Se adivinaban semanas convulsas en Cataluña antes de la celebración del referéndum programado para el 1 de octubre, y convulsas están siendo. Especialmente la jornada de hoy, calificada a esta temprana hora de la tarde por muchos como "histórica" en base a un puñado de acontecimientos que pueden cambiar parcial o totalmente el panorama político en la región.
A la lucha de legitimidades escenificada por el gobierno autonómico y por el gobierno central durante los últimos meses hay que sumar, hoy, la lucha judicial iniciada desde que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional el refrendo convocado por el Govern. Anclado en la ilegalidad, el gobierno ha activado los mecanismos de la justicia. Dicho de otro modo: está poniendo todos los medios para que no se celebre.
El resultado ha sido un escenario conflictivo, con la Guardia Civil ejerciendo de mensajero, los Mossos D'Escuadra de apoyo necesario y miles de personas manifestándose en las calles en plenas operaciones policiales, con momentos de enfrentamiento y tensión. Un espacio de caos, propiciado por ambas administraciones en el que el choque es total y las consecuencias imprevisibles. De modo que pongamos orden en los hechos de hoy.
1. La intervención oficial de las cuentas catalanas
Lo había advertido el ministro Montoro y ha sucedido hoy: el BOE ha publicado la intervención oficial por parte del Estado de las cuentas de la Generalitat, limando de facto la autonomía de Cataluña.
¿Implica esto una suspensión de los órganos autonómicos? No. De facto, el gobierno se ha puesto al frente de las cuentas. Esto es, será él el que arregle los pagos con los acreedores y el que supervise las finanzas de Cataluña, apartando en las funciones al consejero del ramo catalán. El gobierno se ha cuidado de aplicar el artículo 155 de la CE, por el que podría suspender de forma legal la autonomía de la región.
¿Por qué lo ha hecho? Porque su sospecha es que la Generalitat ha utilizado fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre. Dado que tal acción incurriría en una ilegalidad ya decretada por el Tribunal Constitucional, el Gobierno ha considerdo que es su misión, en aras de proteger el orden jurídico vigente, controlar en qué se gasta y en qué no se gasta el dinero el Govern.
A nivel político las consecuencias son claras: la Generalitat está intervenida de facto y no es libre de gestionar su economía, una línea roja que no por esperable deja de ser histórica. Nunca antes, pese a existir este mecanismo desde hace décadas, se había activado una medida tan radical. Para Montoro, es una forma de colocarse frente al Govern y explicitar que el gobierno central, esta vez, no va a permitir desobediencia alguna.
2. La detención de altos cargos de la Generalitat y el registro de sus sedes
De forma paralela a la intervención de las cuentas de la Generalitat, el el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha ordenado a la Guardia Civil registrar las sedes de Economía y Hacienda, Exteriores, Gobernación y Trabajo y Asuntos Sociales del Govern. Además de los registros, se han efectuado quince detenciones. Entre ellos, el número dos de Oriol Junqueras, líder de ERC.
La noticia del registro y de las detenciones se ha propagado con rapidez, y a una temprana hora de la mañana ya había centenares de personas frente a la sede de Economía y Hacienda ataviados con banderas independentistas y protestando por las actuaciones policiales.
¿El motivo de la decisión del juzgado? Frenar la venta de datos censales obtenidos ilícitamente (en teoría) a una empresa privada, encargada posteriormente de realizar el recuento y el censo para el referéndum del 1 de octubre. De confirmarse los hechos, el delito sería grave, ya que la administración pública habría accedido a información privilegiada de millones de ciudadanos y los habría cedido a una empresa privada.
Desde el punto de vista político, las consecuencias son mayores: las detenciones y los registros, la imagen de la Guardia Civil tomando control de la situación, prueban que el gobierno central sólo plantea soluciones judiciales a un problema tanto judicial como político.
De forma paralela, el procedimiento del juzgado de instrucción 13 de Barcelona es algo sospechoso. Con anterioridad, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, encargado hasta la fecha de instruir la causa del 1-O, había rechazado tanto los registros como las detenciones. El juez Ramírez Sunyer ha activado una causa congelada en su juzgado desde antes del verano puenteando al TSJC, con la presumible presión del gobierno central (vía Fiscalía) detrás.
3. El registro fallido de la sede de la CUP
Quizá el episodio más extraño de la mañana. Un dispositivo de la Policía Nacional se ha presentado esta mañana frente a la sede de la CUP, el partido independentista catalán, con objeto de registrar la sedes. Automáticamente, diversos militantes han salido al exterior formando una cadena humana e impidiendo que el registro se llevara a cabo. Al cabo de los minutos, la concentración ha rebasado el cordón policial.
A esta hora se desconoce por qué la policía se ha presentado en la sede del partido, en el Eixamble. Al parecer, los agentes podrían haber buscado material publicitario del referéndum, como carteles o papeletas, cuya recogida y retirada fue decretada la semana pasada por orden judicial. Sin embargo, como ha explicado el exdiputado David Fernández tras hablar con los policías, no han mostrado orden judicial alguna.
El registro no se ha realizado y el dispositivo se ha marchado. Acto seguido, la CUP ha seguido acampada frente a su sede y ha comenzado a pinchar música.
4. La incautación de ¡10! millones de papeletas
En plena marabunta informativa, la Guardia Civil ha notificado esta mañana que se había incautado 10 millones de papeletas destinadas al referéndum del 1 de octubre. El Tribunal Constitucional, al prohibir la consulta, había permitido a los órganos judiciales perseguir cualquier tipo de difusión en medios públicos o impresión de material que habilitara el referéndum.
De ahí que una de las primeras imágenes mediáticas de la actuación policial en Cataluña tuviera como trasfondo una imprenta pequeña donde se había encargado la impresión de papeletas. Hoy, el operativo policial ha descubierto alrededor de 10 millones de papeletas (para un censo de alrededor de 5,5 y medio) en una nave de Bigues i Riells. De forma paralela, la policía ha requisado más de un millón de carteles y ha bloqueado varias páginas webs relacionadas con el 1-O.
Imagen | Emilio Morenatti/AP Photo
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