El caso de difteria en Cataluña ha puesto sobre la mesa el debate de la vacunación obligatoria, mientras las autoridades sanitarias buscan controlar el foco de infección y evitar riesgos para la salud pública. El niño no estaba vacunado, pese que a la triple vacuna forma parte de un calendario al que todos los niños tienen derecho, pero que no obliga a los padres a cumplirlo.
El debate sobre la vacunación obligatoria no es nuevo en España. En ciertas instancias, ante una "situación epidémica", un juez puede imponer la vacunación para proteger a la sociedad de un riesgo para la salud público. Y no hablamos de un caso hipotético.
Granada sufrió en 2010 un brote de sarampión, una enfermedad con riesgo para la vida humana, que afectó a más de 40 personas y cuyo origen surgía, como el del caso de difteria, de niños no vacunados. Un juez obligó a 35 menores a vacunarse incluso en contra del criterio de varios padres (30 no respondieron al burófax, cinco contestaron que no pensaban acatar la orden).
La sentencia reconocía garantías para permitir la confidencialidad y comodidad de la práctica, evitar "un trato inhumano y degradante" y permitiendo la asistencia policial para la ejecución de la sentencia. Fue la primera vez en España que se obligó a vacunar. Una excepción. El Ministerio de Sanidad no fuerza a nadie, pero deja libertad a las Comunidades Autónomas a que soliciten la intervención judicial ante casos graves. La misma postura de la Fiscalía del Estado, que antepone el derecho a la vida del menor a las creencias religiosas, por poner el ejemplo de los Testigos de Jehová.
¿Qué opciones tenemos?
Nuestro ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha indicado que buscará una medida nueva: que los calendarios de vacunación de cada Comunidad Autónoma intenten ser lo más parecidos posibles para no contribuir a la desinformación de los padres. Además de tachar de "peligroso" e "irresponsable" el discurso antivacunación. Sin mencionar ningún tipo de reforma legal.
Pero, apartémonos por un momento del debate científico, ya tenemos buenas referencias para formarnos opinión y una idea clara de las consecuencias de la no vacunación. Hablemos del aspecto sociopolítico de la vacunación obligatoria. Luis Garicano, autor del programa económico de Ciudadanos, recogía las propuestas australiana y estadounidense en Twitter, con cierta polémica:
Vacunas:uno de los mayores avances de la historia.Dos ideas:ni beneficios sociales,ni escolarización a no vacunados http://t.co/qbUlLPqWAv
— Luis Garicano (@lugaricano) June 3, 2015El primer caso del tuit, eximir a las familias de ayudas sociales, es el australiano. A partir de enero de 2016, quien no quiera vacunar a sus hijos no podrá acceder a casi 10.000 euros en ayudas estatales. El Gobierno australiano calcula que existen unos 39.000 niños de hasta siete años de edad que no están vacunados por la negativa de sus padres.
El segundo es casi inaplicable en España: la no escolarización es una medida estadounidense, donde las vacunas sí son obligatorias, sobre el papel (en cada estado existen numerosas causas de exención por motivos religiosos o personales). Y donde además existe la opción de educar a los hijos en casa. Algo que en España aún no está regulado y supone una opción ínfima, más que minoritaria.
La no escolarización elimina una parte del debate: si el niño no se mezcla con otros, se reduce el riesgo epidemiológico (aunque deja abierto el de la indefensión del niño, algo que se va a investigar en el caso catalán).
Jonas Salk, el inventor de las vacunas contra la difteria y la poliomelitis, no quiso patentarlas: nadie saca beneficios reales de las vacunas infantiles. Foto: SAS Airlines
Pero también revela una de los argumentos contra la vacunación obligatoria, el más político: no se trata sólo de objeciones contra su eficacia sino de algo que se considera una vulneración en el derecho de los padres a criar a sus hijos sin intromisión estatal. Para estos padres, la vacunación obligatoria y la educación reglada están al mismo nivel, y su argumento preferente, siguiendo el caso granadino, es "el derecho a escoger".
En el caso de las vacunas, ese derecho a escoger es el que precisamente garantiza la legislación española al no obligar al cumplimiento del calendario, según la Asociación Española de Pediatría. Su comité de Bioética recoge en el trabajo enlazado las implicaciones éticas de vacunar y no vacunar, apoyándose en la evidencia existente y los problemas que puede suponer para el resto de la población, resumiendo cuál es el conflicto político y social del debate:
La autonomía personal choca con el beneficio poblacional, por la inmunidad de grupo (ausente en la del tétanos). La justificación de algunos padres que se niegan a vacunar a su hijo, para evitarle los posibles efectos adversos, argumentando que está protegido por el grupo, afecta al principio de justicia al poner en riesgo la inmunidad del grupo, si todos actuasen como ellos. De hecho, cuando se pierde la confianza por parte de la población o los profesionales y disminuye la cobertura vacunal, tarde o temprano se produce un brote de enfermedades infecciosas prevenibles.
¿En Europa también es así?
Sí. Cada país de la Unión tiene su propia normativa dado que la Unión no se ha puesto de acuerdo en una directiva que zanje el debate, debido a las posiciones enfrentadas de los países miembros. Aunque la proliferación de casos de enfermedades infecciosas potencialmente letales que estaban prácticamente erradicadas ha llevado a todos los ministros de Sanidad a pedir medidas conjuntas...
...Pero no en forma de cambio legislativo, sino de campañas inofrmativas y medidas de promoción pública. Es el mismo discurso que recoge la Comisión, que sólo se mueve sobre tres ejes, sin ir más allá de la recomendación: "ayudar", "promover" y "animar". Y, en el caso de la vacunación infantil, "informar", la palabra más repetida en todas las fuentes que hemos recogido hasta ahora. Pero, ¿es suficiente sólo con informar?
En el caso español, como vimos, la vacunación obligatoria sólo existe ante el riesgo claro y grave de epidemia. Algo a lo que los antivacunas de todos los países se aferran para mostrarla como algo ilegal: su apuesta es que mientras no haya epidemia no hay delito.
Foto | CDC
