El precio de la luz se ha colocado en el centro del debate político y mediático durante las últimas semanas. Su progresiva escalada ha tenido un impacto directo en el bolsillo del español medio y en las prioridades discursivas de todas las formaciones parlamentarias. No hay otro problema más urgente en este momento. Pero aunque así sea, las soluciones son complejas. En gran medida porque no dependen directamente de España.
La dependencia. Un dato para entenderlo: España sigue dependiendo del exterior a un 75% para su consumo de energía. Quiere decir esto que apenas un cuarto, un tercio en las previsiones más optimistas, de nuestra demanda energética se ve satisfecha con la producción nacional. El porcentaje ha caído durante los últimos años pero se ha mantenido estable a lo largo de la última década: alcanzó un pico del 81% en 2008 y cayó al 70% en 2013, pero siempre se ha mantenido en esa horquilla.
La comparación. Como se apunta en este informe de Eurostat, esto es algo relativamente excepcional dentro de la Unión Europea. España es uno de los siete países con mayor dependencia energética del exterior, sólo superado por Letonia, Bélgica, Italia y las excepciones (por dimensiones y aislamiento geográfico) de Chipre, Luxemburgo y Malta. La media comunitaria se ubica en el 60%, quince puntos por debajo. España tiene un margen de maniobra menor a la hora de diseñar sus políticas energéticas.
Yendo al precio. El problema ha sido discutido por expertos e instituciones de distinto calibre desde hace años. En la práctica, nuestra dependencia se traduce en una enorme vulnerabilidad económica. Si tomamos como referencia 2018, por ejemplo, España invierte unos 45.000 millones de euros anuales en comprar energía al exterior. El famoso "déficit energético" se compone de distintas variables, entre ellas el petróleo y el gas natural, este último crítico en la escalada del precio de la luz este verano.
Atendiendo únicamente al sistema tarifario (generación de electricidad), España declaró un déficit (ingresos - gastos) de unos 1.700 millones de euros a finales de 2020, en un año marcado por la caída de la demanda.
No va a mejorar. Lo cuenta este artículo de El Confidencial: sólo durante el mes de julio la balanza energética de España registró un saldo negativo de 2.000 millones de euros. Es el peor dato en los últimos tres años y un aumento del 22% respecto al inicio del verano. Las claves, las consabidas: el precio del petróleo ha subido un 72% respecto al año pasado (recordemos: un año marcado por su caída drástica) y el del gas natural un 47%. Nuestro déficit es hoy un 12% más alto que en 2019, último año pre-pandemia, pese a que el PIB (la producción) es un 6% menor.
Soluciones. No hay muchas y no son sencillas. La más directa pasa por las renovables. Por aquí sí llegan buenas noticias: el 43% de la energía consumida en España a lo largo de 2020 provino de fuentes renovables. Un repunte respecto a los años previos, cuando rondaba el 20%. Si nos fijamos en los países más autosuficientes (Noruega, Suecia) o en los que más margen de maniobra tienen (Francia, Alemania), la respuesta es sencilla: tirar de producción nacional. Pero sin tanta hidroeléctrica, nuclear o carbón, España sólo puede fiarse a sus renovables.
Y es un proceso lento.
Imagen: Commons
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