Consumo anuncia el impuesto a las bebidas azucaradas. Esto sabemos de su implantación y efectividad

El impuesto a las bebidas azucaradas se aproxima. Tras una larga travesía de casi tres años prometiéndolo, todo apunta a que los nuevos Presupuestos Generales terminarán de perfilar los detalles que harán que nuestra botella de Coca-Cola nos saldrá más cara que meses antes.

¿Qué medidas se van a implementar? El Ministerio de Consumo ha refrescado en su cuenta de Twitter esta misma semana las (graves) cifras sobre el sobrepeso y obesidad infantil españolas antes de anunciar la batería de medidas que finalmente se implementará. Cuatro caballos de batalla: introducir el código de etiquetado Nutriscore, gravar las bebidas azucaradas, fomentar una mejor alimentación en los colegios y “cambiar los valores” de la publicidad infantil.

Sabemos que en el Senado Alberto Garzón anunció que para el primer cuatrimestre de 2021 se implantará oficialmente en España el sistema Nutriscore, etiquetado de colores ya instalado en muchos países que permiten a golpe de vista saber cómo de “sano” es el producto a comprar. Anunció, eso sí, que la aplicación de estos sellos por parte de las empresas alimenticias será “voluntario”, al menos de momento.

Sobre el impuesto, Garzón mira con buenos ojos la subida de tasas catalana de 2017, 8 céntimos por litro más para las bebidas que tengan entre cinco y 8 gramos de azúcar cada 100 mililitros y 12 céntimos para las que superen el umbral. Para entendernos, que la botella de 2L de Fanta sube de 1.59 euros a 1.84.

Tras tres años, la experiencia provincial ha sido que han recaudado menos de lo previsto. Se han vendido un 22% menos de refrescos, y según las encuestas la medida ha funcionado como se deseaba: al principio la disuasión ha sido monetaria pero a medida que ha pasado el tiempo la población se ha ido desligando más de estos productos por considerarlos más insanos.

Aplicar una subida como esta sería mejorar parcialmente los objetivos iniciales de Unidas Podemos, que llevaba directamente una subida del IVA de estos productos (también la comida basura y los ultraprocesados) del 10 al 21%. En este caso, esa misma botella de Fanta habría pasado de 1.59 a 1.80, cuatro céntimos menos que lo que subiría con la tasa catalana.

Sobre los otros dos puntos del programa, comedores escolares más sanos y menos comida basura en televisión, aún no se sabe nada.

¿Serán medidas efectivas?

Lo que dicen todos los expertos a este respecto es que, para que la medida no sea únicamente recaudatoria y sirva de modo disuasorio, el aumento de precio tiene que ser sustancial y abrupto y se tiene que complementar el gravamen tarifario junto a otras acciones paralelas que ayuden a cambiar el clima obesogénico, como sería por ejemplo dar incentivos fiscales a los productos más saludables (ojo, aquí se cree que no tendría mucho sentido eliminar el IVA del 4 al 0% en los productos básicos), reducir las opciones de publicidad (el 71% de los anuncios en horario infantil son de alimentos "poco saludables") y cambiar las leyes de la oferta (como por ejemplo poner límites a la cantidad de snacks que puede haber en las máquinas de vending).

Dicho todo esto, España va tarde en este proceso de tabaquización del azúcar. Países como Reino Unido, Irlanda o Francia, entre otros, ya castiga a las bebidas gaseosas, y salvo el raro caso de Philadelphia, las iniciativas han provocado una horquilla de resultados que van de lo tímido a incluso lo notable a la hora de reducir el porcentaje de consumo de estas sustancias engordantes. Ahora bien, y tal y como apunta el mismo ministro, el tasazo va a perjudicar y al tiempo a beneficiar a las clases más bajas: su cesta de la compra puede incrementarse de forma desproporcionada frente a las clases altas si no se desenganchan de estos productos al tiempo que, de dejar de consumir refrescos tan a menudo ayudarán a reducir los índices de obesidad y de sus trastornos asociados.