Cataluña afronta el 21 de diciembre su enésima encrucijada histórica en los últimos cinco años. Las elecciones, convocadas bajo el albur del artículo 155 de la constitución, tras la fallida e inconcreta declaración de la República Catalana y en un contexto de alta volatilidad política y social, son de un carácter excepcional como ningunas otras en la historia reciente de España. Lo cual genera desconfianza mutua.
Durante las últimas semanas se han difundido numerosos rumores sobre un pucherazo electoral. La sombra de la duda ha surgido fundamentalmente de círculos independentistas, aunque se ha trasladado poco a poco a círculos políticos unionistas. Tan es así que tanto la CUP, como Òmnium, como Assamblea Nacional van a desplegar vigilantes en los colegios electorales. El objetivo, comprobar que el recuento se realiza con normalidad.
La respuesta desde los partidos constitucionalistas ha sido sencilla y similiar: enviar apoderados de todas los rincones del país para estar presente en todos los colegios electorales. En esencia, lo que la CUP ha planteado ha sido la figura del apoderado, un simpatizante o miembro del partido que, con una tarjeta identificativa colgada al cuello, es testigo de la jornada electoral en un colegio concreto. Sirve como garante de que todo funciona con corrección.
El movimiento de PP, PSOE y C's, seleccionando a afiliados de diversos puntos de España, tiene como objeto cubrir la totalidad de Cataluña (no hay apoderados de todos los partidos en todos los colegios: en especial si la presencia electoral de la formación es nula en el municipio de turno). Y, en fin, como quiera que Cataluña se juega mucho, que las elecciones se convocan bajo el 155 y que el procés lo inunda todo de una épica melodramática, sobre el ambiente vuelve a flotar la idea de "pucherazo".
¿Pero es posible?
Los resultados los cuentan los propios votantes
Respuesta rápida: no. A falta de una ley electoral propia, Cataluña funciona con la española, cuyo funcionamiento y recuento es tan simple como efectivo: lo hacen los propios ciudadanos.
¿Qué significa esto? Que pese a la portada del diario Ara insinuando que la adjudicación del recuento le ha caído a Indra, empresa relacionada con la trama Gürtel del Partido Popular, el recuento real lo han realizado antes los miembros de los colegios electorales. Indra sólo se encarga de su gestión: es la depositaria última de la información enviada tanto por las mesas electorales como por los funcionarios públicos, y quien se encarga de difundir los datos de cara al público.
El carácter sospechoso de Indra es infundado. Como se explica aquí, la empresa se ha encargado de la gestión de los datos electorales en Cataluña desde mediados de los noventa. En todos los casos fue la Generalitat quien adjudicó el contrato. Esto incluye las elecciones de 2015 planteadas como un plebiscito constituyente por las fuerzas independentistas, claramente alineadas ya con las tesis rupturistas y de desconexión del estado. De aquellas elecciones surgió el gobierno Puigdemont.
Por lo demás, el procedimiento es simple. A las 20.00 se cierran todos los colegios electorales. A partir de este momento, todos los miembros de la mesa participan en el recuento. Este proceso es abierto al público: cualquier ciudadano puede permanecer si lo desea en su colegio electoral y ser testigo del conteo. También es abierto a los apoderados de cada partido. Una vez finalizado el recuento, se firma el acta (a lápiz) y se envía al juzgado pertinente para que custodie los resultados hasta varios meses después de las elecciones. Los resultados se proclaman en el momento.
En cada colegio hay un representante de la administración que ejerce de enlace entre la mesa y el Centro de Recogida de Información (CRI), que se encarga de cotejar los datos con el censo (para verificar que no hay irregularidades) y de enviarlos al Centro Nacional de Difusión para volcarlos en una web de acceso público. En algunos casos, especialmente si el representante tiene un dispositivo electrónico ad hoc, los datos se encían directamente al Centro Nacional de Difusión.
Este fue el procedimiento utilizado en las últimas elecciones generales, las de 2016, también teñidas de forma infundada por una inmediata conspiración viral (que tuvo poco recorrido). Cuando los datos llegan a Indra, tanto ciudadanos como administración y partidos ya han contado los votos.
Y si hay alguna duda sobre la validez de los resultados, las actas electorales hacen el resto. De forma general, los apoderados acceden a ellas tras ser firmadas por la mesa, copian los datos y los envían a las oficinas centrales de los partidos. Las formaciones sólo tienen que cotejar la información recogida por sus propios miembros y simpatizantes sobre el terreno y los resultados publicados por Indra. En caso de disputa, siempre hay una copia del acta en el juzgado de turno. Es decir, el pucherazo se podría desmontar en cuestión de días u horas.
La clave del éxito es el alto número de ojos mirando el recuento. Para que un colegio electoral se inventara los resultados en favor de una u otra opción se requeriría el pleno acuerdo de la mesa, la ausencia de testigos o su aquiescencia con el proceso, el sí del representante de la administración y la connivencia de los apoderados. Es decir, el trampeo es inviable porque requiere del improbable acuerdo de mucha gente con opiniones políticas (y cosmovisiones morales) muy dispares.
Sí, te puede llegar una tarjeta electoral que no es la tuya
Improbable, claro, porque los miembros de las mesas electorales se eligen aleatoriamente. Esta ha sido una de las cuestiones más candentes durante los últimos días. Diversos usuarios de Twitter han compartido imágenes de las tarjetas censales que han llegado a sus casas. Tales tarjetas aparecían con los nombres y de personas muy ancianas o que ya no residían en el domicilio. Para muchos, esta era una prueba de cómo el Estado estaba manipulando el censo para asegurar unos resultados favorables al unionismo.
Lo cierto es que los errores en el censo son relativamente comunes. Parte del bulo surgía de la cuenta de @Ofpina, a cuya casa habían llegado tarjetas erróneas. A las pocas horas, la propia protagonista contaba que el depositario legítimo de la tarjeta censal, tras enterarse de la polémica por Twitter, se había puesto en contacto con ella para recuperar sus tarjetas. Resulta que había cambiado de domicilio pero que no había actualizado el padrón municipal, generando la confusión.
Es habitual que muchos electores se muden y que el censo y el padrón municipal no registren el cambio. Es menos frecuente, pero no imposible, que una persona fallecida aún aparezca en el registro censal. En cualquiera de los casos, las tarjetas censales sólo tienen un valor informativo: no recibir una tarjeta con los valores correctos no significa que no puedas votar en las elecciones. En caso de error, lo mejor es ponerse en contacto con el ayuntamiento de tu municipio para subsanarlo y aclararlo. Dicho de otro modo: las tarjetas censales erróneas no son sinónimo de fraude.
Centrar el posible pucherazo en la manipulación del padrón tiene sentido desde un punto de vista meramente comunicativo: el falseo electoral es tan improbable que sembrar dudas sobre el censo es más efectivo. Sin embargo, y al contrario de lo que sí sucedió en el referéndum del 1 de octubre, nada indica que un señor de Chiclana pueda votar en un colegio electoral de Arenys de Mar, como se sugiere desde algunos foros independentistas.
En última instancia, el fraude por vía del censo requiere del mismo ejercicio de manipulación masiva que el pucherazo electoral. A una voluntad total por parte del Ejecutivo habría que sumar la colaboración de sus funcionarios y la aceptación activa o pasiva de los ayuntamientos implicados, los encargados de gestionar sus respectivos padrones. Pese a la intervención de la Generalitat, merece la pena recordar que el Partido Popular no ha controlado jamás el Govern y que sólo ostenta una alcaldía en Cataluña.
Como todas las conspiraciones, el supuesto fraude implica que miles de personas se pongan de acuerdo al mismo tiempo para realizarla, que nadie más se entere, que nadie se vaya de la lengua o que las pruebas sean insuficientes para desmontar la manipulación. Tanto en el caso de Indra como en el del censo, así como en el de las posibles irregularidades en el recuento, tal perspectiva es imposible. Pese al complejo contexto político, plantear dudas sobre un recuento diseñado a prueba de bombas (porque lo realizan sus propios votantes) es peligroso.
De modo que no, las elecciones catalanas no estarán amañadas. Cuestión distinta es que su carácter crucial haya provocado que, para algunos sectores y partidos, sea útil plantear dudas ilegítimas sobre su funcionamiento. O que sirvan para deshacer el entuerto catalán. Pero esa es otra historia, y tiene poco que ver con un pucherazo improbable.
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