¿Deben los países abrir más horas los colegios para atender a los niños? A vueltas con la conciliación

El coronavirus nos ha pillado desprevenidos y ha hecho que nos demos cuenta de que llevamos décadas tapando con tiritas las profundas grietas de algunas de las áreas más importantes de nuestra sociedad. Hemos visto que era así, por ejemplo, en lo tocante a la transformación digital, con empresas para las que parecía completamente impensable adaptarse al trabajo en remoto y que se pusieron las pilas en cuestión de semanas, cuando no quedaba otra.

También, y ahora que empieza la (desastrosa) vuelta al cole, parece de lo más claro que no podíamos seguir posponiendo por mucho más tiempo el problema de la conciliación, o mejor dicho, de la falta de un esfuerzo serio sobre la misma.

Los padres y madres han sido uno de los grandes damnificados de esta crisis, un segmento al que se tiró a los pies de los caballos para que cuidase de los hijos cuando las escuelas cerraron mientras muchos de ellos seguían teniendo trabajos presenciales y con un virus que desaconsejaba que se recurriese de esa baza que se había jugado hasta ahora, dejarlos con los abuelos (en España uno de cada cuatro cuida a los nietos de forma habitual).

La falta de organización y certezas sobre qué ocurrirá con las escuelas dentro de unas semanas o meses obligan a que los padres valoren la posibilidad de que este año, más que nunca, nuestros dirigentes no van a poner los medios o los decretos para que se amortigüe el golpe. De las empresas, la mayoría espera bien poco.

Es por todo esto que se ha reactivado desde redes sociales uno de los debates habituales cuando se habla de la conciliación. ¿Deberían los estados modernos absorber el cuidado de los niños mientras los padres y madres trabajan? ¿Podrían las escuelas estar abiertas más horas y más días de las que ya lo están para que el tejido productivo siga en marcha en un mundo en el que todos los adultos, mujeres y hombres, se ven obligados a cotizar?

Las horas que hacemos y la nula flexibilidad de la empresa española: de dónde venimos

Primero, los datos. Según las estadísticas de la OCDE, el trabajador medio español dedica 1.695 horas al trabajo, y eso sin contar las horas de transporte o el tiempo que puede perderse debido a una jornada partida o con pausas para comer. Estamos, como se nos dice, en uno de los países de nuestro entorno con las jornadas más largas y con un mayor volumen de horas gastadas en producir.

Por otra parte, los alumnos españoles de primaria tienen 875 horas lectivas al año, 1.050 para la secundaria. Eso son, de media, 113 horas lectivas más al año que la media de la UE, algo que no va vinculado a los mejores resultados académicos de nuestros niños, como nos recuerda cada dos por tres el informe PISA. En cualquier caso, hay una “disfunción” (cójase este término con pinzas) por la que la educación obligatoria y gratuita apenas cubre el 50% de las horas de los trabajadores y trabajadoras.

Sin extendernos, sabemos que esto se debe a la incorporación al trabajo de la mujer. Si la tasa de actividad femenina a principios de los 90 era del 44%, ahora lo es del 69% (la masculina sigue siendo más alta, de un 79%). Eso son millones y millones de mujeres que antes cuidaban a los niños casi a jornada completa y ahora no lo pueden hacer.

Según encuestas realizadas por el instituto de Política Familiar, esa incorporación de ambos cónyuges al empleo está haciendo que España sea cada vez "más defectuosa" en el tema de la conciliación, perjudicando siempre a los niños:

- Apenas el 11.9% de los trabajadores tiene opciones de flexibilizar sus horarios (lo que nos pone, junto con Portugal, a la cola a este respecto en la UE).

- Según datos del INE de 2019, sólo el 1.3% de los trabajadores teletrabaja de forma ocasional a distancia mientras que la media europea es del 8.4%.

- El 80% de los españoles siente que necesitaría de una mayor flexibilidad para no sentirse ahogado en las tareas familiares cotidianas.

- Y también estamos también a la cola en la elección de la jornada parcial, con sólo un 16% de los trabajadores optando por ello frente al 20.4% de la media europea.

Como podemos entender, por algún lado se tiene que pagar este pato. A día de hoy cada familia lo intenta puentear de diferentes maneras, algunos pueden permitirse pagar extraescolares o una escuela concertada con servicios de guardería, otros tiran de vecinos y abuelos, mientras el de más allá puede ser un núcleo familiar privilegiado en el que sólo hace falta que uno de los dos progenitores trabaje. También es de lo más habitual el caso de la familia en la que uno de los miembros se coge la jornada reducida.

Pero, como han señalado desde varias fuentes, la situación actual hace que se profundice en las desigualdades socioeconómicas de base: quienes meten a sus hijos en más extraescolares son quienes pueden permitírselo; quien se coge la jornada reducida suele ser en un porcentaje abrumador la mujer, lo que impide que se rompa la desigualdad de género en los trabajos; y esos hogares en los que uno de sus miembros trabaja media jornada tienden a ser los más pobres, lo que lleva a que esas familias dispongan de aún menos medios que con los que empezaron la partida.

Eso por no hablar de aquellos casos en los que esta compatibilidad de recursos y horarios es sencillamente imposible, algo que sin duda estará afectando a la natalidad (aunque es difícil precisar cuánto) de los países.

Los que piden que los colegios ayuden al cuidado de los niños

Desde ese punto de vista, los que abogan por un aumento de las funciones y las horas de uso de la escuela pública a cargo del erario público están defendiendo una política que sería socialmente igualitaria.

Save the Children, junto con otras 12 organizaciones vinculadas a la educación y ex altos cargos tanto del PSOE como del PP, envió una carta el pasado abril a la ministra de Educación, Isabel Celaá, pidiendo que se abriesen los centros educativos como mínimo en este atípico verano, para que los padres y madres pudieran ir a trabajar y tuviesen dónde dejar a los niños, y también la recuperación del plan PROA, llevado a cabo por CCAA y Gobierno entre 2005 y 2012 que permitía que los alumnos con necesidades especiales pudiesen acceder a más tutorías en horario extraescolar.

Lo mismo llevan años solicitando cientos de asociaciones familiares. Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), nos recuerda que “nosotros llevamos eones demandando un plan estatal de conciliación que debería potenciar los permisos retribuidos por enfermedad de los niños o la flexibilización horaria de los trabajos, pero también que los colegios abran más horas, o que se adapten a las necesidades de las zonas o de las familias según los barrios. No tendrían por qué encargarse necesariamente de ello los docentes, hay otro tipo de figuras disponibles para cumplir estas funciones, y sería ideal que se hiciera desde los colegios porque son centros que ya están ahí, que harían más baratas las actividades extraescolares”.

Según los cálculos de los firmantes de la misiva de Save the Children, abrir los centros en julio para un 30% de los alumnos de Primaria y ESO (los que más necesitarían esas clases) habría costado este año en torno a 100 millones de euros, 100 euros por alumno. Habría supuesto un 0.19% de todo el gasto global en educación y el 3.9% de la cuantía contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

Al otro lado del cuadrilátero están los docentes, quienes temen que serán ellos los que tengan que hacerse cargo, si no completamente (está la opción de hacer más contrataciones y hacer más gasto público), sí al menos en parte del aumento de horas de atención que supondría que los niños pasasen más horas en el cole.

Por el momento van ganando ellos: en cada vez más comunidades autónomas se está imponiendo la jornada deseada por los profesores para la educación primaria, la intensiva de 9 a 14. Esto está yendo en detrimento de las posibilidades de conciliación de los padres trabajadores, lo que fomenta la desigualdad de clases, pero también está perjudicando al rendimiento de los niños. A modo de compensación, las consejerías intentan proveer cada vez con más fórmulas de expansión del cuidado de niños, como las guarderías de 0 a 3 o los campamentos de verano, pero se despreocupan de qué hacen los niños por las tardes durante las semanas del calendario regular.

Los que quieren que las empresas paguen el coste del cuidado de los niños

Hay un enfoque diametralmente opuesto al que hemos visto hasta ahora. Es aquel que opina que, de tener que pagar alguien con estos costes de conciliación, deberían ser más las empresas que el estado. Que si ahora hay más adultos dentro de la sociedad dedicando más horas al tejido productivo que antes, los horarios y los estilos de trabajo no pueden seguir siendo los mismos que cuando sólo cotizaba una persona por hogar.

El presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE), José Luis Casero, es el principal portavoz en la sociedad y en los medios de esta idea. Su asociación está vinculada a la expedición del Sello Horarios Racionales, cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid y se han sumado a sus propuestas una buena cantidad de sindicatos y empresas.

Para Casero no es adecuado pensar en los colegios como un sitio donde dejar a los hijos en lugar de como un entorno en el que aprender tanto a nivel académico como en el social, relacionándose con otros niños. ”A la hora de hacer esos horarios escolares de toda la vida se ha primado el interés de los profesores primero y después de los padres. No se ha tenido en cuenta lo que pueden querer los más pequeños. En mi generación no teníamos extraescolares y no hemos crecido con ningún problema. Se veía hasta raro, el que tenía que ir a judo era un pringado”.

Ese error de base en el debate no impide que ARHOE abogue por una ampliación, en el sistema actual, de las actividades extraescolares en la pública, que por supuesto deberían ser accesibles para todos los bolsillos.

Pero la solución parece ser mucho más sencilla: si según sus análisis, así como los de otros entes, establecen que el trabajador creativo medio no es capaz de ser productivo en ningún caso más de seis horas por jornada y que las reducciones de la jornada provocan incrementos de la productividad (entre un 15 y un 19% en la mayoría de grandes empresas), ¿por qué no intentarlo? “En realidad no es tan complicado, las medidas concretas ya están dibujadas. Salió lo del permiso de paternidad, la flexibilidad horaria ha salido adelante con oscuros matices, y la ley del teletrabajo también, de la que se habla desde hace años… Ahora habría que ir, por ejemplo, con los beneficios fiscales a las empresas que incorporen planes de conciliación, entre otras muchas cosas”.

En general, a Casero le falta la voluntad política de hacer un plan de Estado nacional de conciliación y de usos del tiempo, medida con la que se han mostrado favorables en el pasado tanto socialistas como populares. No hace tanto de aquella vez que Mariano Rajoy hablaba del sinsentido de nuestros horarios y de la necesidad del cambio de mentalidad de las empresas permitan a sus trabajadores salir a las seis.

Con enormes diferencias, todas las principales agrupaciones políticas del país llevan variadas medidas de conciliación en su programa, siendo los de izquierda más proclives a la expansión de los servicios públicos y a la reducción de la jornada laboral y los de derecha más favorables a la expedición de cheques. Y así, con los pequeños esfuerzos de los partidos y los compromisos a los que se van sumando poco a poco las grandes empresas, los padres y madres van ganando terreno. A una velocidad, eso sí, que no está evitando que cuidar de un hijo a día de hoy, mucho más en mitad de una pandemia, se haya convertido en una actividad de alto riesgo.