma McKinsey, de origen estadounidense. Los tentáculos de esta y otras empresas de consultoría en el trabajo de lucha contra los efectos de la pandemia es bastante extenso, como veremos a continuación.
Todo esto para algunos es un asalto de privatización innecesaria, el ejemplo de los esfuerzos por menoscabar el poder centralizado, mientras que para otros es un flujo no sólo de necesaria cooperación del mundo ajeno al funcionariado, sino un modelo virtuoso para una mejor adecuación al futuro socioeconómico del país.
La larga factura francesa (que ya era jugosa de antes)
Francia subcontrata “la logística de la vacunación” a McKinsey y otro puñado de consultoras. Los franceses no saben cuánto dinero ha sido transferido a ellos porque el Ministerio no ha hecho públicos los datos, aunque según distintos medios, estos servicios concretos (que detallamos a continuación) podrían rondar los 2 millones de euros mensuales para McKinsey en lo que dure la crisis sanitaria, 1.2 millones mensuales para Accenture y otras cantidades menores para otras firmas.
Según el medio Político, los tres servicios prestados y acordados desde antes de Navidades que justifiquen ese pago serán la confección de un marco “logístico”, una "evaluación comparativa" (asesorar a través de una comparación con qué prácticas se llevan a cabo en otros países) y la "coordinación operativa" de la campaña de vacunación. Ellos entregan los planes, pero el trabajo de campo, claro, seguirá recayendo en el sistema sanitario y funcionarial francés.
¿No había gente dentro del aparato del Estado para hacer estas cosas? Eso se preguntaba un diputado de la oposición insumisa al Gobierno liberal de Macron. Para sus críticos se trata de un tipo de medidas que ahondan en la desmantelación y desconfianza en las Comisiones públicas. Además, de alguna manera se paga así el doble por los servicios prestados: si ya hay trabajadores públicos contratados que podrían haber hecho frente a estas tareas, ¿por qué no se recurre a ellos?
Para los macronistas, por la sencilla razón de que buena parte de los burócratas del país se encuentran en plantillas milhojadas, como ellos las conocen, con enormes cantidades de subdepartamentos que ralentizan el quehacer social en un momento en el que cada segundo cuenta para perder menos vidas.
Hay declaraciones anónimas de trabajadores de departamentos clave de Sanidad que dicen que “una de cada dos personas está agotada” y que era imposible crear cuerpo funcionarial suficiente en menos de un año para abordar todo lo que hay que abordar. Otros añaden que hay otro factor: los que trabajan en las consultorías no cuentan las horas que trabajan.
Por otra parte, cuentan que es absolutamente normal contar con este tipo de conciertos públicos para empresas privadas. Que no serían gastos adicionales a lo habitual, o no demasiado escandalosos.
Es más, según la Sanidad gala, este “plan de vacunación” se ha llevado a cabo recurriendo al marco interministerial que ya había acordado un plan de adquisición de servicios en modo pack: desde 2018 Francia tenía acordado el pago en los siguientes cuatro años de hasta 25 millones de euros anuales en trabajos de consultoría con McKinsey. Los representantes dicen que estos acuerdos comprados en lote rebajan el precio final de cada contrato individual, y permiten dar margen a la imprevisiblidad y a la emergencia dependiendo de la situación. Eso sí, parece que no todos los acuerdos entran dentro de ese macroplan económico, ya que la “logística de la vacunación” se ha tenido que pagar de forma extra.
Mientras sucede todo esto, los altos funcionarios de Sanidad tienen reuniones diarias por Zoom con coordinadores de McKinsey donde son éstos los que les dicen a los otros lo que tienen que hacer. Los de Capgemini confeccionaron las nuevas normativas fronterizas a raíz del Brexit y escriben hoy las reglas del Health Data Hub y del “RadarCovid” francés. Accenture escribe la infraestructura digital para la campaña de vacunación y evaluó el gasto público del Ministerio de Economía. Boston Consulting Group confecciona el plan de neutralidad de carbono. Dentons y Espelia se encargaron el proyecto de ley de movilidad de 2019. Etc.
Entregarse a los ágiles e innovadores produce deudas
El romance galo con las consultoras empezó en 2007. Nicolas Sarkozy contrató a McKinsey, Deloitte, Cap Gemini, BCG y Accenture por acuerdos por valor de unos 250 millones de euros durante su mandato, una media de 62.5 millones de euros de media. El último informe de licitaciones públicas registra que ha habido 575 contratos con consultorías, 137 por parte de administraciones centrales, en los últimos dos años, aunque no se sabe a cuánto asciende la factura (los conciertos privados por la vía de urgencia se escapan a las normativas de transparencia pública y tienen menos requerimientos sobre los desgloses de costes). Estos 575 contratos, por cierto, también quedan fuera de los que se consuman en esos 25 millones de euros anuales con McKinsey firmados por Macron.
Como mínimo, y según la Federación Europea de Asociaciones de Consultorías de Gestión (FEACO), los ingresos de 2018 para estas agencias privadas por parte de las Administraciones francesas ha ascendido a 657 millones de euros. Diez veces más que una década atrás y lo que te rondaré morena, porque la pandemia ha multiplicado los conciertos. A Francia le está pasando lo mismo que al resto de potencias europeas y sólo se encuentra en mitad de la tabla: según Político, Italia y España contratan algo menos sus servicios, mientras que para Reino Unido y Alemania están suponiendo en torno a 2.600 y 3.100 millones de euros anuales respectivamente.
En España, por cierto, las Administraciones suponen el 17.5% de los ingresos anuales del sector consultor. Es la segunda categoría que más aporta, sólo por detrás del sector financiero con un 34,9%. Como ellos mismos reconocen en sus informes, gracias al futuro tecnológico y a su apuesta mucho mayor que la media en innovación el futuro es muy próspero para estas compañías, con unas previsiones de crecimiento mucho mayores que casi cualquier otro sector económico.
En nuestro país tampoco podemos decir que estas consultoras, que siempre son un puñado corto de grandes firmas pero muy poderosas, ayuden a rebajar siempre los precios de los servicios prestados, más bien al revés: el año pasado Competencia propuso que se sancionase por 47 millones a estas empresas (entre ellas PwC, Deloitte o KPMG) por pactar quién entra a ciertos concursos públicos y bajo qué propuestas y quién no para mantener de forma artificial unos precios altos.
El miedo que late en la Francia nacionalista y pro-estado es el mismo que recorre a buena parte de las administraciones izquierdistas europeas: ¿se están volviendo estas consultoras demasiado necesarias para el gobierno de nuestros países? ¿Están teniendo un papel en la prestación de servicios que, por básicos, deberían ser gubernamentales? Moncloa va a pedir ayuda a las Big Four para llevar proyectos a Bruselas y no perder la posibilidad de acceder a los fondos de reconstrucción Covid de la UE a los que puede optar. En realidad, los fondos Covid van a ser el gran botín con el que las consultoras tienen prácticamente línea directa.
También anteriormente se ha hablado de la “deuda digital” de la administración española, donde buena parte de lo que tenga que ver con software o similares se compra a estas compañías, pero después el coste del mantenimiento a largo plazo de esas estructuras se les tiene que seguir pagando para no perder el camino. Aunque en el último año nuestro país ha reducido de forma importante la firma de servicios de software y IT con respecto a épocas anteriores.
