Catorce años después de que el Congreso de los Diputados aprobara el matrimonio igualitario, el avance de los derechos LGTB sigue siendo objeto de disputa política entre las diversas formaciones nacionales. Pese a los envidiables niveles de tolerancia manifestados por la sociedad española, siguen existiendo diversas barreras legislativas para el colectivo, manifestadas, muy especialmente, en las personas transgénero.
Lo vimos durante la pasada legislatura. La iniciativa del PSOE para eliminar el diagnóstico de disforia de género en el proceso de cambio de sexo provocó ciertas fricciones dentro del Congreso. Ni Partido Popular ni Foro Asturias ni UPN avalaron la proposición, evidenciando las diferentes perspectivas que los partidos adoptan en la cuestión LGTB. Más allá del matrimonio igualitario, plenamente aceptado, aún hay batalla y debate.
En paralelo, todas las formaciones han adoptado un discurso nítidamente pro-LGTB. Son escasos los políticos que no explicitan su apoyo al colectivo, de un modo u otro, en mayor o menor grado, durante el Día del Orgullo, haciendo uso de su bandera y narrativa. El impulso social del colectivo LGTB ha movido las posiciones de partidos antaño conservadores, y se ha revelado como una cuestión crucial a la hora de atraer al electorado.
De ahí que resulte pertinente analizar qué opinan las principales formaciones en materia LGTB, y muy especialmente trans, y qué plantean en sus diferentes programas electorales. Allá va un resumen.
PP: posiciones conservadoras
Mucho ha llovido desde que el Partido Popular capitalizara la oposición al matrimonio igualitario planteado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Década y media después, la formación ha suavizado sus posturas y ha abrazado, aunque sea tímidamente o de forma instrumental, la causa LGTB. Hoy es habitual observar manifestaciones favorables al colectivo o a su causa, aunque menos medidas por sus derechos.
Su programa electoral es un ejemplo: no incluye ninguna mención al colectivo LGTB o a sus reivindicaciones, y tampoco a las personas transgénero. El PP fija su atención en la "familia" y en una batería de propuestas sociales para facilitar la conciliación, el apoyo a las familias numerosas y el impulso a la maternidad. En ningún caso hay ideas específicas sobre el colectivo LGTB.
¿Significa eso que es una cuestión ausente en su discurso? No. El PP es el partido que más resistencias ha planteado a la aprobación de cualquier tipo de legislación relativa al colectivo LGTB. Cuando Unidos Podemos introdujo la Ley de Igualdad en el Congreso, durante el pasado invierno, la formación conservadora plantó una enmienda a la totalidad. En la práctica, el PP planteaba una legislación LGTB específica y única; la primera en su historia.
Fue rechazada por casi todos los grupos. Su contenido era sensiblemente más suave que el apoyado por el resto de formaciones parlamentarias. La iniciativa popular no introducía medidas obligatorias ni en materia administrativa ni en materia educativa. También retiraba cualquier mención a la situación de los transgénero menores de edad, elemento muy criticado por los representantes LGTB.
PSOE: ausencia total de menciones
Resulta llamativo que uno de los partidos más activos históricamente en la promoción y defensa de los derechos LGTBno incluya demasiadas menciones en su programa electoral. O siquiera una. Pese a que el PSOE cuenta con un epígrafe titulado "La España de los nuevos derechos y libertades", no hay medida alguna que haga referencia explícita al colectivo LGTB o a la situación de las personas trans.
Esto no significa que el PSOE no ostente posición alguna sobre la materia. La formación se ha comprometido a apoyar la "Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género", comúnmente conocida como Ley Igualdad LGTBI y registrada por Unidos Podemos en el Congreso hace más de un año. También ha verbalizado su compromiso con la causa mediante Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior.
El pasado abril, la formación registraba en el Congreso la "Ley de igualdad de trato", entre cuyos objetivos se encontraba la lucha contra "la discriminación y los delitos de odio" contra el colectivo LGTB, en paralelo a las leyes contra los delitos de odio, la Ley LGTBI aún por aprobar y la Ley de Transexualidad, también paralizada.
💙💗💙Las personas transexuales son las más desconocidas dentro del colectivo #LGTBI, sufriendo discriminación y desigualdad. Debemos eliminar los prejuicios y abrir las puertas a la #diversidad sexual y de género.
— PSOE (@PSOE) March 15, 2019
Contra la #transfobia y la exclusión social, #VisibilidadTrans. pic.twitter.com/F3sOcZqmdk
Nada de esto le ha eximido de polémicas. Representantes de diversas organizaciones LGTB han acusado al PSOE de hacer oídos sordos ante las demandas del colectivo; llegando a señalar conatos de "transfobia" durante las reuniones celebradas en el Congreso. En la Comunidad Valenciana, la formación ha impulsado, junto a Compromís y Podemos, una ley autonómica de Igualdad LGTBI. El gobierno, eso sí, ha arqueado una ceja sobre las competencias que se arroga.
Unidas Podemos: el apoyo más nítido
La coalición izquierdista es la más vocal en su apoyo a las personas LGTB. Su programa electoral incluye diversas medida que o bien afectan directamente al colectivo o bien lo incluyen de forma explícita. Una de las más importantes: Unidas Podemos plantea "protocolos obligatorios contra las violencias machistas y la LGTBIfobia", estableciendo procedimientos "en los centros de trabajo de más de 50 trabajadores".
Igual de importante es su reconocimiento de "la diversidad familiar", cuestión nuclear para el colectivo. La formación plantea una "protección real de las distintas realidades familiares elegidas con libertad, con medidas de apoyo a la adopción a familias LGTB, reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas y protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estables sin ser pareja".
Dicho de otro modo: Unidas Podemos quiere institucionalizar y normalizar la existencia de parejas no-normativas que, a día de hoy, siguen encontrado obstáculos administrativos. Tales ideas encajan a la perfección con los principios ideológicos de la coalición. Y es algo sobre lo que ya han batallado: tanto la Ley Igualdad LGTBI como la Ley de Transexualidad fueron registradas por la formación.
El programa incluye una mención específica a los derechos de las personas transgénero. La coalición propone "una ley integral sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género". UP plantea en paralelo medidas que faciliten su inserción en el mercado laboral, un "acompañamiento sanitario bajo criterios no patologizantes" y la inclusión de sus necesidades en el Sistema Nacional de Salud.
Ciudadanos: apoyo circunstancial
Pese a aquellas célebres declaraciones de Albert Rivera sobre el matrimonio homosexual, Ciudadanos ha adoptado un discurso pro-LGTB durante los últimos años. La formación ha desfilado en el Orgullo de Madrid y ha mostrado su nítido compromiso con la "igualdad" de todos los españoles, cualquiera que sea su elección de género u orientación sexual. En este sentido, su desmarque con el PP es muy claro.
Sus posiciones en materia legislativa son más difíciles de catalogar. En su batería de "soluciones para cambiar España a mejor", Ciudadanos hacía mención explícita a una "nueva Ley Integral de Identidad y Expresión de Género y de Protección contra toda Discriminación por Diversidad Sexual y de Género". Su objetivo, ante todo, era dispensar "protección efectiva a las víctimas de odio o trastos vejatorios".
La libertad de todos para amar o formar una familia debería ser un derecho en cualquier sociedad moderna. Vive y deja vivir. Feliz #Orgullo2018. 😉 🏳🌈 #Pride2018 pic.twitter.com/dWsi5qqynJ
— Albert Rivera (@Albert_Rivera) June 28, 2018
Ciudadanos también ha planteado reformar la Ley 3/2007 "eliminando el límite de edad del artículo 1", facilitando así la modificación del sexo a los menores de edad en el registro censal y "suprimiendo la obligatoriedad del Artículo 4", por el cual se exigen tratamientos médicos para acceder al procedimiento. Ciudadanos ha apoyado el trámite de leyes similares tanto en el Congreso de los Diputados como en las comunidades.
Ahora bien, Ciudadanos también ha planteado trabas a la propuesta socialista de crear "una figura independiente que pueda investigar de oficio situaciones de discriminación", remitiéndose al Defensor del Pueblo; y ha ralentizado la aprobación de una legislación propia en Cantabria. En general, el partido ha tendido a apoyar las iniciativas, aunque algunas hayan quedado en el limbo ante la convocatoria electoral.